Si el próximo 19 de agosto —fecha en la que cumplirá los tres meses de suspensión— a Manuel Vicente Duque Vásquez no le resuelven su situación disciplinaria o se la prolongan tres meses más, inexorablemente debería renunciar para precipitar lo más pronto posible unas nuevas elecciones y liberar a la ciudad de una fatal interinidad que, a todas luces, afectaría a los grandes proyectos y a la ciudadanía en general. Si los que quieren gobernar a Cartagena valiéndose de la interinidad en víspera de un año electoral, deberían ir a la urna y no usar el bolígrafo del Presidente o del Procurador para tener alcalde.
La defensa de Manuel Vicente Duque —como lo he dicho en estos análisis— no solo debe centrarse en el proceso ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) sino llevar su acción ante el Consejo de Estado y pedir una medida provisional si siente que Ministerio Público le lesiona sus derechos en la decisión de fondo que debería tomar.
Tenemos un precedente cuando el procurador anterior, Alejandro Ordoñez, suspendió provisionalmente a Gustavo Petro, Alcalde de Bogotá, quien debió recurrir a una medida provisional del Consejo de Estado para regresar a su cargo, luego que todas sus tutelas fueron tumbadas en segunda instancia. Contó también con el apoyo de una medida provisional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el presidente Santos no quiso cumplir. Cosa diferente lo que sucedió con Samuel Moreno Rojas, también alcalde de Bogotá. Ordoñez lo suspendió provisionalmente por tres meses, y luego por tres meses más, hasta que tomó la decisión de sancionarlo definitivamente. En ese interregno, la alcaldía de Samuel Moreno se debilitó, y no tuvo fuerzas para regresar. Recibió una sanción disciplinaria, y luego la Fiscalía le inició un proceso penal que lo llevó a la cárcel por el denominado “Carrusel de la contratación”,donde cayeron también varios concejales.
La fecha posterior al 19 de agosto de 2017 es clave, ya que se vence el plazo de los tres meses de suspensión, pero el procurador delegado Giancarlo Marcenaro Jiménez tiene una de las siguientes opciones: o le prorroga la suspensión con tres meses más o decide suspenderlo. Si le prorroga la suspensión provisional, el poder de Manolo Duque se debilitaría más y las posibilidades de regresar se esfumarían. Si, por el contrario, el procurador delegado decide de fondo, Manolo podría ser suspendido por 12 meses. Pero si halla dolo en su conducta, lo inhabilitarían por 12 años. Todo depende de la calificación de la falta, si es grave o gravísima. Dependiendo de esa calificación, la Procuraduría le dosifica la pena disciplinaria en concordancia con el artículo 18 de la Ley 734 de 2002 que establece como principio rector el de “proporcionalidad” y por virtud del cual, la sanción deba corresponder a la gravedad de la falta cometida y que en la graduación de esta deben aplicarse los criterios de Ley.
Ahora, si lo hallan disciplinariamente responsable, Manolo Duque deberá esperar la decisión de segunda instancia que está en manos del propio Procurador, Fernando Carrillo Flórez, quien es un animal político. Y como estamos en víspera de un año electoral, las casas políticas se disputarían la alcaldía de Cartagena haciendo lobby ante el Presidente Juan Manuel Santos o el Procurador Carrillo, y no hacer esfuerzos en nuevas elecciones distritales con el fin de dedicarse el próximo año a reelegirse en sus curules del congreso.
Por eso, Manolo Duque debe pensarlo muy bien: o prepararse para que su movimiento Primero la Gente dispute unas eventuales elecciones atípicas, o hacer un intenso lobby ante el Procurador Carrillo para que lo exoneren de cualquier sanción. Pero inexorablemente debe hablar con el Presidente Santos para llegar a un acuerdo político sobre el futuro inmediato de Cartagena. Como ciudadano preferiría un acuerdo directo Manolo-Santos que varias hienas hambrientas detrás de la carroña presupuestal.
Por Lucio Torres
