El Carrusel de la Contratación en el Atlántico mediante 88 convenios millonarios

Barranquilla
Barranquilla, capital del Atlántico.

 
Eduardo Padilla

Con el apoyo de la Unidad Investigativa de LOC

Un monto de $82.134 millones del presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico fueron direccionados unilateralmente, entre enero del 2016 y julio del 2018, para contratos directos o convenios (un total de 88) sin licitación pública, repartidos entre los amigos de los amigos.

Cada día es más sencillo que los ciudadanos podamos identificar con claridad cuando los recursos del Estado están financiando redes de corrupción. Hoy nos toca poner el dedo en la llaga en el Atlántico a un tejido de dinastías que los últimos catorce años, dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación (S.D.E.G.A.), han forjado con suma maestría y habilidad, una red que accede a los cuantiosos recursos públicos del Departamento, desviándolos para favorecer a sus amigos, que pertenecen a su mismo grupo político.

Los citado hechos se acentuaron en los últimos tres años, entre el 1 de enero del 2016 y julio del 2018, durante la administración del gobernador Eduardo Verando de la Rosa, a quien nunca se le ha escuchado hablar del tema.

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Las estadísticas no engañan, $82.134 millones del presupuesto asignado a la S.D.E.G.A., dentro del periodo antes señalado, fueron direccionados unilateralmente a contratos. De esos recursos, el 94.6% resultó en contratación directa o convenios sin licitación pública, repartidos entre los amigos de los amigos.

Todo, con la vista gorda por parte algunos funcionarios de los Entes de Control esa región caribeña. La razón de ese silencio podría ser la asignaron de contratos por valor de $1.186 millones en el 2017 a nombre del Fondo de Bienestar social de la CONTRALORÍA del departamento del Atlántico; cuyo objeto es: Prestar los servicios profesionales para el Fortalecimiento de unidades municipales de asistencia técnica agropecuarias umata y dinamización de los CMDR”. Con charlas, refrigerios y fotos incluidas.  Al parecer, esto les permite a los manejadores del negocio salir airosos cuando las comunidades aplican el deber cívico de hacer valer sus derechos mediante reclamaciones, las que nunca prosperan.

Los contratistas que firmaron los 88 convenios por valor de $73 mil millones, (el 94.6% del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico) escogieron en forma autónoma los beneficiarios del objeto de cada convenio, que casualmente pertenecen a su mismo grupo político y se amangualaron recibiendo a cambio de las firmas, sombreros, machetes, abonos, semillas, motobombas, mangueras, etc. Soportes que aparentemente documentan que se cumplió el objetivo de dicho contrato, cuando en realidad, en vez de incentivar el desarrollo, solo enriquece al operador del citado convenio.

Los protagonistas de este caso, son reyes ocultos con gran sabiduría, que escogen como operadores a entidades con alta representatividad social, para ejecutar estos convenios, asegurándose que la corrupción este más allá de pequeños operadores que intentan iniciarse en la contratación pública. Entre los mayores contratantes de esta maraña  tenemos: Centro De Eventos y Exposiciones Del Caribe SAS, un convenio que asciende a la suma de $30 mil millones; Acopi, diez convenios que suman $9.078 millones; CRA cuatro convenios que suman $5.544 millones y Fundación Creamos con dos convenios que suman $2.504 millones.

Pero como lo hemos denunciado en oportunidades anteriores, nuestro país está lleno de improvisación. Es una realidad generalizada las políticas de reducción del gasto de funcionamiento; el incremento de la “inversión” a través de la se camuflan las plantas paralelas y la obligatoriedad de realizar el gastos del 100% del cupo fiscal en cada anualidad, sancionando los temas de inversión a mediano y largo plazo. Son prácticas que dejan al descubierto la realidad de Colombia, donde se carece de planeación estratégica, estudios de estimación del riesgo, estrategias de plan de choque contra el cambio climático, fomento a la agroindustria, responsabilidad ante la problemática del relevo generacional en el sector agropecuario, falta de voluntad en conformación y apoyo las cadenas productivas.

Para concluir hay que decir que a pesar de haber dilapidado $82 mil millones, el departamento del Atlántico esta más empobrecido que hace cuatro años, en su desarrollo económico, aunque es este Departamento uno de los más ricos en tierras libres de restricciones para el desarrollo de actividades Productivas, de acuerdo con las autoridades oficiales como la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA.

Este artículo es el primer producto de otros tantos que le siguen, proveniente del análisis estadístico de listado de la contratación, revisión del objeto de los convenios, información publicada en el Secop, evidencias logradas mediante derechos de petición y testimonios directos con los pequeños productores agropecuarios del departamento del Atlántico, lo cual hace parte de una estrategia de brindarle a la comunidad las herramientas para que ejerzan el control de sus gobiernos locales.

Espere la Verdad sobre la Contratación en Ayapel.

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