El saliente Gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, siempre tuvo fama de ser un hombre oscuro, al que le gustaban los negocios, pero que mostraba otra imagen para engañar a la opinión ciudadana y, por eso, nadie se atrevía a decirlo en público. Su ambición lo llevó a candidatizarse como máximo dirigente del Departamento, con el fin de hacer sus movidas personales, lo que al final consiguió. Eso mismo, lo tiene hoy en la prisión.
Cuando se empezó a hablar de su posible participación en los escándalos del «Carrusel de la Contratación en Bogotá» de inmediato apaciguó a los medios con buenas relaciones y labia y los amables oficios de su jefe de prensa Maura Achuri, quien, al parecer, conoce más de un secreto de Cruz y podría ser fincha clave en la investigación penal que ahora le sigue la Fiscalía General de la Nación a este ex funcionario regional caído en desgracia. Además contaba con una buena chequera para dar contratos publicitarios a los medios, amparada en la Lotería de Cundinamarca y la Licorera de Cundinamarca.
Lo más triste de este caso es que su esposa Luz Zoraida Rozo, quien al igual que Cruz goza de excelentes relaciones en un amplio círculo de la sociedad bogotana como «personas de bien», también está involucrada por haber participado en los actos de corrupción que envuelven a su marido y a ella la Fiscalía le endilga el delito de cohecho.
Cruz, quien tuvo que dejar la Gobernación por el escándalo de corrupción, fue capturado el viernes 2 de octubre de 2015 por hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General. Y sin pensarlo dos veces aceptó su responsabilidad en los tres delitos imputados por el ente acusador. Así se lo hizo saber a la jueza 72 de garantías que lo procesó. «Su señoría acepto los cargos», aseguró Cruz al manifestar que esta decisión fue libre y voluntaria y sin presiones de nadie.
El ex funcionario reconoció su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer y abuso de confianza.
Sobornó para conseguir contrato de $25 mil millones
Según la investigación, el ingeniero Álvaro Cruz Vargas entregó 800 millones de pesos, entre el 2 de diciembre de 2009 y el 26 de enero de 2010, para resultar beneficiado con el contrato 197 de la Unión Temporal Asfaltos que tenía un valor de 25 mil millones de pesos para el reparcheo de la malla vial de Bogotá.
Los sobornos o coimas de Cruz tenían como destino a Iván Hernández Daza, director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) quien fue el encargado de firmar el contrato en el cual el propio Cruz tenía un gran interés para que le fuera adjudicado a la firma ICM Ingenieros, en la que fungía como representante legal.
Los investigadores descubrieron que con el pago de esta alta suma de dinero, Cruz sacó provecho propio puesto que su amigo Hernández Daza le entregó toda la información privilegiada del proceso contractual para que la propuesta de ICM fuera seleccionada. Así no hubo pierde y la inversión de los 800 millones que hizo Cruz rindió sus frutos, porque al final se ganó el negocio por los 25 mil millones, por lo cual la Fiscalía considera que actúo de «manera dolosa e intencional”.
La cosa se le complicó al ahora ex gobernador, que con esa suma en su bolsillo se posesionó más en la sociedad capitalina, porque no contaba que a Hernández Daza lo iban a condenar por el «Carrusel de la Contratación». En el proceso de este personaje surgieron pistas que enredaron a Cruz en el caso.
La Fiscalía concluyó que otra parte del dinero de Cruz fue entregada a los entonces concejales Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno y Orlando Parada Díaz , todos condenados por el «Carrusel», para que no realizarán el control político en el Concejo de Bogotá de dicho millonario contrato vial. Ahora estos dos ex dirigentes ya marcados con corruptos locales podrían ser los testigos principales contra Cruz, a quien de ser hallado culpable le esperan varios años de cárcel por este escándalo.
El lío de su esposa Luz Zoraida Rozo
Según lo publicaron varios medios de comunicación, la Fiscalía indaga si Álvaro Cruz le habría pagado 2 mil millones de pesos al Procurador Judicial, Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, para que fiscales y directivos de la propia Fiscalía favorecieran las investigaciones contra el Gobernador en el llamado «Carrusel», es decir, lo sacaran en limpio e inocente del expediente. Recordemos que ese caso tuvo un tiempo congelado o en aparente calma y solo se oían rumores en los medios de que había una investigación en contra Cruz, que al final se destapó cuando le imputaron los cargos en julio de 2015.
El asunto es que la esposa del ex funcionario, Luz Zoraida Rozo, su mano derecha en todo este oculto caso, incluyendo la gestión para lograr el multimillonario contrato para ICM, está señalada por el ente acusador de haber participado en el supuesto soborno al Procurador Muñoz y a los demás empleados judiciales para que ayudaran a su marido. La Fiscalía le imputó cargos por la presunta comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer, basada en una prueba técnica recaudada en la investigación, en la cual se asegura que habría servido de intermediaria entre Cruz y los sindicados.
El caso del Procurador Muñoz tiene al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, escandalizado y ya solicitó que se investigue el tema a fondo y que «le caiga todo el peso de la justicia si tiene responsabilidad en el hecho».
Lupa a contratos de la Gobernación
Falta averiguar donde está el dinero de Cruz y cuánto es su patrimonio, porque, supuestamente, este no sería el único caso anómalo en el que estaría vinculado. Al aceptar los cargos de la Fiscalía, al parecer, el plan de Cruz es negociar con la justicia, lograr una condena corta y salir a disfrutar de su inmensa fortuna lograda en forma no sancta.
Con estos antecedentes, hay que pasar lupa a toda la contratación de la Gobernación de Cundinamarca durante su gestión porque puede haber más de una sorpresa… ya que en los pasillo de la misma entidad estatal dicen los dirigidos del propio Cruz que «se trata de un caso en el que el ratón está durmiendo con el queso al lado».
Cruz, quien fungía de bonachón, podría ser uno de los peces grandes, tapados, de la corrupción en Bogotá y Cundinamarca.
