Contraloría busca irregularidades en 234 contratos de firmas de Centros Poblados por más de $1 billón

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El Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba declaró de impacto nacional todos los contratos de las firmas integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados con entidades del Estado.

Se trata de una movida muy agresiva de Córdoba que pretende ir hasta el fondo de las posibles irregularidades que esas empresas pudieron haber cometido en la billonaria contratación que tienen con diferentes despachos públicos, adicionales al fallido contrato con el Ministerio TIC para llevar internet a más de 7.000 colegios en zonas apartadas del país.

Ese multimillonario negocio le costó la renuncia a la exMinistra de las TIC, Karen Abudinen por autorizar un anticipo de 70 mil millones de pesos para Centros Poblados con una póliza que resultó falsa y que derivó en el escándalo más grande de corrupción del Gobierno del Presidente Iván Duque, quien siempre rechazó las irregularidades y la mala fe cometidas por esta firma contratista.

Según la emisora BLU Radio, la decisión inicial de la Contraloría es iniciar una indagación preliminar para mirar “con lupa” de forma urgente cada uno de esos contratos, con el fin de determinar si están en riesgo los recursos públicos.

En total, la Contraloría iniciará de manera inmediata la revisión de 234 contratos que tienen cuatro empresas vinculadas con Centros Poblados con el Estado desde el 2014, que suman una cifra impresionante: cerca de un billón 200.000 millones de pesos.

Estos son las empresas:

Intec tiene 123 contratos con el Estado por 790.118 millones de pesos

Omega Buildings tiene 14 contratos con el Estado por 12.635 millones de pesos

Funtic tiene 77 contratos con el Estado por 181 mil millones de pesos

Esta decisión del Contralor se suma al embargo de los bienes del contratista cordobés Emilio  Tapia, condenado por corrupción en el caso del «Carrusuel» de la Contratación en Bogotá y ahora fuertemente involucrado en el  escándalo de Centros Poblados con MinTIC.

Felipe Córdoba también tiene en la mira en este caso del jugoso contrato que adjudicó el citado Ministerio, a algunos cómplices de Tapia que habrían participado en las irregularidades que llevaron a que una fiducia les desembolsara un anticipo de 70.000 millones de pesos que hoy están embolatados.

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La Otra Cara
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