Los acontecimientos de los últimos días solo evidencian que las cosas con la empresa Electricaribe S.A. ESP. no han cambiado y que la incurIa del Gobierno Nacional y la de los mandatarios locales, en función a resolver la profunda problemática asociada a la prestación del servicio público domiciliario de suministro de energía eléctrica en la Costa Caribe, hacen de esta una bomba social cada vez más peligrosa.
La Superservicios en septiembre de 2012, en desarrollo de las acciones de vigilancia y control sobre el servicio de energía eléctrica en la región caribe, terminó celebrando con esa empresa, en noviembre del mismo año, un acuerdo de mejoramiento para verificar los avances y establecer los indicadores de seguimiento de calidad del servicio. Acuerdo, que como los anteriores, resultó ser otro saludo a la bandera. (Ver ACUERDO:http://1drv.ms/1T9J4Te)
Para establecer la inutilidad de estos acuerdos y la desatención gubernamental ante las continuas fallas en la prestación del servicio basta revisar la historia reciente de la misma.
En primer lugar se ha hecho costumbre que a la hora de las responsabilidades frente a las deficiencias denunciadas se apele a la presunta circunstancia de no pago de las comunidades. Pero cuando uno hace una verificación de lo que ha venido ocurriendo se encuentra uno que en contra de las comunidades que mayores conflictos presentan se han cometido grandes injusticias a efectos de amasar un jugoso negocio.
Una primera evidencia la arroja el “Informe de Auditoria Externa de Gestión y Resultados – 2004 suscrito por Jesús Salcedo, Representante Legal de Deloitte & Touche Consultores Ltda. empresa auditora externa de Electricaribe S.A. E.S.P.
En este informe se precisó que “Durante el año 2004 se recibieron $39.914 millones de Foes (Fondo de Energía Social) en Electricaribe, Electrocosta y Energía Social”. Dineros estos que estaban destinados a disminuir el costo de la energía de los usuarios de las zonas especiales.
Sin embargo, de acuerdo con dicho informe, dichos recursos sirvieron para que “la empresa dispusiera, durante el segundo semestre del año, de la caja necesaria para afrontar sus obligaciones y adelantar los planes y programas previstos”. Concluyó el informe diciendo que “La estabilidad en el flujo de caja de la compañía, logró que la empresa quedara al día con todas sus obligaciones con generadores, proveedores y contratistas”.
Es decir, estas empresas ajustaron sus finanzas con los dineros que estaban destinados a disminuir el costo de la energía de los más pobres.
Las redes no son ilegales
Por otra parte ni Electricaribe S.A. ESP. ni su subsidiaria Energía Social S.A. ESP. invierten un solo peso para la mejora de las condiciones de las redes de suministro a los barrios subnormales. Amparados en los contratos comunitarios de suministro de energía obligan a las comunidades al aporte de postes, redes, transformadores, etc. para poder acceder al servicio. Tales infraestructuras se instalan previo diseño de la empresa Electricaribe S.A. ESP. con apoyo de la mano de obra de Energía Social S.A. ESP.
Por lo que resultan falsas las afirmaciones de dichas empresas en relación a la justificación de que se tratan de conexiones rudimentarias y antitécnicas.
Más grave aún es el hecho que no obstante que los dueños de la infraestructura son las comunidades a éstas no se les reconocen las compensaciones por el activo aportado en la tarifa que se les cobra.
La Normalización sólo ha sido anuncios
Energía Social S.A. ESP. ha precisado que en el Departamento del Magdalena, por ejemplo, se cuentan 535 barrios subnormales y alrededor de 100 mil familias o usuarios conectados irregularmente al servicio. Usuarios que de acuerdo con la Resolución CREG 120 de 2001 (amparada por la Ley 142 de 1994) debieran haber sido normalizados hace once años. Es decir, a más tardar el 6 de julio de 2014.
Lo más lamentable de la situación es que de acuerdo con el último reporte PRONE (Programa de Normalización Eléctrica) conocido sólo hay aprobados para el Departamento del Magdalena 23 proyectos que beneficiarían supuestamente a 11.561 familias y normalizarían el servicio a 40 barrios de 8 municipios.
Pobre gestión después de más de 10 años en los que se anunciaron multimillonarias inversiones por parte del Gobierno Nacional y la misma Electricaribe S.A. ESP.
Lo cierto es que en el Magdalena debieran estar normalizado el servicio de suministro de energía eléctrica de los siguientes asentamientos subnormales: En Santa Marta: Portales de la Avenida, Los Cardonales, Luis Carlos, Galán, Ondas del caribe, 8 de Diciembre, Monterrey, Timayui. Ciénaga: Arbolada, paraíso y Urbanización Nueva Floresta. Zona Bananera; Las Palmas, San José de Kennedy, San Juan, Tucurinca y Zawady. Piñón: barrios Arriba, El Carmen, El centro, Abajo y Villa San Carlos. Fundación: barrios Altamira, Faustino Mojica y Cordobita. Plato: Mercedes, Victoria, Villa Rosa. Salamina: San Martín, Nueva, Esperanza, Pastoral y Barrio Abajo. El Banco: Las Américas, Las Marías, San Martín, Trino Luna y El Carmen.
Electricaribe ya ha sido sancionada por irregularidades cobros de recursos
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante comunicado de prensa informó hace unos años que Energía Social S.A. ESP. mediante la presentación de facturas de usuarios no registrados en el SUI (Sistema Único de Información de la Superservicios) se apropió de forma irregular de $ 15.000 millones por concepto de subsidios, lo que motivó una millonaria sanción de la misma.
En su disposición la Superservicios precisó que “Ello no sólo atentó contra la estabilidad del esquema sino que además priva del servicio a miles de familias que tienen en el subsidio su única esperanza de acceder a dicho servicio en condiciones dignas”.
De esta sanción se supo que había sido recurrida pero nunca se informó si finalmente la misma se hizo efectiva.
Conducta que, independientemente la suerte de la sanción, genera serias dudas en relación con las cifras y los censos que ha reportado esta empresa a efectos del cobro de los subsidios a que tiene derecho por cada kilovatio entregado a las comunidades más deprimidas de la región.
Barrios de Invasión y Alto Riesgo legalizados por cuenta del servicio
Y es que por la vía de la suscripción de contratos comunitarios a diestra y siniestra se han venido legalizando asentamientos en zonas de alto riesgo, invasiones y loteos muy a pesar la prohibición expresa que consagra la ley de invertir dineros públicos en este tipo de asentamientos.
Luego de tantos años, abusos y maltratos a los más pobres de la región Caribe Colombiana, no podría uno cuestionarse, el que Electricaribe S.A. ESP. sea ¿una asociación para delinquir?
Por Alejandro Arias
MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN PARA LA PRENSA LIBR
