La razón fundamental por la que los países deciden suscribir tratados de libre comercio es para reducir las barreras comerciales, ingresar a nuevos mercados con condiciones competitivas óptimas y crear el ambiente propicio para fomentar la industria de sus nacionales. En principio, esto se logra con la eliminación de aranceles y trabas comerciales, luego, es menester legislar en ese sentido, con el fin de que exista concordancia entre lo estipulado en los acuerdos y la mecánica de las instituciones. Pero la teoría a veces es alejada de la realidad. Reglas locales nos alejan de estándares que pide la Ocde y riñen con TLC firmados.
Cuando se eliminan impuestos pero se mantienen regulaciones asimétricas, se genera incertidumbre. En el caso de empresas importadoras de ciertos tipos de productos, además del aumento en la tasa de cambio, hay una realidad ‘para-arancelaria’, es decir otro tipo de costos asociados indirectamente a productos que ingresan al país. Por ejemplo un importador de alimentos y bebidas, debe ahora enfrentar la necesidad de inscribir las plantas de procesamiento de todos los fabricantes y proveedores que deseen comercializar sus productos en el territorio nacional. El trámite incluye una visita a la planta, que puede bien ocurrir a la semana de haber sido solicitada o a los tantos meses. El interesado queda sujeto a la disponibilidad de la entidad, y el mismo Estado adiciona cargas innecesarias al ejercicio. No me quiero imaginar cómo se ponen de acuerdo en temas logísticos ni cuánto valen las visitas internacionales, con los correspondientes viáticos de funcionarios que llegan a inspeccionar plantas de producción en diferentes continentes. El año pasado se publicó el decreto que modificó las reglas del juego para importadores, y aunque podría ser que la intención sea razonable, un importante grupo de importadores sienten que perderán competitividad por efectos de la misma. (Ver Invima 1)
Crear o renovar un registro sanitario de alimentos vale aproximadamente $4 millones. Posteriormente, al hacer modificaciones al registro, para incluir nuevos importadores, nuevas variedades, ingreso de nuevas presentaciones, se hace un cobro adicional que varía de acuerdo al trámite. Los sobrecostos pueden subir hasta diez veces más dependiendo del número de plantas y países que se deban certificar. Ocurre a menudo que al modificar registros, Invima por error interno saca o incluye información equivocada. Si el importador se da cuenta, solicita por escrito enmendar el error. Pero si el importador no se da cuenta, después de un tiempo aparece un cobro por enmendar el error que ellos mismos tuvieron. Lo peor, las correcciones tienen un tiempo mayor de respuesta a las modificaciones.
Es frecuente encontrar la negativa de un registro de importación de un producto. En algunas ocasiones, el Invima por error, ha cambiado el titular del Registro y luego no se notifica a la empresa. Las compañías deben correr la fecha de embarque con todas las consecuencias comerciales que esto implica. El tiempo normal para una modificación de registro es de 4 semanas hábiles; pero a veces toma hasta 2 meses para que se oficialice la modificación. Peor aún si el trámite es cerca de la vacaciones colectivas ya que se van todos los funcionarios aproximadamente 1 mes. En este tiempo no se puede pedir nada porque cierran totalmente la entidad. Adicional a estas irregularidades, los importadores se quejan de la poca posibilidad que tienen de hacer un reclamo. Históricamente sienten que cualquier cuestionamiento podría generar represalias por parte de algunos mandos medios, por lo general con acciones dilatorias y enredos en trámites. Otro ejemplo de cómo se está golpeando la industria de importadores, que por el contrario necesitarían mas ayudas para salir adelante ante esta realidad cambiaria que vivimos. A veces se pierde la iniciativa que promulgó el Estado con la Ley Antitrámites.
