Por Equipo Investigativo de LOC.
La excontralora departamental de Córdoba, Alba Posada Lerech, sus auditores y la «empresaria» Yolima Rangel, la Representante legal de la IPS Crecer y Sonreir, iniciaron una descarada persecución contra FUNTIERRA REHABILITACION IPS, no obstante, que esta entidad de salud nunca cometió actos en detrimento del patrimonio de la Gobernación local.
La citada IPS se defendió victoriosamente con base en los yerros identificados en el informe de auditoría del Sistema General de Participación «SGP» de Córdoba, vigencia 2015 hasta la etapa de imputación de los procesos de responsabilidad fiscal.
BUSCABA ENCUBRIR A LOS RESPONSABLES
El objetivo de Posada, máxima funcionaria de la Contraloría General de la República (CGR) en esta región costeña, era calumniar y desprestigiar a FUNTIERRA REHABILITACIÓN IPS para encubrir y favorecer a los verdaderos responsables de las irregularidades cometidas por otras IPS en el departamento de Córdoba.
Con contundentes pruebas se amplió la denuncia contra la excontralora y sus auditores, por violar el ordenamiento jurídico Colombiano, puesto que la imputación de los procesos fiscales, presenta serias irregularidades en su contenido que dejan en evidencia el desconociendo irregular de los acuerdos de voluntades legales, entre la SECRETARIÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL y FUNTIERRA REHABILITACIÓN. Así mismo, estas pruebas revelan que Posada y su equipo auditor se han apartado de sus deberes legas y constitucionales actuando con mala intención y realizando una interpretación amañada de la normatividad en salud aplicable al objeto de atención por parte de la IPS.
FUNTIERRA TAMPOCO ES GESTOR FISCAL
Desde el año 2016, mediante fallo proferido por la Oficina de Control Interno de la Contraloría General, el 24 de octubre, dentro de la Indagación Preliminar 4774; el organismo de control había dejado diáfanamente claro que FUNTIERRA REHABILITACIÓN IPS, no fue sujeto de control (Fiscal) por parte de ese órgano y, además, el hecho de que en ejecución de una auditoria, la CGR solicitó información a la entidad que guarda relación con el ente auditado como gestor fiscal, la Gobernación de Córdoba, no indica que Funtierra, se convirtiera en sujeto auditado.
Sin embargo, tozudamente y violando el debido proceso, el derecho al juez natural y el derecho de defensa, la Contraloría General persistía en su persecución vinculando a Funtierra en una investigación de responsabilidad fiscal para endilgarle una calidad de sujeto activo, calificado que nunca ha tenido, la de Gestor Fiscal, y así está claramente explicado en el artículo 3 de la Ley 610 del 2000, norma que los auditores y la gerente de la CGR de Córdoba nunca quisieron aplicar correctamente con el único fin de enlodar a Funtierra para, sesgadamente beneficiar a las otras IPS.
La excontralora Posada ignora que no es coherente que 4 años después de firmado este acuerdo, el equipo auditor presente replica y perjudique el Buen Nombre y reputación de la mencionada IPS, manifestando que no hay validez en el acta o acuerdo de voluntades suscrito con la Gobernación de Córdoba, ya que la Contraloría General de la República tuvo un plazo de 4 meses para demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa la supuesta falta de validez de dicha acta y éste órgano no lo hizo, por lo que al no haber sido declarada nula por juez alguno produjo efectos jurídicos a favor de Funtierra.
LA IPS CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS Y LAS TERAPIAS
Tampoco sabe la excontralora que la citada IPS cumplió con todos los requisitos tenidos en cuenta al momento de la elaboración del acta de concertación tarifaria por parte de la SECRETARÍA DE SALUD DE CÓRDOBA y FUNTIERRA REHABILITACIÓN IPS, no obstante vale la pena aclarar que si se hubiese presentado alguna inconsistencia frente a las formalidades de su elaboración, ésta debió ser tenida en cuenta por señor Secretario de Salud Departamental de la administración de turno, que era el funcionario idóneo para conocer de dicha elaboración.
