Así fue la histórica destitución de los 15 concejales y el Contralor de Valledupar


 

• El fallo de primera instancia fue proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Si la medida queda en firme, la capital del Cesar deberá volver a hacer elecciones para elegir a sus concejales, que sólo llevan 6 meses en el cargo,  y a su Contralor municipal.

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a  Víctor Julio Alvarado Bolaños, José Amiro Aramendiz Sierra, Jaime Eduardo Bornacelly Figueroa, Guido Andrés Castilla González, Dorismel Enrique Celedón Vega, Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez, José Rafael Gómez Solano, Wilber Antonio Hinojosa Borrego, Gabriel Muvdi Aranguena, Eudes Enrique Orozco Daza, Wilfrido Ortíz Arias, Alex Pana Zarate, Carlos Julián Picon Cortés, Luis Miguel Santrich Dial y Yesith Triana Amaya, en su condición de concejales municipales de Valledupar (Cesar), así como al Contralor municipal, Álvaro Luis Castilla Fragozo, con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos y de funciones públicas por el término de 13 años.

La decisión de la Procuraduría en el Cesar se convierte en histórica, pues en ningún departamento de Colombia se había destituido a tantos concejales (electos por la ciudadanía) activos y a un contralor en las mismas condiciones. Solo seis concejales se salvaron de la medida, pues ese organismo regional está conformado por 19 miembros elegidos por votación popular.

Momento de la posesión del Concejo de Valledupar en enero de 2016.

 

La medida se produjo por haber incurrido en falta disciplinaria al haber elegido a Castilla Fragozo como Contralor municipal de Valledupar, quien realizó aportes económicos a la campaña política del señor Augusto Daniel Ramírez Uhía para los comicios electorales del mes de octubre de 2015, desempeñó labores en el equipo de empalme del alcalde electo en la empresa de servicios públicos Acueducto y Alcantarillado de Valledupar (Emdupar) y adicionalmente, formó parte del Comité Inscriptor Grupo Significativo de Ciudadanos ”Avanzar es Posible”, del entonces candidato a la alcaldía de esa ciudad, Augusto Daniel Ramírez Uhía, conocido como “Tuto” Uhía, hoy mandatario electo de Valledupar para el periodo 2016 – 2019, entidad territorial donde se debe ejercer la función de vigilancia de la gestión fiscal que está bajo la responsabilidad de la Contraloría Municipal.

Quedó comprobado en esta instancia que el Contralor disciplinado se encontraba incurso en conflicto de intereses al verse comprometida la transparencia e imparcialidad del ejercicio de la función pública encomendada, debido a la estrecha cercanía y amistad existente con el Alcalde de Valledupar, la máxima autoridad en la administración de ese territorio.

El Ministerio Público advirtió, a través de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, que la amistad existente entre el Contralor reprochado y el alcalde de la capital del Cesar, configura un conflicto de intereses frente a la función que debe cumplir la Contraloría Municipal sobre la administración local (la Alcaldía). La Ley disciplinaria ordena a todo servidor público “el deber de abstenerse de actuar en asuntos donde se tenga un interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o su socio o socios de hecho o de derecho”.

De esta forma se consideró que al asumir el cargo de contralor municipal, Castilla Fragozo configuró la situación que implica la existencia de un interés particular sobre el interés general de la función fiscal. La falta disciplinaria se calificó como gravísima reprochada a título de dolo, de acuerdo al numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

El caso también podría ser interpretado como un acto de corrupción masiva por parte de los concejales y el Contralor, al cual el Ministerio Público le puso freno de inicio.

La Procuraduría aclara que el presente fallo disciplinario es susceptible de apelación por parte del Contralor y los concejales implicados, que sólo llevan 6 meses en el cargo. 

Pero si la decisión del Ministerio Público queda en firme, Valledupar deberá volver a hacer elecciones para escoger 13 nuevos concejales, y esos electos funcionarios públicos, tendrán que elegir a otro contralor municipal.

Golpe a dirigentes de la Costa

Además de este caso del Cesar, recientemente la justicia les ha dado duros golpes a algunos dirigentes políticos de la Costa Caribe.  Por ejemplo, se confirmó la anulación de la elección, en octubre del año pasado, de la controvertida Gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto. Ver nota AQUÍ. Ahora ese departamento deberá elegir otra gobernadora.

Oneida Pinto

 

Pero también el Tribunal Administrativo de Sucre anuló, en un fallo de única instancia, la elección del alcalde de Sampués, Víctor Hernández Montes, por incurrir en doble militancia.

Víctor Hernández

 

Según el Tribunal, Hernández Montes, quien ganó las pasadas elecciones de octubre de 2015, al obtener 11.214 votos, se inscribió por el Partido de La U, cuando aún hacia parte del Partido Liberal.

Aunque su abogado defensor argumentó que al inscribirse en 2011 al Partido de La U, automáticamente Hernández Montes quedaba desvinculado del Liberal, el Tribunal desestimó esa justificación y falló en su contra. Sampués también deberá elegir otro alcalde.

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