El próximo primero de julio se realizará una nueva audiencia de seguimiento de la Procuraduría al caso de la reubicación de Gramalote.
Más de 200 familias se quedarían sin techo en Gramalote (Norte de Santander), así lo dejó claro la Procuraduría General de la Nación en una audiencia pública en la que participaron varias entidades vinculadas con este dramático caso.
El procurador delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales, Carlos Augusto Mesa Díaz, advirtió la preocupación del Ministerio Público respecto de la situación de los damnificados, que serán reubicados por el Gobierno Nacional en la citada población nortesantandereana, porque en la primera etapa de construcción de viviendas se contemplan sólo 400 unidades, frente a las 606 familias que, según la información aportada por el Fondo Adaptación, tienen el derecho de acceder a una casa en el nuevo casco urbano de este municipio.
El funcionario explicó que los criterios del Ejecutivo para reparar a las familias afectadas se concentran, al parecer, en un enfoque poco garantista de los derechos de las personas, lo que acentuaría aún más los perjuicios ya causados por el evento natural que azotó a Gramalote, que quedó prácticamente destruido por un fuerte invierno, hace casi cinco años.
Observaciones y compromisos puntuales
La Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander (Corponor) manifestó que urge agilizar por parte de las autoridades responsables la entrega de la información necesaria para concluir el trámite de expedición de la licencia ambiental para la construcción de la vía. Al respecto se señaló que los datos pendientes se entregarán a esa autoridad a más tardar el próximo 16 de junio, fecha a partir de la cual se avanzará en la adopción de la decisión correspondiente.
Respecto de esta temática, el Fondo Adaptación (entidad estatal) anunció el inicio de un proceso sancionatorio contra los contratistas de la entidad que no han entregado en debida forma los productos requeridos para el trámite de la citada licencia.
La Procuraduría General planteó la necesidad de que se tengan en cuenta los fundamentos constitucionales para la formulación del “Plan de Reasentamiento”, dado que se trata de un proceso que va más allá de una reubicación o relocalización y que implica el restablecimiento de los derechos y las condiciones de vida de la comunidad, sin perjuicio de la condición económica de sus miembros, dándoles un trato equitativo e igualitario.
Por la importancia del tema se definió que una vez se determine el número de personas que se quieran reasentar en el nuevo casco urbano de Gramalote, se podría ampliar el número de casas a construir en la primera fase.
Durante la jornada de trabajo, a la que asistieron representantes del Fondo de Adaptación, la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía Municipal de Gramalote, Corponor, la Personería, la Veeduría y ciudadanos interesados en el proceso, el procurador delegado Mesa Díaz, hizo énfasis en la permanente disposición del Ministerio Público para apoyar, desde su órbita preventiva, la correcta implementación de las políticas públicas de atención a las poblaciones afectadas y damnificadas por desastres naturales.
Recordemos que el 17 de diciembre de 2010, Gramalote resultó gravemente afectado en su suelo y las estructuras de sus vivendas (por hundimientos y grietas) debido al “Fenómeno de La Niña”, lo que obligó al Gobierno a buscar una nueva zona para reconstruir el casco urbano de dicha población. El Ejecutivo incluyó al municipio en el famoso plan de las casas gratis que está entregando por todo el país el Ministerio de Vivienda.
Desde ese momento, la Procuraduría ha realizando seguimiento y acompañamiento preventivo y ha formulado observaciones y recomendaciones tendientes al restablecimiento de los derechos de las personas afectadas. El próximo primero de julio de 2015 se realizará una nueva audiencia de seguimiento.
