Gobierno venezolano marca, como los nazi, las casas de colombianos en frontera

panorama.com.ve / Fotos: Reuters

 

Las prácticas de los militares venezolanos con los colombianos en la frontera recueda el cruel accionar de los Nazi con los Judíos durante la Segunda Guerra. Los compatriotas son deportados de Venezuela sin sus pertenencias. La Defensoría del Pueblo los atiende en refugios temporales. Van más de 1.000 connacionales expulsados del vecino país.

El Gobierno de Venezuela, que lidera el presidente Nicolás Maduro, tomó medidas drásticas contra los colombianos que habitan en la frontera del lado de su nación.  El supusto detonante fue una emboscada que sufrieron tres militares y un civil venezolano el pasado miércoles 19 de agosto de 2015, por eso, ahora, con el argumento de que se están tomando medias de seguridad para evitar el terrorismo y el paramilitarismo procedente de Colombia, los militares chavistas supervisan casa por casa y marcan con una letra R las revisadas, o con una D, a los que van a ser deportados por no tener documentos para estar legalmente en el vecino país.

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Esta práctica es parecida a la que usaron las crueles unidades del nazismo en la Alemania de Adolf Hitler en las regiones ocupadas durante la segunda guerra mundial, para marcar las casas de los judíos, que luego fueron ejecutados a tiro de fusil o recluidos en los nefastos campos de concentración hasta morir de hambre y castigos.

Luego de deportar a los vecinos, sus hogarse son destruidos con maquinaria pesada, eso ha generado una crisis humanitaria en la zona de frontera en ciudades como San Antonio, en el estado venezolano del Táchira, o en Ureña,  en Norte de Santander en el lado de Colombia. Ordas de colombianos damnificados porque han perdido sus enseres con el derrumbe de sus casas, luego son embarcados en buses y puestos del otro lado de la frontera en la zona de Cúcuta, en nuestra patria.

 

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, acompañó al Gobierno de Colombia en una misión interinstitucional encabezada por la Canciller, María Ángela Holguín, y el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para verificar la situación de los colombianos deportados como resultado del estado de excepción declarado por la administración venezolana, medida que generó un serio problema social en la región, donde se habla de casos de vulneración a los derechos fundamentales de los connacionales.

Defensoria en Frontera
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora; la Canciller María Ángela Holguín, y el Mininterior Juan Fernando Cristo.

 

La Defensoría de Colombia gestionó albergue temporal para 180 compatriotas que cruzaron por una trocha aledaña al puente internacional Simón Bolívar, en la frontera, y que al no tener refugio solicitaron la intervención humanitaria de esta entidad estatal.

Vale la pena indicar, que según los registros oficiales son 598 las personas recién obligadas a abandonar sus sitios de residencia en barrios como Mi Pequeña Barinas, Antonio José de Sucre y Esequiel Zamora, al otro lado de la frontera, incluidos 42 niños, niñas y adolescentes. Otros 34 menores de edad habrían tenido que quedarse en Venezuela sin sus seres queridos, de acuerdo con las quejas expresadas por los deportados, cuya cifra sólo en el mes de agosto llegó a más de 1005.  No sólo en Cúcuta han arribado personas expulsadas de suelo venezolano, también en la región de la Guajira lo han hecho, allí se ha reportado el ingreso a Colombia de 44 compatriotas.

Defensoria en Frontera1
El Defensor Otálora supervisa los albergues para los colombianos

 

La Defensoría recibió 40 declaraciones formales de colombianos que advirtieron malos tratos, atropellos y amenazas de la Guardia Venezolana, situación que fue recogida por las autoridades diplomáticas para exigir el respeto a los derechos de los colombianos.

Un equipo de alto nivel de la Defensoría del Pueblo encabezado por el Delegado para los Derechos de la Población Desplazada y el Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas, hizo presencia en la zona limítrofe para fortalecer las tareas humanitarias y dar alcance a las quejas presentadas por quienes han sido objeto de este éxodo forzado, que además de fracturar varios hogares, ha generado serios perjuicios para la manutención de las familias y para el comercio binacional.

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