En octubre del 2014, durante la administración provisional de José María «Chemita» Ballesteros, como Gobernador de La Guajira, en reemplazo del recién detenido burgomaestre local José Francisco «Kiko» Gómez, se firmó un jugoso y escandaloso contrato por 17.584 millones de pesos para hacer un estudio sobre las características del dengue en el citado departamento y establecer acciones para reducir a los afectados.
Lo cuestionable y misterioso del caso es que un estudio haya costado tanto dinero, más de 5.8 millones de dólares (con un cambio de 3000 mil pesos), con el cual la Gobernación hubiese podido ayudar a solucionar la critica situación de desnutrición y hambre que sufren los niños nativos en casi todas las rancherías Wayúu.
El caso se conoció por un denuncia del actual Gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, quien está revisando todas las actuaciones de las administraciones anteriores, luego de haber sido nombrado en ese cargo por el Gobierno Nacional, en forma provisional, como reemplazo de la destituida mandataria de Cambio Radical Oneida Pinto, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado por violaciones al régimen de inhabilidad.
Según Vélez, esta contratación sobre el dengue lo dejó muy preocupado, pero «por fortuna solo se han pagado unos $2.500 millones” del negocio, el cual este podría replantear.
Vélez informó a los medios de comunicación y a la opinión pública, que encontró 53 contratos firmados con presuntas irregularidades en su adjudicación, los cuales suman más de $50.000 millones.
El burgomaestre también se refirió a un contrato en la Dirección de Turismo al que no debía pagársele anticipo y sin embargo se le pagó.
Pero hay otros grandes negocios, como el contrato 471, firmado el 30 de julio de 2015 con el consorcio Puente Guajira por valor de $2.973 millones para la construcción del puente sobre la quebrada Moreno, ubicado en el corregimiento de Villa Martín, jurisdicción de Riohacha, la capital del departamento, el cual presenta muchas anomalías.
Vélez aseguró que ya envió las copias de los 53 millonarios contratos, incluyendo el del dengue, que tiene las “graves” irregularidades, a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría en Bogotá, con el objetivo de que estas autoridades determinen si hay razones para abrir investigaciones penales o disciplinarias.
Vélez le pidió la renuncia protocolaria a todos los secretarios del despacho, quienes habían sido nombrados por Oneida Pinto, con el fin de depurar la administración de funcionarios corruptos e ineptos, la mayoría ubicados dentro del juego burocrático de la política local y dejar a los idóneos. Lo cual generó tensión en la entidad regional, pero el mandatario está facultado por la ley para hacer los cambios que desee durante su gestión, por corta que esta sea.
