Los contratos de Connecta S.A.S. hicieron retirar al MinMinas Tomás González

Min Minas Tomas Gonzalez

 
Procuraduría afirma que entre 2014 y 2015, cuando ya González se desempeñaba como MinMinas, la empresa Connecta S.A.S., que gerencia su esposa Ángela Baena, celebró contratos con la Presidencia de la República para hacer encuestas y sondeos por $2.600 millones, con adiciones de otros $3.362 millones.

Una investigación que le abrió la Procuraduría General de la Nación causó la renuncia del Ministro de Minas y Energía, Tomás González. El anuncio lo hizo el propio Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien confirmó que González presentó su salida del cargo.

Algunos medios de comunicación dicen que el Ministro dimitió por el mal momento en materia energética que vive Colombia, donde se habla de posibles racionamientos de luz en el todo el país por el mal manejo del Fenómeno del Niño y el misterioso daño de la central de Guatapé, en Antioquia, sin embargo eso es solo un agravante de su situación. Lo que llevó a  González a renunciar, aunque no lo diga públicamente, fue el susto que le produjo una investigación que le abrió el Procurador Alejandro Ordóñez.

El proceso disciplinario del Ministerio Público se basa en su relación con la empresa Connecta S.A.S, de la que fue dueño y que vendió en 2010 a su concuñado Michael Greiffenstein, cuando ya se desempeñaba como Viceministro de Minas y Energía.

 Según el expediente, se indaga si Tomás González “incurrió en alguna conducta irregular que constituya falta disciplinaria por su posible injerencia, intervención, participación o cualquiera otra indebida influencia sobre la contratación o las actividades desarrolladas por la empresa Connecta SAS con algunas entidades del Estado”.

De acuerdo con el organismo de control, entre 2014 y 2015, cuando ya González se desempeñaba como MinMinas, se celebraron contratos por valor de 2.600 millones de pesos, con adiciones por otros 3.362 millones  de pesos, entre la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y Connecta S.A.S., para que esta firma se encargara de elaborar y ejecutar encuestas y sondeos.

En Connecta aparece como representante legal Ángela María Baena Giraldo, la esposa del ahora ex MinMinas, quien además es gerente de esta empresa de encuestas, que ha tenido múltiples contratos con el Estado

La Procuraduría asegura que se habrían firmado otros cinco contratos en ese mismo lapso entre Connecta S.A.S y el Ministerio de Educación por valor de 350 millones de pesos y cuyo objetivo era “brindar apoyo al Ministerio de Educación en la evaluación de la percepción sobre la implementación de la jornada única escolar en los establecimientos educativos del país”.

Una muestra de los contratos

Estos son sólo dos de los varios contratos millonarios de Connecta S.A.S con el Dapre, en épocas en que Tomás González ha sido funcionario del Gobierno, y aunque este haya tratado de cortar sus vínculos con la compañía, es conocido que su conyugue, Ángela Baena, la sigue manejando, lo cual viola El Estatuto Anticorrupción:

Connecta1
Negocio de $1.382 millones

 

Connecta2
Contrato de $666 millones

 

El caso de los contratos de Connecta lo conoció la opinión pública, inicialmente y en exclusiva, por una publicación que hizo el 28 de enero de 2016 el periodista Gustavo Rugeles del portal las2Orillas.com, que pueden leer aquí: “El pago que enreda al ministro de Minas Tomás González”.

El saliente ministro ha sido muy criticado por los sectores de oposición al Gobierno al no haber renunciado antes por los millonarios contratos de su esposa y hasta llegaron a decir, al conocerse su retiro que “Tomás González no sale con las manos vacías del Gobierno”.

González dejó el cargo para defenderse disciplinariamente ante la Procuraduría y de ser encontrado responsable de las faltas gravísimas por las cuales es investigado, podría ser sancionado con destitución del puesto e inhabilitado hasta por 18 años. Y, aunque ya no es funcionario del Estado, esta medida le podría impedir ejercer cargos públicos por el mismo periodo de tiempo de la sanción.

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