César Reyes y su contrato en el gobierno santista.
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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes Medina, ponente del caso y quien solicitud la medida de aseguramiento contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, antes de llegar a ese Alto Tribunal tuvo un jugoso contrato con la Presidencia de Juan Manuel Santos para una asesoría en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El contrato está registrado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y fue socializado en las redes sociales por el Investigador del Twitter @DenunciaJulio y por la emisora FM de RCN Radio.
Ese negocio se dio el 18 de julio de 2016, por un valor acordado de $574.674.360. El contratante fue el Departamento Administrativo de la Presidencia a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, representado en ese entonces por María Inés Restrepo Cañón.
El contrato tuvo el objeto de elaborar una base de datos que debía ser estandarizada en un formato HTML con cada una de las personas que, según las listas del Alto Comisionado, se encontraban detenidas con una medida de aseguramiento, para revisar el estado actual de su caso, las acusaciones y las condiciones carcelarias, especialmente para los internos de la guerrilla de las Farc. También establecía consignar el estado de salud de estas personas.
En la descripción del contrato se explica que el Gobierno había tenido problemas con los listados y la eficacia al conseguir esta información porque hubo más de 300 traslados que hicieron difícil la consecución de la información. El hoy magistrado Reyes firmó el contrato como subgerente de la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores, de donde era representante legal. El tiempo estipulado para la entrega de las bases de datos era de 120 días y la información tenía que ser remitida cuidadosamente en una aplicación HTML para garantizar el seguimiento a los internos por parte de la oficina del Alto Comisionado.
El primer pago de 172 millones de pesos se pactó una vez Reyes y su compañía entregaran la ficha digital para su caracterización. El segundo pago por 230 millones de pesos se debía dar dentro de los dos meses siguientes al inicio del plazo de ejecución del contrato. Y el tercer pago, como el primero, por 172 millones, se daría una vez finalizado el plazo de ejecución y entregados los informes finales. El 15 de noviembre las partes hicieron una prórroga del contrato por un mes más hasta diciembre de 2016. En total la ejecución del contrato duró cinco meses y medio.
Para la firma del contrato el actual magistrado hacía las veces de subgerente de la compañía. En septiembre del 2018, la Corte Suprema de Justicia escogió a los nuevos magistrados de la sala especial de Instrucción y de primera instancia, entre ellos Reyes.
Contrato en el Secop
En octubre del mismo año, el presidente recién electo Iván Duque Márquez posesionó a los magistrados de la Suprema que luego pasaron a tener en sus manos el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe por la reforma legislativa, que permitió la segunda instancia para aforados. Hasta antes de ese momento, la investigación se encontraba en el despacho del poderoso magistrado José Luis Barceló de la sala penal.
Aunque el citado caso, motivado por el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quedó primero en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, ella fue recusada porque en el pasado perteneció a las Fuerzas Militares y primó el concepto de que, bajo esa lógica, era subalterna del presidente de la República, que en ese momento Álvaro Uribe.
El contrato del magistrado Reyes se dio bajo la modalidad de contratación privada. Su jefe natural era la oficina de la Presidencia de la República, es decir el propio Juan Manuel Santos. Sin embargo, el contrato solo se conoce hasta ahora por difusión del investigador del Twitter @DenunciaJulio y la FM.
Lo curioso del asunto es que el Magistrado Reyes impulsó el impedimento de su colega la magistrada Lombana, porque supuestamente había estado cerca a Uribe Vélez, pero nunca dijo nada de su por su trabajo, bajo las órdenes directas de Santos, opositor declarado del jefe del Partido Centro Democrático. Así como tampoco se declaró impedido por su estrecha amistad con Pilar Rueda, la esposa de Iván Cepeda, el denunciador de Uribe. Vea ese tema publicado en nuestro portal, AQUÍ.
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La Otra Cara
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