Por su moral y para no afectar la cooperación judicial con USA, magistrados sin visa deberían renunciar

Cómo harán de ahora en adelante los magistrados colombianos sin visa de Estados Unidos  para asistir a los eventos de la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o cualquier encuentro de la rama judicial que se realice en suelo norteamericano… Simplemente, no pueden ir a esos actos porque son indignos para ingresar a la Primera Potencia Mundial.

El caso es complejo porque los togados están vetados por haber cometido irregularidades muy delicadas para las autoridades estadounidenses, y por eso, les impiden la entrada a su país en forma autónoma y sin tener que pedirle permiso a nadie, como también lo hace Colombia, que se abroga el derecho de no dejar entrar a nuestra patria a delincuentes.

Así lo ratifica Estados Unidos, que nunca retrocede en estos temas, en un comunicado en el cual aclara que no está presionando a la justicia nacional porque respeta la sobernía de Colombia, pero pide que le respeten la suya.

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Hasta ahora se conoce que los juristas implicados son Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, de la Corte Constitucional, grandes apoyadores del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, al igual que Eyder Patiño, de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con la negativa de varias extradiciones.

Pero se dice que EE.UU. está estudiando nuevo casos de magistrados que han cometido anomalías y, según el coloso del norte, no merecen la visa.

Los magistrados santistas Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, de la Corte Constitucional, se quedaron sin visa para ingresar a EE.UU.

Los magistrados de las Altas Cortes, no son cualquier cosa, no son gente particular, son personajes singulares, con un fuero especial que los resaltan como los ciudadanos más dignos del país, que pueden juzgar a los otros colombianos por sus delitos o emitir las leyes con las que se mueve la nación.

Por dignidad, por su moral, si eso cuenta en su vida profesional, debería renunciar para no afectar la cooperación judicial de nuestro país con Estados Unidos y para no dañar la imagen del país ante le mundo.

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