Los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) están en veremos. Mediante la Resolución 237 del 18 de Septiembre de 2018, el Presidente de Colombia, Iván Duque, retiró la designación realizada por el gobierno de Juan Manuel Santos de las ocho personas que integraban la mesa de diálogo con ese grupo guerrillero.
Los miembros de la mesa son: Gustavo Bell (jefe de la Mesa), Beatriz Rettberg, Socorro Ramírez, Freddy Padilla de León, Carlos Rojas, Alberto Fergusson, José Noé Ríos y Édgar Reyes.
La misma medida de Duque rige para el delegado del Gobierno, el congresista Roy Barreras, y para los integrantes de la Mesa Técnica para el diseño de un cese el fuego: los generales Álvaro Pico y Édgar Rodríguez; los coroneles Jhon Quintero y Vicente Sarmiento; el mayor Ómar Cruz y la capitán Isabel Ozuna.
La justificación del Presidente Duque es la siguiente: «No se encuentra activa la mesa de diálogo entre los representantes autorizados del Gobierno Nacional y representantes del Ejército de Liberación Nacional».
Aunque no hay una finalización formal de las negociaciones con el ELN, este se encuentra en el limbo, porque no hay ninguna persona autorizada por el Estado colombiano para ese fin.
Quedan las preguntas obvias:
¿Cuál fue el costo total para el Estado de este diálogo frustrado, primero en Ecuador, y luego en Cuba, con el ELN, un grupo ilegal que nunca ha dado muestras de dejar sus actos violentos? ¿Cuánto se ganaron los representantes del Gobierno santista con estas negociaciones?
Solo se puede decir que fueron miles de millones de pesos provenientes de los dineros de los impuestos que pagan todos los colombianos tirados a la basura.
