Gobernación de Bolívar malversó $32 mil millones: Contraloría


 
Hay desde estudiantes fantasmas, hasta IPS a que les pagaron y no existen.

La Contraloría General de la República mediante una auditoría encontró hallazgos o malos manejos de recursos cercanos a los 32 mil millones de pesos en la Gobernación de Bolívar en contratos del Sistema General de Participaciones en los sectores de Educación y Salud, correspondiente a los años 2012 y 2013.

Según el organismo de control, en el año 2012  se presentó en el sector de la educación departamental un presunto daño patrimonial cercano a los $3.000 millones.

La Contraloría también  efectuó su extensa auditoría a la salud, donde revisó los contratos de 2013 y detectó 21 hallazgos administrativos de los cuales 13 de ellos tienen un alcance fiscal fijado en $29.161 millones. La suma de esos dos rubros, educación y salud, da la cifra de los 32 mil millones de pesos, supuestamente malversados.

Debacle en la salud 

La entidad de control calificó como desfavorable la gestión adelantada por el Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, en materia de salud, por no cumplir los principios de economía, eficiencia y eficacia.

El hallazgo más relevante detectado por la Contraloría está relacionado “con el indebido pago, y sin los debidos soportes, por parte del ente territorial de medicamentos y prestación de servicios a pacientes hemofílicos, por valor de $25.450 millones, que correspondía asumir a las EPS donde los mismos se encontraban afiliados (MUTUAL SER, COMFAMILIAR, COOSALUD, COMPARTA, SALUDVIVA, LA NUEVA EPS y CAJACOPI)”.

Gobernación de Bolívar

 

 

Pagos indebidos por pacientes hemofílicos

El departamento de Bolívar recibió 17 fallos de tutela en su contra en el período 2009-2013, provenientes de diferentes juzgados, ordenando a la Secretaría de Salud Departamental garantizar el derecho a igual número de pacientes diagnosticados con hemofilia a recibir el medicamento y tratamiento necesario para el manejo de su enfermedad, sin embargo la Contraloría determinó que la administración de Gossaín no adelantó  una gestión oportuna para defender el patrimonio público  y ejercer la debida defensa jurídica para que se le exonerara de esta responsabilidad y las EPS fueran obligadas a cumplir sus obligaciones.

“Esto teniendo en cuenta que el medicamento requerido (Fandhi 500 U.I Factor VIII Antihemofilico), es suministrado por las EPS y también forman parte del POS los diferentes procedimientos para el tratamiento integral de esta enfermedad”, dice la el organismo.

La Contraloría señala que encontró que los pagos a cada IPS por este concepto se realizaron sin que existiera certeza de la prestación efectiva del servicio y, lo que es peor, si comprobar su existencia física.

El extenso informe del organismo de control explica: “La facturación presentada por las IPS no presenta detalladamente los costos de los procedimientos realizados para la atención de cada paciente atendido y tampoco existe documento que indique el precio al cual el prestador facturó los medicamentos e insumos a la Secretaría de Salud”.

“No se observó que la auditoría médica de la Secretaría de Salud Departamental hubiera realizado glosas a la facturación radicada por concepto de prestación de servicios de salud a pacientes hemofílicos, a pesar de que estaba presentada de manera inadecuada y carecía de los debidos soportes, lo cual imposibilitaba las verificaciones correspondientes sobre los procedimientos efectuados, medicamentos suministrados y costos y tarifas aplicadas para los cobros presentados por las IPS”.

“La Secretaría de Salud Departamental de Bolívar ejecutó recursos de Prestación de Servicios de Oferta y NO POS, sin que hubiere mediado contrato con las IPS que presuntamente atendieron a los pacientes diagnosticados como hemofílicos”.

IPS inexistentes

La Contraloría  visitó las instalaciones de una de estas IPS, llamada ASISTEGRAL, donde presuntamente funcionaba dicho establecimiento médico y encontró una locación desocupada que no presta ningún tipo de actividad económica. Una persona, que se identificó como la representante legal de la firma, indicó que ya dejaron de funcionar. Al respecto, la Secretaría de Salud Distrital de Cartagena informó en un oficio dirigido al organismo de control que dicha IPS funcionó en el Distrito desde febrero de 2012 hasta 2014.

“Se determinó también visitar la Fundación Ciénaga de la Virgen y se pudo establecer que la dirección que aparece en el certificado de Cámara de Comercio y en la papelería propia de esta IP, era inexistente, por lo cual no se pudo adelantar ninguna diligencia de parte del equipo auditor”, manifiesta la Contraloría.

La IPS ASISTEGRAL recibió pagos por $10.467 millones, la IPS Fundación Ciénaga de la Virgen $9.513 millones y la ESE Hospital Divina Misericordia de Magangué $5.469 millones.

Estudiantes fantasmas 

Otro hallazgo importante, esta vez en el manejo de recursos para educación, está relacionado con la contratación por $14.886 millones del servicio educativo en el departamento con la Diócesis de Magangué (contrato No. 276-2013), donde se observó que se subcontrató el 95% del valor total del contrato.

La Contraloría detectó 244 registros educativos duplicados de alumnos matriculados en las diferentes instituciones educativas oficiales comprendidas en el objeto de ese mismo contrato (276 de 2013).

“Adicionalmente, se verificó la ausencia de 240 estudiantes que no se hallaron en tales colegios. Igualmente, no se encontró registro de sus calificaciones, con lo cual se evidencia que este servicio no se prestó”, ratifica el organismo de control.

Es decir, en este caso, de 244 estudiantes que pagaba la Gobernación de Gossaín, 240 no existían, sólo eran reales 4 alumnos. Lo que es un claro detrimento patrimonial para el erario público.

Según el listado que aportó la Secretaría de Educación Departamental sobre alumnos efectivamente atendidos por el contrato referido, aparecen registros de 66 estudiantes que la Contraloría constató no fueron matriculados y por tanto no se les prestó servicio educativo.

Los daños patrimoniales que presuntamente se dieron por irregularidades en la ejecución del contrato suscrito con la Diócesis de Magangué suman $3.710 millones.

Gobernador alega persecución por época electoral

La denuncia pública sobre estas supuestas malversaciones del Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, la hizo la Veeduría Popular por Cartagena, que conoció de primera mano los contratos irregulares y los suministró a la Contraloría, que a su vez certificó con sus auditorías los presuntos malos manejos de los recursos públicos.

Aunque el Gobernador Gossaín asegura que se trata de difamaciones contra su administración para aprovechar que se avecina la época electoral, lo cierto es que los hallazgos son ratificados por la propia Contraloría con pruebas y el funcionario departamental deberá explicar esas contrataciones, o de lo contrario deberá asumir un juicio fiscal.

El funcionario todavía no es responsable de los hallazgos de la Contraloría, pues el ente de control  se  encuentra en una etapa de investigación,  por lo que tiene la oportunidad de presentar sus descargos y las pruebas a su favor para defenderse. Pero,  si el Gobernador es encontrado responsable de la supuesta malversación podría ser apartado del cargo y deberá responder con su pecunio por los dineros del erario público.

Este es el informe completo: AUDITORIA CONTRALORIA GOB BOLIVAR 2013

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