No conformes con haber recibido grandes contratos a dedo por más de 496 mil millones de pesos, en solo tres años, de manos de Caprecom, según lo reveló una Auditoría Forense, los dueños de la Cooperativa Coopservicios se valen de toda clase de figuras jurídicas para sacarles dinero a la única EPS del Estado colombiano. Luego de un masivo Derecho de Petición, ahora utilizan una tutelatón.
Los propietarios de las firmas Coopservicios y de Cooperamos, que llegaron a la EPS pública en 2008, son los empresarios manizalitas Juan Carlos Giraldo Bernal y César Augusto Aristizábal Giraldo.
El estudio forense de la empresa JAHV McGregor S.A sostiene que tanto Coopservicios como Coperaramos, recibieron en forma irregular, sin los requisitos, «durante el periodo 2010 – 2012 por valor $ 496.336 millones de pesos, por servicios de suministro de personal asistencial, operativo y administrativo» a Caprecom. En otras palabras, les manejaban a la entidad todo el personal, incluyendo el pago de la nómina. La Auditoría fue contratada por la actual directora general de Caprecom, Luisa Fernanda Tovar Pulecio, con el fin de inspeccionar la situación contractual de la EPS, que se encarga de prestar servicios de salud a los empleados estatales, pero por razones desconocidas nunca reveló su contenido, no obstante, varios empleados filtraron parte de la misma a La Otra Cara que la publicó en este link: COOPERATIVAS.
Sin embargo, las dos firmas luego de haber obtenido los jugosos contratos, alegaron que Caprecom les debía dinero, unos 16 mil millones de pesos, y sorpresivamente entraron en liquidación, afectando a más de 3.000 empleados de la entidad estatal y a sus familias, quienes habían depositado sus aportes en dichas cooperativas como ahorro voluntario, con el fin de buscar unos beneficios, entre ellos, intereses y toda clase de préstamos. El promedio de los aportes de cada afiliado a estas empresas, era un mínimo de 70 mil pesos mensuales, para los que menos ahorraban, y aumentaban dependiendo el salario del trabajador.
Es decir, las cooperativas defraudaron a sus afiliados a quienes todavía les adeudan sus aportes y prestaciones sociales, pero esos gigantescos recursos se lo piensan sacar primero a Caprecom para luego pagarles a los ahorradores, por eso, utilizan para su propósito a los empleados actuales y hasta a los retirados para firmar documentos con el fin de cobrarle a la EPS.
Los Giraldo ya habían utilizado el plan de enviarles a los empleados de Caprecom, mediante su abogado Andrés Suárez Visbal, un masivo Derecho de Petición para que los afiliados lo firmaran y luego fuera remitido a las directivas de la Caja, con el objeto de sensibilizar al Gobierno en el reclamo de los miles de millones de pesos. A los trabajadores estatales les llegó una carta en el mismo correo de ese Derecho de Petición, como nota aclaratoria, para que pudieran actuar. Ver la nota en nuestra revista titulada: Un extraño derecho de petición para ejecutar a Caprecom.
La historia se repite y ahora a esos mismos afiliados les llega un masivo correo con cuatro formatos de Tutela, para que ellos escojan una de estas, la firmen y luego sea radicada ante un juez competente. El propósito es el mismo: cobrarles a Caprecom. Esta tutelatón promete congestionar los despachos judiciales. Este es parte de una de las tutelas:
Tal como sucedió hace unos días con el Derecho de Petición, con este correo masivo de las tutelas, a los empleados les llegó una carta con un instructivo sobre cómo se debe diligenciar la querella. La diferencia es que ya los dueños de las citadas cooperativas no utilizan al abogado Andrés Suárez, el mismo que interpuso en Cartagena nueve demandas de las empresas de los Giraldo contra Caprecom, tal vez por estrategia legal, sino al también jurista Andrés Avelino Castillo Torres. Esta es la nota aclaratoria:
Recordemos que ya el Gobierno Nacional anunció la liquidación de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) por la corrupción y los malos manejos financieros, producto del despilfarro y la malversación de sus recursos, especialmente en la contratación irregular en su sede central de Bogotá y en casi todas sus dependencias en las diferentes ciudades del país.
Cabe preguntarles a los Giraldo: ¿Por qué no les pagan a sus abonados con las cuantiosas ganancias que les quedaron de los contratos multimillonarios que les adjudicó Caprecom, sin cumplir algunos requisitos de ley, según lo ratifica la Auditoría de JAHV McGregor S.A?
