Por Libardo Espitia
Tomado de Razón Pública
Con una maraña de irregularidades, la Contraloría habría gastado una suma multimillonaria en conseguir nuevas sedes. Estos fueron los hechos.
Verdad a medias
El saliente Contralor Edgardo Maya informó el 4 de julio que la Contraloría había pagado $110 mil millones al Fideicomiso Paralelo 26-Fidubogotá, con lo cual pasaba a tener la propiedad sobre el 100 por ciento de su sede.
El comunicado de prensa precisó que el valor del edificio no había superado los $308.289.716.607 que el Ministerio de Hacienda había garantizado, lo cual habría implicado un “ahorro” cercano a los 12.000 millones para el erario público. Pero ésta es una verdad a medias.
El arriendo
El 29 de marzo de 2012, la Contraloría celebró el contrato No. 233 con la sociedad Proyectos y Desarrollo I S.A, para tomar en arriendo siete pisos del edificio Gran Estación II, con un total de 29.824 m2 por un valor de $2.515.982.464 de pesos mensuales.
El arrendamiento iría desde la firma del acta de inicio hasta el 6 de agosto de 2014. El contrato incluyó el servicio de mantenimiento de las áreas arrendadas, dejando en claro que el arrendador había realizado los diseños y el acondicionamiento de los espacios de trabajo por valor de 35.971.954.249, amortizables a 10 años.
La sede tuvo un costo superior a los $378.973.995.464,
muy por encima de lo que se informó
En los estudios previos al contrato, la Contraloría sostuvo que esta sede alterna tenía los propósitos de mejorar el desempeño de sus trabajadores y hacer posibles las acciones para optimizar los edificios Colseguros y Crisanto Luque.
El 29 de mayo de 2012 se hizo la primera modificación al contrato 233. Entre otras cosas se pactó que su vigencia correría a partir del 15 de julio de 2012 y que se prorrogaría hasta el 31 de diciembre de 2014 por un valor de $13.299.286.757,25. Hasta el 31 de diciembre de 2014 se pagó a la sociedad Proyectos y Desarrollos I la suma de $76.433.865.212,44.
El detrimento patrimonial
La Auditoría General de la República, en uso de sus funciones de vigilancia, terminó en junio de 2014 la “Auditoría Especial al traslado de las sedes centrales de la Contraloría General de la República y del Fondo de Bienestar Social”. El resultado fueron tres hallazgos fiscales valorados en $76.476.998.463 discriminados así:
Hallazgo No. 1. Por $22.263.291.128, resultantes de la enajenación de los edificios a la Central de Inversión S.A (CISA) por un menor valor, según valoración del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en 2013.
Hallazgo No. 2. Por $54.091.327.959, recursos destinados al contrato 233 y las prórrogas convenidas con la sociedad Proyectos y Desarrollo I (propietario del edificio Gran Estación II), porque no cumplieron con el fin propuesto.
Hallazgo No. 3. Por $122.379.376, el valor de los bienes muebles abandonados con ocasión del traslado al edificio Gran Estación.
Cabe indicar que la Auditoría determinó que los recursos destinados al contrato 233 hasta el 17 de marzo de 2014 constituyeron un daño en cuantía de $54.091.327.959 (el valor del segundo hallazgo), a la vez que corrió traslado a la Fiscalía General por considerar que había implicaciones penales.
Las sedes del centro
A mediados de 2014, los medios informaron que el Ministerio de Hacienda había autorizado la compra del edificio Gran Estación II como sede para la Contraloría.
Inmediatamente el fiscal Montealegre le advirtió tanto al Ministerio como a la Contraloría que se estaba adelantando una investigación por extinción de dominio relacionada con la construcción del centro comercial Gran Estación. La advertencia fue reiterada y el Contralor tomó la decisión de no prorrogar el contrato de arrendamiento, aunque la sociedad Proyectos y Desarrollo I sí tenía la voluntad de prorrogarlo.
El 12 de diciembre de 2014, la Contraloría presentó una demanda ante la Cámara de Comercio de Bogotá para convocar un tribunal de arbitramento que declarara la nulidad absoluta del contrato.
El Contralor también interpuso una acción de tutela para que se ordenara a la sociedad Proyectos y Desarrollos I postergar la entrega del edificio. Y aunque el Consejo de Estado negó la tutela, no encontró reparo alguno en que el contrato hubiera sido prorrogado.
El 30 de diciembre de 2014 el Contralor expidió la Resolución No. 000155 declarando la urgencia manifiesta y procedió a firmar cinco contratos bajo la modalidad de contratación directa para ubicar las dependencias de la entidad durante 2015 y 2016.
La sede de Paralelo 26 ¿y el principio de austeridad qué?
En 2015, el Contralor comenzó las gestiones para conseguir una sede definitiva. Para eso contrató los servicios de asesoría de la sociedad Cavelier Abogados. Ese sería el comienzo de una feria de contratos relacionados para la compra y adecuaciones del edificio Paralelo 26.
El primer contrato con Cavelier fue el No. 370 de 2015 por 370 millones de pesos para la asesoría y las gestiones en la escogencia de una mejor opción para la Contraloría. De 10 propuestas, se solicitó información detallada sobre cuatro, de las cuales tres brindaron la información requerida: RMR 26, Paralelo 26 y Elemento. De allí, la Contraloría consideró que la más conveniente era Paralelo 26.
