Lo dije en mayo del año pasado en mi columna ‘La JEP: Un tribunal para las Farc’, y lo reitero ahora. El caso de alias Santrich le está dejando claro al país que la JEP no tiene, ni tendrá nunca, el peso ético para llevar a cabo gestiones de justicia de ninguna envergadura: hacen gala de un descaro vergonzante.
Sobre todo porque hoy se atribuye facultades que jamás debió tener, a la hora de decidir si se atiende o no la petición de extradición del narcoguerrillero a los Estados Unidos, algo que solo debería corresponderle a la Corte Suprema de Justicia.
Hay que recordar que la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyos miembros fueron escogidos por un comité sesgado que terminó beneficiando a las Farc y así jugarle sucio a los colombianos que votamos ‘NO’ en el plebiscito y que triunfamos en esa elección, no tiene hoy una ley estatutaria que determine claramente lo que puede o no puede hacer.
Durante los debates en Comisiones Primeras conjuntas de Cámara y Senado, a pesar de haber logrado enmarcar algunas de sus funciones, quedó un manto de duda sobre el artículo 74 que denominé “artículo Santrich”, que el Gobierno Santos -con el ministro Rivera a la cabeza- introdujo en alianza con las Farc y que fue motivo de disputa; y es el hecho de que la JEP y sus magistrados, pudieran conocer de los procesos de extradición de manera preferente antes que la Corte Suprema y por ende, pedir pruebas.
Por eso señalamos que desde el primer día, este esperpento de sistema alterno de justicia busca realmente darle impunidad a Santrich, pasando por encima de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. A la JEP lo único que le correspondía en este caso, era determinar si la comisión del delito había sido posterior al límite establecido de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.
¿Quién duda que el delito se cometió después de firmado el acuerdo? Los narcotraficantes de las Farc, disfrazados de revolucionarios, estaban negociando con el Cartel de Sinaloa y el “capo de capos”, Rafa Caro Quintero, la venta de 10 toneladas de cocaína a cambio de 15 millones de dólares.
Lo que seguía en derecho, era darle trámite a su extradición hacia los Estados Unidos. Pero no, descaradamente se inventaron las marañas para dilatar este proceso, otorgándole a la JEP 120 días para “verificar” si las pruebas eran suficientes.
Las pruebas llegaron. El 26 de julio de 2018 fue remitida la totalidad del expediente a la JEP y aun así, pidieron más pruebas y gracias a la “torpeza” (¿o sabotaje?) de un envío de semejante solicitud oficial a través de un servicio de correo ordinario, más la ausencia absoluta de seguimiento por parte del Ministerio de Justicia, la JEP tiene la excusa perfecta para frenar la extradición del capo guerrillero y continuar favoreciendo criminales.
La justicia que pide a gritos todo Colombia frente al actuar sin vergüenza del narcoguerrillero Jesús Santrich, estaba en manos de la ministra de Justicia, Gloria Borrero, quien hasta ahora no ha podido dar una explicación satisfactoria de por qué no se le hizo la debida trazabilidad a la carta enviada a los Estados Unidos y conocer el motivo por el cual nunca llegó a su destino.
“Camaradas, no me dejen llevar” fue lo que pidió a gritos Santrich el día de su captura y tal parece que las palabras del exjefe guerrillero fueron más bien una orden.
Es obvio que el envío del sobre solicitando las pruebas contra Santrich por una vía ordinaria, es un sabotaje y la Procuraduría General de la Nación debería investigar esta conducta y, si es el caso, denunciar estos hechos ante la Fiscalía. Definitivamente ¡nos vieron la cara!
