Destitución e inhabilidad de 10 años por «máquina tapahuecos»

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó, en un fallo de primera instancia, por 10 años para ejercer cargos públicos a la exdirectora de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV), María Gilma Gómez Sánchez, por las irregularidades que se presentaron en los contratos para adquirir la denominada “máquina tapahuecos”.

El Ministerio Público determinó que la entonces funcionaria, mano derecha del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego, celebró de manera directa dicho contrato (a dedo) omitiendo los principios de la contratación pública. Es decir, no se valoraron otras propuestas y tampoco se cumplió con la revisión de la experiencia de la empresa oferente beneficiada.

La firma del contrato se hizo mediante la modalidad de ciencia y tecnología pese a que no cumplía con todos los requisitos para esto. El organismo de control sostiene que era un contrato de obra y debía adelantarse con licitación pública.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, en esa misma negociación que realizó el Distrito, la directora general de la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y ordenadora del gasto, habría firmado directamente el citado contrato, sin verificar previamente la evaluación efectuada, pues al parecer el proponente no cumplió con la experiencia específica exigida.

En definitiva, se adjudicó el jugoso negocio a dedo y la publicitada «máquina tapahuecos» se volvió famosa en los medios de comunicación por sus constantes daños y porque, al parecer, el sistema como hace el reparcheo en las calles de la Capital de la República no es el de mejor calidad, porque los ciudadanos se quejan de que las vías reparadas al cabo de unos días están nuevamente dañadas.