Con el arribo de la ex directora del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, procedente de Panamá, se revivió el caso de las supuestas chuzadas o interceptaciones ilegales de teléfonos y correos electrónicos de diferentes personalidades en Colombia. También se abrió la posibilidad de que la justicia nacional descubra quién fue el cerebro de estas repudiables prácticas.
William Romero, exsubdirector de Fuentes Humanas del desaparecido DAS, en una entrevista a El Espectador, le dijo que las supuestas interceptaciones ilegales en el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez fueron craneadas por un hombre que se ha salido de lado del escandaloso caso y cuya responsabilidad tiene que determinar la justicia nacional. Se trata del ex director de ese organismo de inteligencia Andrés Peñate.
«¿Cómo surgió el plan para espiar a la Corte Suprema de Justicia?”, le preguntaron en el diario capitalino a Romero y este respondió: «En la administración de Andrés Peñate, bajo una operación de inteligencia ordenada por él, a través de la doctora Martha Leal, entonces encargada de la Dirección de Inteligencia. La orden era ubicar fuentes humanas y agentes de control para obtener información privilegiada en el Congreso y en las altas cortes, con destino al Presidente para que tomara decisiones en relación con su gobernabilidad”.
Según el informante Romero, el mismo Peñate, entre 2006 y 2007, lo presionó para sacar adelante el llamado Plan Escalera que tenía como objetivo averiguar todo lo concerniente con los magistrados de la Corte que le hacían la vida imposible al Ejecutivo en ese momento.
«El plan fue planificado durante la era Peñate, pero no se ejecutó con éxito porque no había gastos de operación ni personal. En mayo de 2007 es nombrado el capitán Fernando Tabares como director de Inteligencia y su perfil dinamiza los planes de acción. La entonces subdirectora María del Pilar Hurtado era la ordenadora de los gastos reservados y empiezan a aprobar los planes operacionales del DAS de acuerdo con los objetivos institucionales. La detective Alba Luz Flórez, hoy conocida como ‘Mata Hari’, fue postulada para recolectar información del blanco político: las cortes y el Congreso. Se llamó Plan Escalera, un operativo de contrainteligencia de Estado. Éste tenía una fachada y unos gastos de operación. En la actualidad, Peñate dice no saber nada, pero en febrero de 2007 me llama al despacho y me dice: “William, tenemos que sacar adelante todos los retos, necesito que me dé resultados en la Corte Suprema de Justicia, ubicar qué pasó con el reloj Rólex’ del magistrado Yesid Ramírez”. Todo empezó en noviembre del 2006”, confirmó Romero a El Espectador y le explicó a la publicación que se trataba de comprobar que el reloj había sido comprado por el presunto narcotraficante Giorgio Sale para regalárselo al magistrado Ramírez.
De ser cierta esta versión del ex funcionario del DAS, si existieron lo que se denomina «las chuzadas» a magistrados, periodistas y demás, Peñate habría puesto la primera piedra para realizar estas intervenciones.
Otra subalterna lo señala
Coincidencialmente, Martha Leal, la exsubdirectora de Operaciones del DAS, afirmó textualmente ante la Fiscalía General de la Nación, en octubre de 2010, lo siguiente: «recibí instrucciones del doctor Peñate de buscar la manera de establecer si la senadora Piedad Córdoba había viajado a la ciudad de México a una reunión organizada por el Partido de los Trabajadores de ese país con recursos dados por ese mismo partido y conseguir la copia de factura del hotel, para demostrar que ella había faltado a la verdad cuando afirmó que tanto el viaje como los gastos de hotel y comida fueron pagados con recursos propios», según reveló Caracol Radio.
Después de esta acusación de supuesto espionaje o seguimiento, al parecer, ordenado por Peñate, este ex funcionario indicó que Leal estaba entregando este tipo de declaraciones para “favorecerse del principio de oportunidad” que otorga la ley, con el fin de obtener beneficios de la justicia y lo que «hizo el Gobierno fue brindar garantías a la oposición, a los políticos y periodistas», contrario a las manifestaciones de aquella. Peñate, quien siempre ha defendido al ex mandatario Uribe sosteniendo que no tenía conocimiento del caso, finalizó diciendo irónicamente que «Martha Leal no es leal con la verdad».
Casi todos los vinculados con el tema de «las chuzadas» ha sido procesados por las autoridades competentes, incluyendo a los propios Leal y Romero, que trabajaron bajo la dirección de Peñate, pero este ex jefe de la Policía Secreta, no.
