Esta es una de las madres (con su hijo) quien firmó las pruebas que estudia la Corte Interamericana.
La muerte de una niña discapacitada por falta de atención médica para su enfermedad en el departamento de Córdoba, fue el campanazo que puso en alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que pronto se pronunciará al respecto.
La Corte Interamericana estudia cientos de pruebas que le enviaron desde Colombia para ordenar prioritariamente medidas cautelares a favor de unos 300 niños discapacitados de Cordoba, a quienes la Gobernación de esa región del Caribe en nuestro país, no les brinda la atención necesaria, porque no les paga a las empresas que les prestan el servicio.
Las citadas pruebas que llegaron a ese prestigioso organismo internacional de justicia fueron compiladas en un extenso documento, que les remitiron en febrero de 2017, los padres de los menores afectados con sus firmas y con todos los detalles de cada uno de los casos.
Parte del documento enviado a la CIDH.
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La menor fallecida se llamaba Katerine Hoyos Caro, de 8 años de edad, que tenía una patología de Parálisis Cerebral Espatica, según relató entre llantos su madre y Representante Legal, Damaris Caro.
Contrario al proceder de la CIDH, en Colombia la Corte Constitucional se ha demorado en forma inexplicable para tomar medidas sobre este caso.
Desde el 6 de noviembre de 2016 reposa en este Alto Tribunal, engavetada, una sentida tutela en la cual los padres de esos 300 niños le claman a esa Corte nacional que le ampare los Derechos Fundamentales a sus hijos a la salud y a una vida digna.
No se entiende el porqué la Constitucional ha retrasado su pronunciamiento para proteger los derechos de estos menores pobres, que viven en condiciones precarias, cuya única opción para paladear sus dramáticas enfermedades son las terapias de reahabilitación, que solo les pueden brindar las empresas especializadas, certificadas y con las instalaciones modernas adecuadas que ya la citada Gobernación conoce y a las que esta no les quiere pagar por ese noble servicio.
Los niños discapacitados cordobeses tienen derecho a la vida y no se debe esperar hasta su triste final para tomar medidas.
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La Otra Cara
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