Al ritmo anual en que se están ejecutando los recursos del posconflicto, la implementación del Acuerdo Final de Paz se lograría en 26 años, advirtió la Contraloría General de la República.
En el marco del quinto informe de seguimiento a los recursos del posconflicto, la Contraloría reportó este miércoles en un comunicado que la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC se lograría en 26 años.
«Si bien la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5% desde la firma del acuerdo hasta la fecha, el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación. En ninguno de los años, desde 2017, se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por lo que, a este ritmo (en promedio $5,6 billones anuales), la implementación del Acuerdo Final se lograría en 26 años», se lee en el informe.
Advierte al respecto la entidad que se han presentado rezagos en el cumplimiento de lo programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de $8 billones en 2017-2018, $4 billones en 2019-2020 y $3 billones en el 2021.
El organismo de control indica además que la mayor parte de los recursos ejecutados a 2020, se orientaron al punto 1, de Reforma Rural Integral, y al punto 4, de Solución al Problema de Drogas.
«En 2021, el punto 1 asocia el 74,2 % de los recursos, mientras que el punto 4 apenas alcanza un 0,2 %», señala el documento.
Respecto al componente de paz de $42 billones de 2020, se han ejecutado $18,5 billones a marzo de 2021, es decir un 44 % de lo previsto para los cuatro años.
Así mismo, se lee que el Presupuesto General de la Nación ha apalancado el 71 % de la implementación del Acuerdo Final, incluyendo los recursos proyectados en 2021, año en el que esta fuente representa el 95 %, constituyéndose de esta forma en la principal.
Riesgos
Frente a los riesgos la Contraloría para el Postconflicto alerta sobre la desfinanciación de la implementación, por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), fuente que soporta a las entidades territoriales: «La Contraloría sigue alertando sobre la necesidad de reformar la Ley 715 de 2001, para que el SGP aporte de manera efectiva a la Reforma Rural Integral (RRI)».
«Se reitera el riesgo por desbalance en la ejecución de recursos en algunos pilares del Acuerdo Final, frente a apuestas estructurales y cronogramas de la implementación. Es así como mientras el pilar Educación Rural concentra el 24 % de la ejecución acumulada a 2021, el de ordenamiento social de la propiedad, que incluye apuestas como la implementación del catastro multipropósito, solo concentra el 3 % de las asignaciones presupuestales», indica el reporte.
En este aspecto, la entidad de control estableció 31 hallazgos administrativos, de los cuales 23 son de connotación fiscal, por un valor de $11.073 millones, y 29 tienen presunta incidencia disciplinaria.
«En el caso de las obras por impuestos, el 63 % de la inversión ($417.717 millones) se concentra en 6 de los 23 departamentos receptores: Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Norte de Santander y Putumayo. Hay un bajo acceso de otros municipios para beneficiarse con proyecto financiados por este mecanismo», reporta el informe.
Entre tanto, al aplicarse el Modelo de Analítica de Datos de Posconflicto y Víctimas, se han desarrollado ejercicios referentes a subsidios de vivienda, indemnizaciones y ayudas humanitarias, con hallazgos de inconsistencias por $82.810 millones.
«Esto ha llevado a la Contraloría a programar una actuación especial fiscalización para evaluar la gestión respecto a los recursos destinados al pago de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria a la población víctima del conflicto armado, durante las vigencias 2014 a 2020», se lee en el informe.
Punto por punto
En relación con el punto de la Reforma Rural Integral se destaca la reglamentación del subsidio integral de acceso a tierras, pero no se ha implementado.
«En 2020 se inició la implementación del catastro multipropósito, que muestra un avance a 31 de marzo de 2021 del 15,4 % del territorio nacional, lo que equivale a 10,6 millones de Has. Sin embargo, la Contraloría señala un riesgo de desfinanciamiento para esta iniciativa», indica el documento.
Además, el Fondo de Tierras, principal instrumento para abordar esta política, no cuenta con recursos monetarios para la compra o subsidio de tierras.
