El funcionario distrital fue salpicado por la Corte Suprema en los sobornos de Odeberth por construcción de un vía en Boyacá y, a su turno, la Contraloría General lo tiene en la mira por irregularidades en contratos de útiles escolares en el mismo departamento.
La Corte Suprema de Justicia investiga las declaraciones del ex senador Plinio Olano que salpican al el exgobernador de Boyacá y actual Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, hombre duro de Cambio Radical, por supuestos sobornos por parte de la firma brasilera Odebreth.
En estas declaraciones, trasladadas a la Suprema, se afirma que al parecer hubo un soborno para ganar el contrato de la vía Puerto Boyacá – Chiquinquirá, en el año 2012, cuando el actual Contralor de Bogotá era el Gobernador boyacense.
Los hechos ocurrieron cuando el INVIAS le adjudicó un contrato a la firma conformada por Odebrecht y la constructora colombiana PISA para que ejecutara la construcción de dos puentes y 49 kilómetros de tramos de la carretera Puerto Boyacá y Chiquinquirá, este contrato tenía un valor de 154 mil millones de pesos.
Según las declaraciones del exsenador Plinio Olano, viejo aliado político de Granados, la firma Odebrecht habría pagado supuestos sobornos para ganarse el contrato que hoy, casi seis años después, no han terminado.
Contrato irregualar para la entrega de útiles escolares
Al cuestionado Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, también le fue abierto un proceso fiscal en la Contraloría General de la República por irregularidades en la ejecución de contratos de prestación de servicios firmado cuando él fungía como la primera autoridad del departamento de Boyacá con las fundaciones Itedris y Lumiere, en el años 2015.
El ente de control halló que el contrato cuestionado por $5.552 millones no se cumplió a cabalidad ya que no se suministraron los materiales escolares a cabalidad y posiblemente se hizo entrega de útiles escolares a estudiantes que no se encontraban Registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil (SIMAT).
Seguidamente se encontró falla en los registros de los alumnos en Boyacá, porque de acuerdo al número de identificación que se atendían, no coincidían con la base de datos.
Se detectó también un detrimento patrimonial, puesto que se dejaron de entregar cuadernos a estudiantes y sobre todo hubo sobrecosto en los mismos. Las fundaciones facturaron materiales escolares hasta por el triple de su valor real en el mercado, por ejemplo lápices que en el comercio están a 338 pesos, la gobernación los recibió por valor de 1300 pesos.
Para la Contraloría General, dirigida por Edgardo Maya Villazón, las pérdidas halladas en Boyacá superan el monto de 410 millones de pesos.
