“Alimentos Para Aprender”, la estrategia del Gobierno para proteger la alimentación escolar

Foto: MinEducación

 
Eduardo Padilla Hernández

Abogado.  Presidente Asored Nacional de Veedurías.

El pasado 21 de febrero de 2020, en la ciudad de Cartagena en el marco de la cumbre de Gobernadores, el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República y la Ministra de Educación, dieron a conocer la estrategia “ALIMENTOS PARA APRENDER”, bajo la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, entidad que está adscrita al Ministerio de Educación Nacional, según el Decreto 218 del 14 de febrero de 2020.

La apuesta del Gobierno no es fácil, pues como se ha hecho evidente, los largos brazos de la corrupción no han respetado ni siquiera esta temática, que pone en riesgo a la población más vulnerable de nuestra sociedad, ya que los mas 7 millones de estudiantes que se espera incluir al año 2022, deben ser atendidos con los más altos estándares de calidad.

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Y es que el presupuesto que se maneja para cubrir las necesidades de alimentación alcanza el billón de pesos del Presupuesto General de la Nación, más otro tanto que aportan los entes territorial, aunados a los más de 300 mil millones de pesos que provienen de las Compensaciones y el Sistema General de Participaciones, con lo que se habla que para atender la alimentación escolar, el país cuenta con 2.5 billones de pesos, más que suficiente para que nuestra población infantil cuente con los mejores servicios en cuanto al suministro de sus necesidades básicas de alimentos.

Los 21 artículos que contiene el Decreto 218 del 14 de febrero de 2020, diseñan una estructura dotada de funciones para coordinar, asistir, hacer seguimiento, consolidar y analizar información, entre otras, de manera tal que se centralice un control eficiente sobre la inversión efectiva de los recursos que se van a destinar a la alimentación escolar.

La Unidad contará con un Consejo Directivo que se conformará con la participación de las autoridades de más alto nivel en la materia:
1. Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media.
3. Un representante del Presidente de la República.
4. El Director de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente o su delegado.
5. El Ministro de Salud o su delegado.
6. Un representante de los Secretarios de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación.
7. El Ministro de Agricultura o su delegado.

Ahora bien, ya tenemos una amplia experiencia en nuestro país con estos entes que tienen su direccionamiento desde un órgano colegiado. Debe tenerse claro que el decreto ordena que en el Consejo Directivo se sienten y actúen los Ministros de Educación (no admite un delegado) y el Ministro de Salud y Agricultura (o sus delegados), por lo que ha revestido de la más alta importancia a este órgano que direccionará el accionar de la entidad que debe liderar y por supuesto proteger a nuestros menores.

Debemos tener la esperanza de que el bagaje de años y años de ver como nuestras normas visionan grandes estrategias, que al momento de volverse realidad se apartan del espíritu de la norma, en esta temática tan relevante para nuestro futuro como Nación, no se convierta en una oda a la burocracia con organizaciones llenas de profesionales con rimbombantes títulos que no tienen ni la menor idea de la realidad territorial, y que por lo mismo legislan desde sus cómodos escritorios en Bogotá, cuando en las regiones las problemáticas son tan complejas y disimiles.

No basta con la buena intensión del Gobierno Nacional, si realmente no hay un compromiso de crean país desde la región, con el profundo entendimiento de nuestro territorios y sus realidades, hay que llegar a cada población y colegio y ver como a nuestros hijos se les van a brindar los mejores alimentos en el marco de nuestras culturas.

Pero realmente el reto no solamente se puede centrar en el direccionamiento desde el centro del país, las regiones requieren de apoyo y vigilancia, y lo que preocupa con el Decreto es que estemos centralizando la corrupción, que los recursos que otrora se robaban en la región ahora sean apropiados desde el centro y que las garantías normativas se queden en letra muerta a mercede de estructuras delictivas organizadas a las que poco les importa si la consecuencia de la corrupción es la salud y el bienestar de los niños colombianos.

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