¿Deberían devolverle al Estado las millonarias indemnizaciones por las supuestas desaparecidas del Palacio?


 

A lo largo de estos 30 años en Colombia, el caso de los desaparecidos en la toma terrorista del M-19 al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, ha sido el tema preferido por los medios de comunicación, pues siempre se dijo que esas personas salieron vivas del lugar, luego ajusticiadas y sus cuerpos escondidos en sitios desconocidos para que nunca los encontraran. Pero ahora surge a la luz la noticia que algunos sectores vociferaban: No hay desaparecidos,  la mayoría de los restos del hecho violento estaban en bolsas en fosas comunes en el Cementerio de Sur y luego fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, que los guardaba celosamente.

Precisamente, el ente investigador confirmó que los cuerpos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo de Arias y Luz Mary Portela León, tres de las supuestas desaparecidas, fueron hallados y plenamente identificados a través de pruebas de ADN. Es decir, no fueron desaparecidas por el Ejército como se dijo inicialmente.

Imágenes de la retoma del Palacio de Justicia

 

Ellas formaban parte del grupo de 11 desaparecidos forzados por los que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Justicia y por los que el coronel del Ejército Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales fueron sentenciados a 30 y 35 años de cárcel.  Lo que nadie entiende es por qué hasta ahora se pronuncia la Fiscalía y dejó que el Estado fuera penalizado por un hecho inexistente. Además, por qué demoró tanto en identificar los cuerpos.

Ese holocausto del Palacio, situado en el centro de Bogotá, fue planeado y ejecutado por el antiguo movimiento guerrillero M-19, que luego se desmovilizó y algunos de sus miembros gozan actualmente de puestos públicos de elección popular. Aunque el acto fue patrocinado por el poderoso capo del narcotráfico de ese momento Pablo Emilio Escobar Gaviria, con el fin de quemar todos los registros de los mafiosos nacionales para evitar su extradicción a Estados Unidos.

Varios grupos de familiares de las víctimas, defendiendo sus derechos, como el reconocido René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín Cortés,  ya han cobrado, por adelantado, millonarias indemnizaciones a través del Consejo de Estado  y mediante fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como resarcimiento  por el crimen de sus familiares, especialmente argumentando que sufrieron una desaparición forzada por parte de miembros del Ejército, o sea que el Estado fue responsable. Lo cual no está ciento por ciento confirmado y el caso puede dar un giro de 90 grados.

Ahora hay que certificar, utilizando los exámenes de expertos de la Fiscalía y sus modernas técnicas forenses, cómo murieron esas tres mujeres. Si fue por las balas oficiales del Ejército en la retoma del Palacio (donde si hay derecho a indemnizaciones directas); si murieron por la acción de los subversivos  (que seguían las órdenes de la mafia) cuando se apoderaron y quemaron el máximo recinto de la justicia en Colombia. O si fue producto del fuego cruzado, en el intercambio de disparos y bombas de ambos bandos, durante el crudo enfrentamiento que produjo dicha toma.

Pero con esta noticia sobre la aparición de tres de las supuestas desaparecidos, cabe preguntarse: ¿Quién le devuelve a los colombianos los miles de millones que han tenido que sacar de su bolsillo, en forma anticipada, para indemnizar a estos reclamantes de unas desapariciones forzadas que no existieron? ¿Deberán Guarín y las otras víctimas retribuir esos recursos a la Nación? ¿Quedaron sin soporte la gran cantidad de premios de periodismo que se entregaron basados en los supuestos desaparecidos?

La verdad en este caso puede calmar la angustia y el sufrimiento de las víctimas del trágico hecho que enlutó al país.

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