El Presidente Santos explicó que los civiles que fueron obligados o amenazados para que participaran en el conflicto nada deben temer. Y que intervinieron de manera voluntaria y fueron determinantes en los delitos más graves y representativos “podrán ser objeto de la jurisdicción especial”. La justicia será para los culpables, no para los inocentes.
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció este martes las bases sobre las que operará la justicia transicional para los civiles que “quedan en medio del conflicto y algunas veces pueden cometer, con ocasión del conflicto, conductas que sean consideradas delitos”.
El Mandatario en su declaración, en la Casa de Nariño, subrayó que “los civiles antes que nada, han sido víctimas y no los vamos a victimizar de nuevo”.
Puso de presente que “algunos han sido obligados a colaborar material o económicamente con grupos armados ilegales; han sido obligados bajo amenazas de retaliaciones o de cualquier tipo”.
“Que quede muy claro, quienes colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas, son víctimas y sus comportamientos no serán objeto de conocimiento por parte de esta jurisdicción especial para la paz”, dijo.
Justicia para culpables no para inocentes
Tras hacer énfasis en que esta justicia es para culpables y no para inocentes, el Jefe del Estado aseveró que “quienes no participaron por voluntad y cuenta propia en algún hecho delictivo dentro del marco del conflicto, no tienen nada que temer”.
Agregó que “no se trata de ninguna manera de una persecución o como algunos han dicho, de una cacería de brujas”.
A renglón seguido afirmó que quienes “sí participaron voluntariamente por su propia iniciativa con grupos armados ilegales, podrán ser objeto de la jurisdicción especial para la paz. Pero óigase bien, está jurisdicción se concentrará en aquellos casos en los que haya existido una participación determinante, la palabra determinante es crucial”.
Explicó, además, que de “ese tercero, la condición de los delitos más graves y representativos como lo son los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, el genocidio o el desplazamiento forzado”.
El Mandatario subrayó, una vez más, que únicamente aquellos civiles que “hayan sido determinantes en delitos graves, de lesa humanidad, delitos graves que realmente ameriten, serán objeto y llamados por esta jurisdicción especial”.
Sostuvo que las sanciones para quienes sean hallados culpables “no podrán superar la duración de las establecidas para los demás responsables”.
Dijo que dichas sanciones incluirán “acciones de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas como el esclarecimiento de la verdad o la reparación en consonancia con aquellos que hemos dicho desde un principio que las víctimas, la satisfacción de sus derechos está en el centro de la solución de este conflicto”.
También explicó que aquellos civiles que “no hayan tenido una participación determinante en estos delitos, esta jurisdicción podrá aplicar medidas como la suspensión de la pena o la renuncia a la persecución penal”.
Oportunidad para cerrar casos
El Mandatario aseveró que actualmente en la Fiscalía hay más de 13 mil expedientes en los que se menciona a muchísimas personas, y “si no les damos la oportunidad de que cierren sus casos y se beneficien de esta justicia transicional, el día de mañana en 10, 15 o 20 años, podrán ser llamados por la justicia ordinaria y sometidos a un juicio”.
Resaltó que con esta información se tranquiliza mucha gente, porque “aquí lo que se ha venido comentando y la desinformación que se ha venido dando, es que se iba a iniciar una ‘cacería de brujas’ contra todos aquellos que en una u otra forma habían pagado extorsión o habían financiado ciertos grupos de las Convivir y eso no es lo que va a suceder”.
“Por eso creo que es importante tener esas reglas claras y tener la información correcta”, puntualizó el Presidente.
