Los indígenas pretenden gobernarnos


 

Por Rafael Nieto Loaiza

Zona rural de Dagua, comunidad indígena Nasa del Cauca, 21 de marzo, una fortísima explosión mata nueve personas y tres más quedan heridas. Al menos una era estudiante de la UniValle. Los muertos iban a unirse a la protesta. Los indígenas impiden por varias horas la entrada a los organismos de socorro y a las autoridades que llegan a la finca. Cuando lo consiguen, encuentran que la escena del crimen ha sido manipulada. A pesar del esfuerzo por ocultarlo, es claro que la tragedia ha sido causada por manipulación indebida de explosivos. Dos días antes, en Santander de Quilichao, es asesinado con un tiro en el cuello un policía desarmado. Cinco policías más y tres soldados son heridos por balas y esquirlas.

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La protesta está lejos de ser pacífica. ¿Infiltrados? ¿Miembros de las mismas comunidades? Seguramente ambas cosas. Una demostración de que a) el conflicto en Colombia no ha terminado y b) algunos indígenas están aliados con grupos armados ilegales y otros los toleran y encubren.

Se cuentan al menos 40 bloqueos a la Panamericana desde 1986, en promedio más de uno por año, con énfasis durante el gobierno de Santos. Los indígenas han conseguido del Gobierno, desde 1999, 1.500 compromisos. El costo del bloqueo del 2013 se calcula en 1.8 billones de pesos, el 0.4% del PIB de entonces. Del paro de 2017 los indígenas se fueron con el 1% del SGP, más de lo que se destina a la alimentación escolar en el país, y con 76 compromisos adicionales por parte del gobierno. De estos compromisos, algunos insensatos, 26 se cumplieron (8 en este gobierno), 37 tienen avances y solo dos no, según Caracol Radio. De manera que no es cierto que, como dijo el líder Norman Bañol, se trate de forzar al gobierno a revisar “algunos temas de los acuerdos incumplidos”.

Ni tampoco que los indígenas no tengan tierras, aunque ahora pidan 20.000 hectáreas adicionales. Hace un año escribía yo que “aunque hoy por hoy los indígenas constituyen una porción muy minoritaria de la población colombiana, apenas el 3.4%, controlan el 27.6% del total de la tierra rural, más de 31.6 millones de hectáreas. Las poblaciones negras, que son el 10.6% de los nacionales, poseen apenas un 4.5%. Y entre los demás colombianos, el 86%, tenemos apenas 45.4 millones de hectáreas, un 39.7% del total. Lo demás corresponde a áreas medio ambientalmente protegidas (11%) y el Estado (16.3%). Sin profundizar en las cifras, es evidente que las poblaciones indígenas son, de lejos, los mayores poseedores de tierra en Colombia, los grandes terratenientes”. Agrego que su productividad es paupérrima.

En realidad la motivación de este paro es política. Por un lado, después del Putumayo, el Cauca es el departamento donde Petro sacó en porcentaje más votos (65%) frente a Duque (32,2%), en buena parte por el apoyo indígena. Por el otro, los dirigentes del paro han confesado sus motivaciones: la Minga se planeó desde que empezó el gobierno Duque y porque dizque “pasamos de hablar de paz y ahora hablamos de guerra, no quedó otra razón que salir a las vías”. Finalmente, basta mirar el temario de 29 puntos que plantean: no objetar la JEP, detener el proceso de modernización de las Tic, desmontar el Esmad, eliminar el servicio militar obligatorio y reducir el presupuesto de MinDefensa, darle carácter de autoridad ambiental a los cabildos indígenas, desmontar las Zidres, hacer vinculantes las consultas populares sobre proyectos extractivos, prohibir el fracking, que se les entreguen 3.6 billones adicionales a los 10 billones que ya están previstos en el Plan Nacional de Desarrollo para los indígenas en este cuatrienio y que, además, puedan ejecutarlos con total “autonomía”.

Los indígenas, vía los bloqueos, pretenden gobernarnos. Más allá de sus muchos privilegios, que no tenemos los demás ciudadanos, quieren imponernos su visión de lo que le conviene a Colombia. La democracia no es para ellos. Les sirven, en cambio, las vías de hecho. Como reconocen Bañol, “nos tomamos la Panamericana porque hemos aprendido, a través de la historia, que la única forma de poder sentar a los gobiernos es presionar en aquellos sitios que son de importancia estratégica para ellos. La vía mueve el sur del país, ciudades importantes, y le da conectividad con el resto del cono sur”. Mientras escribo, los indígenas discuten si bloquearán el puente internacional de Rumichaca y se conocen que en el Chocó no permiten el paso en la carretera Quibó Medellín.

Es decir, empezamos a estar sitiados. El Gobierno no puede seguir asumiendo nuevos compromisos y menos si los va a incumplir, no debe negociar con los indígenas lo que no les incumbe, no puede tolerar las violaciones que están haciendo de los derechos de los demás y, sobre todo, tiene que frenar las vías de hecho y hacerlo pronto y con contundencia.

Decimos lo que otros callan
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