«La creación de la jurisdicción agraria es unos de los puntos de grave incumplimiento. Debería estar en operación hace 3 años y la dos veces que se ha presentado el respectivo proyecto de ley se ha archivado», reporta el informe.
Sobre el punto de Participación Política, se señala que «con una tendencia decreciente desde el inicio de la implementación, el seguimiento de la CGR evidenció una ejecución de $376.825 millones durante el periodo 2017 a 2020 y una programación presupuestal de $28.005 millones para 2021, un 18 % menos respecto de 2020».
Alrededor del punto del Fin del conflicto, un avance en relación con la implementación es el cumplimiento por parte del Gobierno en la financiación del funcionamiento del partido político Comunes y de su Centro de Pensamiento durante todas las vigencias.
Así mismo, la fase de reincorporación temprana se ha cumplido durante todas las vigencias; se evidencian los pagos de los beneficios a las personas en reincorporación por $404.529 millones entre 2017 y marzo de 2021
«Entre 2018 y marzo de 2021 se han aprobado 2.569 proyectos productivos individuales para 3.371 beneficiarios y 88 proyectos productivos colectivos para 3.090 beneficiarios», informa la Contraloría para el Postconflicto.
Sin embargo, se evidencia la posible pérdida de recursos públicos por $ 2.760 millones equivalentes al apoyo económico brindado a 345 proyectos individuales que se encuentran cerrados, entre otras causas, por deficiencias en la administración, baja rentabilidad, bajos niveles de comercialización y dificultades de acceso, o por el Covid-19.
Para el punto de Solución al problema de las drogas ilícitas, frente a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco del PNIS, con corte a 31 de diciembre de 2020, se reporta un avance de 44.185 hectáreas erradicadas (de una meta de 50.000 a 2022), destacándose como departamentos con mayores niveles de sustitución: Putumayo (23 %), Caquetá (14 %), Antioquia (10 %) y Nariño (10 %).
Pero persiste el rezago en la ruta de atención de los beneficiarios del PNIS en todos sus componentes, especialmente en la fase de proyectos productivos de ciclo corto y de ciclo largo: menos del 1 % de familias (726) tienen su proceso de sustitución culminado.
En el punto del Acuerdo sobre Víctimas del conflicto armado, los principales avances se asocian al cumplimiento misional por parte de las entidades del Sistema Justicia Verdad y Reparación, y en cuanto a la estrategia atención psicosocial del pilar reparación integral para la construcción de paz.
«La JEP avanza con la recepción de informes y el trámite de los 7 macro casos abiertos, con 12.678, personas sometidas y un total de 808 comparecientes vinculados. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) recibió 6.607 testimonios y realizó 11.207 entrevistas», se lee.
De igual modo, se monetizaron bienes entregados por las Farc por valor de $42.680 millones y se cuenta con otros con un valor susceptible de monetizar de $25.924 millones. Y producto de la monetización de los bienes comercializados, a febrero de 2021, se obtuvieron rendimientos financieros por valor de $424 millones.
Sin embargo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) enfrentó barreras en el acceso a información por parte de algunas entidades estatales, argumentando reserva sobre la misma.
Tampoco se cuenta con un universo de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, ni con el Registro Nacional de Fosas, cementerios ilegales y sepulturas –RNF.
Y en el punto de Implementación, Verificación y Refrendación, los mayores avances se asocian a la promoción de sector privado, la cooperación internacional y la continuidad del acompañamiento de la Misión de Verificación.
En cuanto al enfoque étnico, «persiste el rezago en el cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo Final. Son bajas las asignaciones en temas prioritarios para los pueblos étnicos, como el ordenamiento social de la propiedad y las garantías para la participación política».
Y al respecto del enfoque transversal de género «se advierte una omisión generalizada de la población LGTBI en la medidas, programas y proyectos del Acuerdo Final, sobre todo en el punto 1 (Reforma Rural Integral)», critica la Contraloría.
