Los vehículos del ex Procurador, el derroche de los recursos del Estado


 

Un gran caso de malversación de los recursos públicos se difundió mediante las redes sociales colombianas: los vehículos oficiales que se auto asignó el saliente Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, para su uso personal y el de su familia, lo cuales sigue usando a pesar de estar afuera del cargo.

Ordóñez mantiene 16 carros de la Procuraduría para su servicio personal y el de su familia. A cada una de sus tres hija le tiene tres vehículos y a su esposa cinco.  También tiene más de 10 soldados cuidándolo a él y a sus seres queridos, apostados cerca de su lujosa residencia y dos agentes de Policía las 24 horas del día dentro de su casa. En total tiene 48 escoltas para su entorno familiar.

Los 16 vehículos tienen dos escoltas y un conductor cada uno. Son de alta gama y blindaje completo, además cuenta con cuatro motos.

El 9 de agosto de 2013, ocho meses después de su reelección, el polémico Ordóñez, modificó una resolución del Ministerio Público y estableció que los exfuncionarios de la entidad podían conservar por cuatro años su esquema de seguridad.

 Para lo anterior, emitió la Resolución 327 en la que señaló que “los ex servidores de la Procuraduría General y sus familias, que durante el ejercicio del cargo haya contado con el servicio de esquema de seguridad permanente, tendrán derecho a continuar con ese beneficio por un período máximo de cuatro (4) años, contado a partir de la terminación del vínculo legal y reglamentario”.

El pago de ese esquema de seguridad hasta el 2020 que establece dicha resolución tendría un costo de miles de millones de pesos que salen de la Procuraduría. El hombre que asigna dicho esquema es el Jefe de Seguridad del Ministerio Público, que es subalterno del Procurador.

Muchos afirman que es un claro abuso de poder y una gran muestra de arribismo por parte de Ordóñez y su familia.

Para otros, es un típico caso de corrupción de un particular con dineros del Estado, porque Ordóñez ya no es funcionario público y es un ciudadano más del país, que podría tener un carro con escolta para su seguridad, pero no 16 automotores pagados con la plata de todos los colombianos.

El nuevo Procurador General, Fernando Carrillo, deberá enmendar esta anomalía que lesiona las finanzas del Estado y los ciudadanos del país.

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