La Corte Suprema podría tomar una decisión que marcaría un hito en la historia de la justicia de Colombia. Se conoció que el sentido del fallo en el proceso contra el polémico coronel del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega por los supuestos desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia podría ser absolutorio. Cinco magistrados votarán a favor y cuatro en contra el documento que consta de 243 páginas que se encuentra en el despacho del magistrado Luis Guillermo Salazar Otero.
Según Caracol Radio, que dio la primicia sobre el tema, a partir de la página 71 del expediente, la Corte Suprema de Justicia arranca su exposición argumentando que no existen motivos para desatender los argumentos de la Procuraduría General de la Nación y de la defensa del coronel Plazas Vega contra el fallo que lo condenó a 30 años y que lo mantiene recluido en el Cantón Norte del Ejército en Bogotá.
El aparte definitivo del documento, su parte resolutiva, publicado por Caracol Radio, establece en el numeral 1: “Casar el fallo de origen, naturaleza y contenidos indicados y en su lugar absolver al coronel Luis Alfonso Plazas Vega de los delitos por los cuales había sido condenado”.
El numeral 2 ordena: “disponer la libertad inmediata e incondicional del coronel […] en razón a la decisión adoptada. Para su cumplimiento, por la secretaría, se notificará al Tribunal Superior de Bogotá […]”, porque fue ese tribunal el que confirmó parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que condenó a Plazas Vega.
El proyecto de fallo reconoce que hubo desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, como la ya probada de Irma Franco pero asegura que no hay evidencias que relacionen a Plazas Vega con esos hechos. Sobre el caso de Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería del Palacio, que no hay pruebas de que haya salido vivo del Palacio, sostiene el documento difundido por Caracol Radio.
En caso de que se concrete la absolución de Plazas Vegas, falta esperar las reacciones legales de las ONG, colectivos de abogados e integrantes de los partidos de izquierda que buscan justicia en este caso y creen que sí hubo desaparecidos y que el oficial tiene responsabilidad en el tema.