Las terapias de los usuarios que se ejecutaron en FUNTIERRA REHABILITACIÓN IPS, fueron todas autorizadas por la Secretaria de Salud Departamental para dar cumplimiento a fallos de acción de tutelas de primera y segunda instancia, en los cuales se ordenó que las autorizaciones de los servicios No POS-S, fueran expedidas por la Secretaría de Salud departamental de Córdoba, mas no por las EPS, lo cual significa que las actuaciones se fundamentaron en actos judiciales legales, y así lo dejó claro el despacho del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, en reciente fallo 0932 del 1 de noviembre de 2019, que se dio a conocer en estos días por los diarios digitales laotracara.co y cafenoticias.tk, dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal PRF 80233-064-1000 CUN SIREF: 23320, por medio del cual se ordenó el archivó de la investigación fiscal, por el supuesto desfalco de más de 3.600 millones de pesos, que sólo existió en la mente torcida del equipo auditor de la CGR de Córdoba.
Los tratamientos que fueron ordenados por los jueces en los fallos de tutela en los No POS-SUBSIDIADOS (No POS-S), le correspondieron al Ente Territorial, como fue demostrado con las distintas CARTAS DE NEGACIÓN emitidas por las EPS.
PARCIALIDAD, AL NO INVESTIGAR OTRAS IPS
Lo que más llama la atención y puede constituir los delitos de Prevaricato Por Omisión y Actos de discriminación, es la parcialidad del equipo auditor al no investigar a las IPS CRECER Y SONREIR S.A.S, FUNDACIÓN GIRASOLES S.A.S y UNIDAD INTEGRAL DE LA COSTA S.A.S, con base en los hallazgos expuestos en el mismo informe de audiroria que sobrepasan los 4.000 millones de pesos, y por consiguiente el menoscabo del debido proceso a la IPS FUNTIERRA RAHABILITACIÓN.
Así, pues, queda claro que el equipo auditor, en cabeza de Alba Posada, cuestionó únicamente a la IPS FUNTIERRA REHABILITACIÓN basada en conceptos incoherentes que no están alineados con el espíritu de la ley.
Aquí hay que resaltar que a pesar de que varias IPS fueron objeto de auditoría por parte de los órganos de control, siempre el diario local El Meridiano, se refirió a Funtierra e ignoró el resto de entidades de salud, encubriendo así las probadas coimas que se movían por debajo de la mesa. Pero en estos hechos dolosos se centrarán las acciones legales dentro de los procesos que cursan y las inminentes acciones civiles.
VARIOS VINCULADOS A PROCESOS JUDICIALES
Por estos mismos hechos ya fueron procesados el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el fiscal Daniel Díaz y su novia, el abogado Leonardo Pinilla, alias «Porcino», e investigada con medida de aseguramiento, Yolima Rangel (dueña de Crecer y Sonreír), quien coordinaba los pagos del presidiario exsenador Musa Besaile Fayad y maquinaba destruir a Funtierra y que se le expidiera, con la complicidad del exfiscal Díaz y el abogado «Porcino», orden de captura a su representante legal Tania Otero y al abogado y veedor Eduardo Padilla Hernández, que fue el denunciante de todos los carteles de la salud en Córdoba.
DENUNCIADOS LOS EXGOBERNADORES Y EXSECRETARIOS DE SALUD
Por último, tendrán ahora que responder los exgobernadores Sandra Devia y Edwin Besaile, quienes este miercoles 3 de junio, fueron nuevamente denunciados ante los fiscales delegados y ante la Corte Suprema de Justicia.
Además, fueron denunciados los exsecretarios de Salud que, tendrán que responder por sus acciones tenebrosas contra la única entidad que se opuso a las coimas del 30 por ciento de los clanes corruptos hoy investigados en la Contraloría y la Fiscalía; todo esto para congraciarse con el excongreista privado de la libertad, Musa Besaile, quien también es investigado por la Corte, que declaró como víctima dentro del proceso a Tania Otero, representante legal de Funtierra.
Ya para concluir, con relación al Contralor General Córdoba, le recomendamos revocar el premio León de Greif, otorgado por la entidad a la corrupta Alba Posada, hoy destituida por este alto funcionario del Estado, tras haber deshonrado a una institución tan seria.
