La empresa estadounidense en Colombia fue sancionada por la Superintendencia de Transporte con $451 millones por prestar un servicio que no está autorizado y sin los requisitos de la ley para el transporte público, por lo cual viola la libre y leal competencia. UBER dice que seguirá operando.
La Superintendencia de Puertos y Transporte, en ejercicio de sus funciones, mediante Resolución No. 07838 del 02 de marzo de 2016, confirmó la sanción de 700 SMLMV (equivalentes a $ 451’045.000) impuesta a la sociedad UBER COLOMBIA S.A.S.
La actuación administrativa se inició en noviembre de 2014, en contra de la sociedad UBER COLOMBIA S.A.S. para determinar si había facilitado, incentivado o provocado la infracción de lo dispuesto en las normas que regulan el servicio público de transporte terrestre automotor especial y el individual de pasajeros en vehículos tipo taxi.
En la investigación realizada por la autoridad de inspección, vigilancia y control del sector transporte, mediante la Resolución 18417 de 2015, expedida en primera instancia, se determinó que:
“(1) El servicio prestado por los socios y conductores adscritos a la plataforma de que se aprovecha UBER COLOMBIA S.A.S. es, efectivamente, no autorizado”.
“(2) UBER COLOMBIA S.A.S. facilita su prestación en esas condiciones irregulares, mediante la plataforma tecnológica de que se aprovecha, por tolerancia de acuerdo con las firmas extranjeras UBER TECHNOLOGIES INC y UBER B.V.”.
Las referidas circunstancias fueron ratificadas en la Resolución del pasado 2 de marzo que resolvió el recurso de apelación y con la cual se pone fin a la actuación. De acuerdo con la decisión de la Superintendencia, la sancionada facilitó la violación de normas, en la medida en que tal como quedó demostrado en la investigación, mediando la utilización de una herramienta tecnológica se prestan servicios sin la autorización y sin el cumplimiento de los requisitos solicitados por las normas de transporte.
La participación de UBER COLOMBIA S.A.S. se evidenció en la promoción, comercialización y en el beneficio que obtiene por sus labores en Colombia; a su vez, se concluyó que sin su actuación no se podría generar esta concreta afectación irregular en el mercado de transporte individual de pasajeros.
Superindustria investigará a Uber Colombia S.A.S.
Al considerar la Superintendencia de Puertos y Transporte que la conducta de UBER COLOMBIA S.A.S. (sociedad colombiana), UberCab Inc (sociedad estadounidense), Uber Technologies Inc (sociedad estadounidense) y Uber B.V. (sociedad holandesa) podría también implicar una violación a las normas de protección de la libre y leal competencia, presentó denuncia administrativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que dicha autoridad, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, investigue y adopte las decisiones a que hubiere lugar, con el fin de garantizar el respeto de las disposiciones legales vigentes.
La Superintendencia de Puertos y Transporte es la encargada de velar por la integración armónica y respetuosa de todos los elementos que componen el tránsito y el transporte público, con miras de obtener una prestación eficiente, segura, oportuna y económica del servicio público de transporte.
«Invitamos a toda la ciudadanía a transportarse en vehículos de servicio público habilitados por el Ministerio de Transporte; y continuaremos ejerciendo la función de vigilancia, inspección y control del servicio de transporte público para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente», aseguró dicha Superintendencia.
Seguiremos operando: Uber
Al conocer la noticia por los medios de comunicación nacionales, los directivos de la firma Uber en Colombia manifestaron que no han sido notificados de la multa de la Superintendencia y que seguirán operando en el país.
“Los miles de socios conductores y los cientos de miles de usuarios de la plataforma hemos sido perseguidos sin tregua por la única razón de ejercer derechos que están protegidos por la Constitución”, dijo Uber en un comunicado.
La firma estadounidense aseguró que cuando sean informados oficialmente de la sanción del Gobierno, analizarán el caso con sus expertos juristas e interpondrán los recursos legales que le brida la legislación nacional.
Este es el comunicado de la Superintendencia de Transporte:
