Por Bernardo Henao Jaramillo.
Se conoció en la red virtual que la solicitud que el Magistrado Presidente de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz (JEP) Dr. Jesús Angel Bobadilla Moreno, en el mes de octubre ordenó con destino al Departamento de Justicia de las Estados Unidos, una petición de pruebas, en el caso del trámite cuestionable, presuntamente delictual, que se sigue en la extradición del sujeto Seuxis Paucías Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, que se dispuso tramitar a través de carta rogatoria que para el efecto cerca tres meses después emitió el Ministerio de Justicia, no había llegado a su destino.
Tan pronto se supo lo ocurrido se hizo tendencia en la red virtual y en el periodismo nacional las posibles explicaciones de lo acontecido. La propia Ministra de Justicia Dra. Gloria María Borrero, en entrevista con Blue Radio relató lo ocurrido y confirmó que la citada carta rogatoria se había remitido por el correo 47-2 y sólo llegó hasta Panamá.
Esa entrevista es la demostración de la incapacidad de quién ostenta y funge como responsable de la cartera de justicia. En este país las explicaciones que entregó son francamente risibles en un tema y en un asunto de interés nacional lo mínimo que se debió esperar era una diligencia máxima. No ocurrió así. Transcurrieron cerca de dos meses para arrimar la solicitud del magistrado de la JEP al Ministerio de Justicia. Este despacho público, a través de la oficina Internacional, en carta fechada el 10 y sellada en la oficina de correspondencia el 11 de diciembre de 2018, colocó la carta rogatoria al correo.
Solo ayer, un mes y 20 días después, cuando ya había proferido decisión de trámite dejando saber la JEP que el Departamento de Estado de los Estados Unidos no dio respuesta a su solicitud de pruebas y se continúa a la espera la decisión de fondo esto es, si da trámite o niega la extradición de Seuxis Paucías Hernández Solarte, se viene a conocer que la carta rogatoria jamás llegó a destino y se encuentra por completo varada en Panamá.
Ahora bien, frente a tema delicado, lo mínimo era una debida diligencia. No se hizo uso de la valija diplomática de la Cancillería Colombiana. Tampoco dejo conocer copia a la Embajada Americana y menos aún, se utilizó en el correo electrónico. Eso sinceramente desdice de la funcionaria quien está en mora de renunciar y es hoy tendencia que lo haga.
Son cerca de cinco meses tramitando una prueba improcedente, en consideración a que el Departamento de Estado, a través de la Fiscalía Colombiana ya las había entregado el pasado 28 de julio de 2018. Se recuerda como en esa oportunidad el Señor Fiscal remitió a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz la totalidad del expediente de extradición, correspondiente al señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, en cabal cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional.
Desconociendo tener las pruebas, al nuevo trámite de petición de ellas, no se le dio seguimiento. Este nuevo pedimento, sospechosamente embolatado en dependencias oficiales y luego en oficinas de correo, sólo termina por beneficiar al señalado delincuente. Ya se verá libre en menos de lo que se crea. Esa tontería de la Ministra de que habló con la Presidente de la JEP y van a estudiar como corregir, es otra manifestación inocua. Ahora no lo dudemos los abogados que se oponen a la extradición, ya aprovecharán lo ocurrido para impetrar la violación de los derechos de su cliente y de contera van exigir responsabilidades que no podrán eludir los ya encartados.
Se da por descontado y parece un hecho notorio, la JEP se convirtió en un serio obstáculo para dejar que surta normalmente el trámite de extradición de este señalado narcotraficante en voces de la justicia americana. Es un cuento de nunca acabar; pero lo que les paso en la JEP y ahora en el Ministerio de Justicia, del que tampoco es ajeno la empresa de correos, se infiere y concluye como acontece con aquella Jurisdicción Especial que de eso poco tiene, que lo que mal comienza mal termina siempre. Ya no será aquella la responsable ahora se lavará sus manos y dejará saber que el estado a través del Ministerio de Justicia tiene la responsabilidad de que no se agotará ese trámite improcedente.
Bogotá, D.C Febrero 1 de 2019
