Una bien organizada red delictiva, de la que hacían parte abogados y servidores públicos, se robó más de 35 mil millones de pesos de la Nación mediante el cobro irregular de pensiones de docentes del departamento de Cundinamarca.
El entramado delincuencial fue descubierto por la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), una entidad estatal adscrita al Ministerio de Hacienda, un poco desconocida, que nació en el 2012, pero que tiene poderes sancionatorios para combatir la corrupción, según la leyes colombianas.
A través de un fallo de primera instancia, la ITRC destituyó e inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos, por irregularidades en el ejercicio de su cargo, a Amira Del Rocio
Quiza Lozada, quien se desempeñó como profesional especializado en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), otra entidad estatal poco mencionada, pero que maneja jugosos recursos económicos en el tema de las pensiones.
La señora Quiza Lozada, quien laboraba en la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales de la Dirección de Pensiones de la UGPP, al parecer, era la cabeza de la banda desfalcadora y la causa disciplinaria contra ella tuvo su origen en el oficio de 16 de mayo de 2017 en la cual misma Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales puso sus actuaciones en conocimiento de la Agencia ITRC.
Según la denuncia, un grupo de abogados particulares defraudaron el sistema pensional contando con la complicidad de personas de varias entidades entre ellas la UGPP, así lo constató la Fiscalía 38 Especializada contra la Corrupción.
Los hechos ocurrieron durante los años 2010 a 2014, cuando los citados abogados involucrados en este fraude, representaron a alrededor de 1.617 docentes de Cundinamarca, quienes solicitaron ante la UGPP la reliquidación de la pensión gracia para estos profesores, sobre la base de certificaciones falsas, en las cuales se incluía un sobresueldo del 20% como factor salarial, conforme a la Ordenanza 13 del año 1947, pretensión que fue concedida por dicha entidad para 1.099 maestros pensionados. Ese pago irregular representó un desfalco para el Estado en $35.535.154.002.
La investigación de la ITRC permitió establecer que Quiza Lozada tuvo una gran participación dentro de la organización delictiva, mediante el monitoreo y agilización del trámite de las solicitudes pensionales radicadas por los cuestionados abogados, a cambio de una remuneración económica o coima por cada resolución que saliera favorable.
La citada Agencia consideró que Quiza Lozada incurrió en la falta disciplinaria gravísima contenida en el Numeral 1° del artículo 48 con remisión a los artículos 406 y 428 del Código Penal, que hacen referencia a cohecho impropio y abuso de la función pública.
Contra la decisión de primera instancia de la ITRC se interpuso recurso de apelación que será resuelto por la misma Dirección General de la entidad estatal.
La ITRC tiene unos 130 servidores públicos, dos Subdirecciones: una Preventiva contra el delito y otra Sancionatoria, para los funcionarios que comentan faltas disciplinarias. Su función es vigilar las actuaciones de la misma DIAN, la UGPP y Coljuegos, unas de las entidades gubernamentales que más recaudan dinero en el país.
Esta discreta, pero eficiente Agencia está lista para combatir la corrupción y dará mucho de qué hablar en esta materia.
