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Una Auditoría de la CGR determinó que en la Sociedad de Activos Especiales las gestiones realizadas por depositarios provisionales, que administran 6 sociedades, han sido deficientes, negligentes, antieconómicas, inoportunas, ineficientes e ineficaces. En esa entidad se dan fallas en la supervisión, seguimiento y control a la gestión desarrollada por los citados depositarios.
La Contraloría General de la República estableció 38 hallazgos administrativos, de los cuales 6 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $14.150 millones, al concluir una Actuación Especial de Fiscalización realizada a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) sobre sociedades y establecimientos de comercio que administra en el Valle del Cauca, Magdalena y Bogotá.
Estos 6 hallazgos fiscales se configuraron en la administración, supervisión y control de 6 sociedades, las cuales son:
1.Sociedad Gran Muelle: hallazgo fiscal por $5.319 millones, por cánones de arrendamiento vencido. Esto produjo un deterioro de la cartera sin que se hubieran dado las gestiones o acciones correspondientes para la recuperación efectiva de la misma.
2. Sociedad APVA, hallazgo fiscal por $5.689 millones, por la misma situación anterior: cánones de arrendamiento vencidos que deterioraron la cartera.
En el caso de este hallazgo aparte de tener incidencia fiscal, tiene carácter disciplinario.
Y se determinó la existencia de una presunta connotación penal, sustentada en el deterioro de cartera efectuado a uno de los arrendatarios (INTENALCO), quien a través de un requerimiento informó a la Contraloría que efectivamente dio cumplimiento al pago de los cánones de arrendamiento castigados no observándose el ingreso de estos a la sociedad APVA.
Tal situación, que afectó la productividad de la sociedad llevándola a pérdidas económicas, en concepto del ente de control fue causada por una deficiente administración por parte de su depositario provisional y una incompleta supervisión, control y seguimiento por parte de la SAE.
3. Sociedad Vaselinas Industriales de Colombia, hallazgo fiscal por $36.805.000 por pago de intereses de mora y retenciones en la fuente, hecho que refleja una inadecuada administración de la sociedad, pues se inobservó lo establecido en el régimen tributario en el sentido de que “Los impuestos sobre los bienes que se encuentran en administración o a favor del FRISCO no causan intereses remuneratorios ni moratorios durante el proceso de extinción de dominio».
4. Sociedad Valle Nevado, hallazgo fiscal por $33.870.000 por concepto de intereses moratorios, sanciones por extemporaneidad y multas de la DIAN y Secretaría de Hacienda de Bogotá, incumpliendo también el régimen tributario.
5. Sociedad Inversiones Camacho Estupiñán, hallazgo fiscal por $3.312.464 por multa de la Superintendencia de Sociedades, pago que se realizó con cargo a la productividad de la sociedad y que es producto de una ineficiente administración por parte del depositario provisional y falta de seguimiento, control y supervisión por parte de la SAE.
6. Sociedad Typsa, hallazgo fiscal por $3.068 millones, dado que a través de su depositario provisional castigó cartera sin haber adelantado las acciones correspondientes para la recuperación efectiva de la misma por valor de $3.068.242.552.
Este hecho afectó las utilidades de la sociedad y produjo una disminución del patrimonio de la misma del -109%, situación que refleja una inadecuada administración de la sociedad e inobservancia de lo establecido en su política contable.
Fallas de la SAE en supervisión, seguimiento y control
La Contraloría Delegada para el Sector Justicia encontró que la SAE no ha ejercido de manera eficiente, eficaz y oportuna su obligación de supervisión, seguimiento y control a la gestión administrativa, financiera, contable y jurídica desarrollada por los depositarios provisionales que administran las sociedades que fueron objeto de revisión y análisis en la Actuación Especial de Fiscalización.
Esta situación ha impactado de manera negativa el cumplimiento del objeto social y productividad de algunas de las sociedades bajo su administración.
Las sociedades revisadas y analizadas están siendo administradas bajo la figura de depósito provisional.
De acuerdo a la muestra revisada y analizada se determinó que de 23 sociedades activas en proceso se extinción de dominio, 8 son improductivas y 15 están cumpliendo con su objeto social y son productivas, de las cuales 3 (SANAR, MACEDONIA LTDA y CRETA S.A). transfirieron recursos de utilidades al FRISCO, en el año 2021.
Gestión deficiente y negligente de depositarios provisionales
En la auditoría se determinó que en la mayoría de los casos las gestiones adelantadas por los depositarios provisionales han sido deficientes, negligentes, antieconómicas, inoportunas, ineficientes e ineficaces, afectando en algunos casos el cumplimiento del objeto social y la productividad de las sociedades que administran, presentándose el riesgo de disolución y liquidación de las mismas.
De los 38 hallazgos administrativos detectados, 33 presentan presunta incidencia disciplinaria, 1 connotación penal, y 6 son de carácter fiscal por $14.150’899.971, y hay 2 con otras incidencias.
De acuerdo con lo hallado por la Contraloría, la SAE a pesar de haber asumido hace unos ocho años su función como administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), aún no cuenta con información clara y completa, relacionada con el estado de los inventarios de las sociedades activas en proceso de extinción de dominio y establecimientos de comercio que fueron recibidos en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en el año 2014.