Peñate ha sabido hacerle el quite al asunto, pues se volvió el denunciador ante los medios de comunicación de los nexos con los paramilitares de antecesor en el DAS, Jorge Noguera Cote, quien terminó procesado y condenado a 25 años de prisión en 2011, por sus vínculos con esos grupos ilegales y el determinador del asesinato del sociólogo e investigador barranquillero, Alfredo Correa de Andreis, quien fue ultimado el 17 de septiembre de 2004 en la capital del Atlántico, por orden del jefe del Bloque Norte de la Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Con esta denuncia, Peñate se ganó la gracia de la prensa. Y ahora labora en una respetable empresa de Colombia.
Peñate le respondió a Romero
Luego de estas explosivas declaraciones de William Romero, ex director Peñate montó en cólera y le respondió con un comunicado, enviado a El Espectador, al ex subdirector de Fuentes Humanas de la liquidada entidad.
Peñate aseguró que en su administración no recibió ni emitió órdenes para que el DAS pudiese ser usado para perseguir o acosar opositores, disidentes o críticos del Gobierno.
»Respecto a las declaraciones públicas que el Señor William Romero ha hecho y publicadas por el diario El Espectador en el día de hoy, me permito hacer las siguientes precisiones:
1. A finales del año 2006 la revista Semana reveló información detallada que indicaba la intención del señor Giorgio Sale, en esa fecha sospechoso de ser testaferro del narcotráfico y agente del paramilitarismo y hoy condenado, por establecer relaciones con magistrados de la Corte Suprema.
2. En ese entonces, el DAS era la única entidad con el mandato de prevenir y detectar la infiltración y penetración de organizaciones criminales al interior de las entidades del Estado. Para cumplir este mandato la ley había conferido al DAS funciones de contra-inteligencia.
3. Como Director del DAS solicité a la Dirección de Inteligencia de esa entidad adelantar gestiones que permitieran verificar, es decir confirmar o refutar, dicha información revelada por los medios de comunicación. Esa era mi obligación legal. No haberlo hecho hubiera sido delito.
4. Durante mi tiempo como Director, esta orden no tuvo resultado tangible que permitiera confirmar ni refutar lo señalado en los medios de comunicación, y por lo tanto no hubo información adicional que pudiera poner en conocimiento de instancias judiciales o administrativas.
5. Según la ley expresada en varios y claros fallos de la Corte Constitucional, las agencias de inteligencia del Estado no requerían contar con una orden judicial para realizar verificaciones de inteligencia, siempre y cuando se respetaran los derechos fundamentales de las personas.
6. En cumplimiento de mi deber legal, durante todo el tiempo de mi gestión, insistí que el DAS honrara su mandato de contra inteligencia y solicité mayor diligencia de los esfuerzos de recolección de información para cumplir mejor con esa obligación institucional. Siempre dentro de los límites de la Constitución y de la ley.
7. En ningún momento recibí, ni emití, ni toleré ordenes que hicieran que el DAS pudiese ser usado como una «policía política» para perseguir o acosar opositores, disidentes o críticos del gobierno, o a miembros de otras ramas del poder público, en virtud de sus supuestas simpatías o malquerencias con el gobernante de turno.
8. Rechazo de manera enfática las insinuaciones tendenciosas que el señor Romero hace en mi contra. Confío en que la acción de la justicia al final determinará la verdad plena de los hechos y sus responsables. Y reitero una vez más mi disposición a acudir a su llamado para esto».
Lo cierto es que mucho se habla en Colombia de «las chuzadas», pero nunca se ha visto ninguna publicada o reproducida en audio en cualquier medio de comunicación. Es muy extraño que hasta la fecha, la prensa que se entera de todo y a la que le filtran la información más valiosa los fiscales y magistrados, no haya sacado una sola interceptación del DAS. Colombia tampoco conoce, con pruebas verdaderas, quiénes fueron los intervenidos. Cabe preguntarse: si no llegara a existir esa prueba reina, ¿cómo puede condenar la justicia a alguien sin pruebas, sólo de oídas?
Sin embargo, hay que enfatizar, si existieron tales interceptaciones, según su propio subalterno William Romero, el ex director Peñate fue su ideólogo, tal como lo fue su antecesor Noguera de la muerte de Correa de Andreis.
En los procesos por delitos penales en nuestro país se investigan y se condenan a los autores materiales de los crímenes, pero también se hace lo mismo con los autores intelectuales o determinadores de dichos delitos…
