La Corte lo llamó a indagatoria por más de $1.500 millones injustificados en sus cuentas bancarias. Benedetti fue nombrado como uno de los Congresistas que trabajaba en secreto para la corrupta firma brasilera Odebrecht.
Surgió una noticia que había sonado durante meses en los pasillos judiciales del país: El polémico Senador del santista Partido de La U y ahora petrista, Armando Benedetti Villaneda, tendrá que responderle a la Corte Suprema de Justicia por unos cuantiosos pagos e ingresos en sus cuentas personales, que este no ha podido justitifacar y que no corresponden a sus honorarios como congresista.
Este Alto Tribunal elaboró un gran informe de 114 páginas el pasado 11 marzo del 2020, firmado por Luz Dary Arias, miembro de la Policía Judicial de delitos financieros de la Fiscalía, quien trabaja para la Corte Suprema de Justicia.
El citado informe tiene los datos precisos del patrimonio del Senador Armando Benedetti y todos sus movimientos bancarios, en los que hay una gran cantidad de recursos no justificados. Por eso, la Corte le abrió un proceso penal en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y lo vinculó al expediente mediante el llamado a indagatoria.
En el proceso se argumenta no fue posible identificar el origen de los dineros con los que el Senador hizo pagos en su tarjeta de crédito por un valor cercano a los 1.000 millones de pesos y tampoco encontraron cuál fue el origen de los recursos recibidos en las cuentas bancarias de Benedetti por casi 600 millones de pesos.
Aclaremos que un parlamentario sólo gana al mes cerca de 35 millones de pesos.
SE DESCONOCE EL ORIGEN DE PAGOS
“No fue posible identificar el origen de los recursos con los que se efectuaron pagos en las tarjetas de crédito del señor Armando Benedetti en BBVA, cuyos recursos ascienden a 993.958.867”, dice el documento sobre los pagos en su tarjeta de crédito.
LOS DINEROS NO JUSTIFICADOS
Respecto a los dineros recibidos en sus cuentas, dice el informe dice:
“En la información recopilada de las diferentes entidades financieras, se advierte que en el análisis realizado no fue posible identificar el origen de los recursos recibidos en las cuentas del señor Armando Alberto Benedetti Villaneda, recursos que ascienden a 583.850.728”.
«LOS BULLDOZER»
Recordemos que Benedetti fue señalado cómo uno de los congresistas que harían parte del llamado brazo político de la corrupta firma de construcción brasileña Odebrecht, que se encargaban de hacer todos los movimiento posibles para que esta cuestionada empresa no tuviera «inconvenientes» en el país y se ganara gigantesco contratos de obras, realizadas con dineros públicos, durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos, que fue entre el 7 de agosto de 2010 y 7 de agosto de 2018.
A esos parlamentarios, los llamaban «Los Bulldozer», que es una máquina que sirve para abrir nuevos caminos en las obras viales que se realizan en cualquier parte del mundo».
Estos congresistas, entre ellos Benedetti, eran los encargados de “abrir caminos” para que Odebrecht se quedara con los jugosos contratos para el desarrollo de la infraestructura nacional en esa época.
La exvicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, en su momento, anunció que compulsaba copias a la Corte Suprema de Justicia para que esta investigara dos casos en los que, al parecer, este grupo de parlamentarios colombianos reclutado por Odebrecht, ejercería presión con el fin de favorecer a la citada compañía.
“Ejercían presión a través de la reforma tributaria, lo que fue abriendo el camino para ir venciendo las distintas aprobaciones de una manera exprés, rápida”, explicó Riveros.
La exVicefiscal también indicó que del grupo «Los Bulldozer», harían parte los senadores Armando Benedetti Villaneda, Mussa Besaile Fayad, Bernardo Miguel Elías Vidal y Antonio Guerra De La Espriella. Todos señalados en la investigación dentro del caso de corrupción de Odebrecht.
La cabeza principal de este escándalo es el exsenador cordobés Otto Bula, condenado a más de cinco años de cárcel por estar involucrado en los sobronos que hacía Odebrecht a diferentes personalidades para quedarse con las millonarias licitaciones públicas en el país.
En el proceso de Odebrecht en la Fiscalía se concentraron en dos casos en particular: el primero fue un contrato de estabilidad jurídica el cual tenía que firmarse a más tardar el 31 de diciembre de 2012, para lo cual «Los Bulldozer» hicieron gala de su gestión y lo lograron.
El segundo caso es el presunto pago de una coima por 50.000 millones de pesos para el favorecimiento de Odebrecht en la firma del otrosí, proyecto de infraestructura vial entre Ocaña – Gamarra, tema el el cual están implicadas las exministras de Educación y Transporte, Gina Parody y Cecilia Álvarez, de la época de Santos.
Ahora, hay que preguntarse: ¿Parte de esos dineros que no ha podido justificar vienen de sus nexos con Odebrecht, o de que son?
La Corte lo sabrá aclarar.