Sin embargo, el 28 de agosto de 2015 la sociedad Cavelier manifestó que ninguno de los proyectos cumplía las condiciones requeridas y ante la imposibilidad de continuar con el objeto del contrato, solicitó la terminación anticipada del mismo. Con ello se liberaron 210 millones de pesos.
No obstante, la firma Cavelier fue contratada una vez más para buscar otra sede arrendada y como producto de su gestión se recibieron las propuestas de RMR 26 y la de Paralelo 26.
El 27 de noviembre de 2015, la Contraloría celebró el convenio interadministrativo No. 180 con el IGAC para un avalúo comercial que serviría de base para adquirir el inmueble que serviría como sede central de la entidad. El IGAC conceptuó que el valor comercial del inmueble era de $270.233.184.500. Sin embargo, el costo final del edificio sería el valor del avalúo más el precio de la adecuaciones para pasar de obra gris a obra terminada, $36.000.000.000, para un total de $306.333.184.500.
Finalmente, el 26 de diciembre de 2015, se suscribió el Contrato 190 de 2015, entre la Contraloría, en calidad de arrendatario, y Fideicomiso Paralelo 26-Fidubogotá S.A, Inversiones Paralelo 26 S.A.S y Compartimento Paralelo 26 como arrendadoras.
El mismo 26 de diciembre de 2015 la Contraloría prometió comprar a Fideicomiso Paralelo 26-Fidubogotá S.A, Inversiones Paralelo 26 S.A.S y Compartimento Paralelo 26 “las áreas privadas de oficinas pertenecientes al inmueble ubicado en la Carrera 69 Nº 44-35 de Bogotá”, por valor de $308.289.716.606,50, con intereses a la tasa del 11,25 por ciento efectivo anual a partir del perfeccionamiento de las escrituras públicas.
El precio se pagaría en tres contados, así:
- 74.971.088.711,40 el 31 de octubre de 2016.
- 122.450.003.313,09 el 31 de octubre de 2017.
- 110.868.624.582,02 el 30 de junio de 2018.
El contrato especificó que los inmuebles tenían un área construida de 28.107,99 m2 es decir, un área menor que la contratada en Gran Estación II, pero a un valor superior.
Aunque el cuatro de julio se informó, como dije, que el costo la sede no había superado la asignación del Ministerio de Hacienda, no se dijo que mediante el contrato No. 190 se pactaron compromisos de arriendo de oficinas con pagos mensuales que también finalizaban en el mes de junio de 2018, tal como se detalla a continuación.
| CONTRATO 190/AÑO |
2016 |
2017 |
2018 |
| VALOR | 23.924.031.360 | 36.763.839.570 | 9.996.407.928 |
| TOTAL |
70.684.278.858 |
||
Fuente: Contraloría General de la República.
Las irregularidades
…………………………………………….
En síntesis, sin contar los diferentes contratos de asesoría y de amueblamiento, la sede tuvo un costo superior a los $378.973.995.464, muy por encima de lo que se informó a la opinión pública, ya que además superó con creces el valor del edificio Gran Estación II tasado en $321.779.529.420, sede con mayor espacio y comodidad.
Adicionalmente, el 31 de agosto de 2016 el Tribunal de Arbitramento “Contraloría General de la República vs Proyectos y Desarrollos I S.A.”, resolvió condenar a la Contraloría a pagar la suma de $10.256.253.550,12 por el conflicto que ella misma provocó.
La decisión del Contralor Maya de desmantelar la entidad afectando su deber constitucional provocó un enorme daño
Recordemos que la Auditoría General concluyó en 2014 que había un daño fiscal por el contrato con la sociedad Proyectos y Desarrollo I por valor de $76.476.998.463, de los cuales $54.091.327.959 correspondieron a los recursos públicos destinados al contrato inicial.
Pero ese monto se quedó corto frente a los costos definitivos del contrato 233 que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y el monto ordenado a pagar por el laudo arbitral del 31 de agosto de 2016.
Es indudable que la decisión del Contralor Maya de desmantelar la entidad afectando su deber constitucional provocó un enorme daño a las finanzas públicas, comenzando con los recursos invertidos en las sedes del barrio centro para los años 2015 y 2016 y posteriormente con los recursos invertidos en la compra y adecuación de la nueva sede en el occidente de la ciudad. En resumen, sí el contrato 233 fue objeto de exámenes exhaustivos que dieron pie a la formulación de los hallazgos ya señalados, también lo deben ser los contratos 190 y 191 de 2015 suscritos para adquirir Paralelo 26 como sede final del organismo de control fiscal.
No se puede pasar por alto, que el fiscal Montealegre interpuso toda clase de inconvenientes para que la Contraloría continuara en Gran Estación II ocasionando con ello la hecatombe que sufrió la entidad, pero resulta curioso que al poco tiempo, el Ministerio de Transporte trasladó sus oficinas a ese edificio y posteriormente lo haría también la CAR y para éstas entidades no se han dado ningún tipo de cuestionamiento y menos investigación alguna.
La semana pasada le presentaron al Auditor General Carlos Hernán Rodríguez -funcionario encargado de vigilar la gestión de todas las contralorías, incluyendo la Contraloría General- un informe detallado donde le solicitan adelantar una auditoría única y especial por ese asunto. Ojalá tenga la voluntad e independencia para llevarla a cabo y abrir los respectivos procesos de responsabilidad fiscal dada la gravedad de los hechos.
Publicado inicialmente en Razón Pública
