Los cartageneros rechazan la arremetida contra Quinto Guerra

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La cuidadanía no entiende porqué la Procuraduría insiste en inhabilitar al candidato más querido por el pueblo, cuando el Consejo Nacional Electoral en pleno, la máxima autoridad del caso, lo habilitó para participar en las próximas elecciones. Las pruebas lo exhoneraron.

La Alcaldía de Cartagena ha sufrido en los últimos años grandes escándalos politicos que han sido comentados en toda Colombia, por eso la ciudadanía de la Heróica ya le puso el ojo a un político carismático y sin investigaciones de corrupción para acabar con esas polémicas. El hombre que, al parecer, tiene el guiño del pueblo es el conservador Quinto Guerra, un modesto, pero preparado representante de la región.

Sin embargo, los enemigos de Guerra con el fin de frenarlo, utilizaron para sus fines a la respetada y temida Procuraduría General de la Nación que le solicitó, el pasado 19 de abril de 2018, formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) que revocara la candidatura a la Alcaldía de Cartagena de Antonio Quinto Guerra Varela porque, según sus argumentos, «está inhabilitado para ocupar el cargo». Las elecciones atípicas para designar un nuevo mandatario de la Ciudad Amurallada serán este 6 de mayo de 2018.

“El mencionado ciudadano está inhabilitado para ocupar el cargo de Alcalde de Cartagena, al haber mantenido, dentro del año anterior al día de elecciones, varias vinculaciones de tipo contractual con entidades públicas, cuyos objetos se ejecutaron dentro del territorio del Distrito de Cartagena”, dijo textualmente el Ministerio Público. Mire AQUÍ los argumentos de la Procuraduria ante el CNE.

De acuerdo con la Procuraduría, Guerra celebró con el departamento de Bolívar el Contrato de Prestación de Servicios 591 de 2017. Y con el Ministerio de Vivienda celebró el contrato 329 de 2016, sobre el cual se alega una prórroga hasta el 2017.

No obstante, el mismo Minvivienda certificó que no hubo prorroga en dicho contrato 329, porque no se modificó el objeto contractual:

El 27 de abril, el Consejo Electoral, con una votación de seis a dos, mantuvo la inscripción de Guerra, al señalar que hay un choque de interpretaciones sobre las causales de inhabilidad para aspirar al cargo de elección popular. Una obtenida de la revisión de jurisprudencia del Consejo de Estado que indica que no habría inhabilidad por el hecho de firmar un otrosí en un contrato, y otra de la Procuraduría General de la Nación ya expuestas. “Por lo anterior, para efectos de evitar la usurpación de funciones propias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debe denegarse la solicitud de revocatoria de la inscripción del candidato Guerra Varela, para que, en caso de que este sea elegido, sea esta, en cabeza del Consejo de Estado quien unifique o varíe su jurisprudencia sobre esta inhabilidad”, señala tajantemente la resolución del CNE. En otras palabras, el Consejo salvaguardó el Derecho de Guerra a ser elegido en la RESOLUCIÓN No_ 0995 DE 2018.

Los dos consejeros que votaron en contra de Guerra fueron Armando Novoa García y Héctor Helí Rojas Jiménez.

El Consejo Electoral avaló la tesis de que no hay seguridad sobre la fecha en que caducaron dichos contratos por lo cual le dio vía libre a la candidatura de Guerra.

Quinto Guerra ha despertado el fervor popular de los cartageneros

La Procuraduría, al verse derrotada en el CNE, insistió el 30 de abril, con un recurso de nulidad que interpuso el Viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés González, contra de la decisión del citado Consejo Electoral.

«La votación aprobatoria requería mínimo de siete votos» y no de los seis que se registraron por lo cual no es válida, señaló Cortés.

Ahora el CNE, la máxima instancia electoral del país, debe volver a decidir.

¿Qué hay detrás de esta decisión del Ministerio Público?  ¿Pretende favorecer a alguien este órgano de control?…

Nunca antes la Procuraduría había insistido tanto contra un candidato en Colombia, por eso, la ciudadanía cartagenera está molesta con esta entidad, ya que dicen que se trata de una persecución «sospechosa» contra Guerra para imponer a un Alcalde que obedezca a las órdenes desde Bogotá.

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