Por: Germán Calderón España.
RCN Radio presentó el resultado de una rigurosa investigación con audios claros y contundentes sobre jurados de votación corruptos, que muestran el entramado criminal advertido al registrador Alexander Vega Rocha desde principios de esta vigencia sin que se haya hecho mayor control en la delicada situación.
La RegistradurÍa Nacional del Estado Civil es una entidad de orden constitucional encargada de velar por los procesos electorales para que sean adelantados bajo el principio de transparencia e igualdad y con la misión de ofrecer resultados oportunos y confiables.
La confianza del electorado quedó menoscabada y quebrantada, elemento fundamental de la moralidad administrativa, pues muy a pesar de las advertencias hechas por el ex presidente Andrés Pastrana Arango, la directora de la MOE Alejandra Barrios y quienes denunciaron este inaceptable y grotesco fraude, no se adoptaron las medidas necesarias para conjurarlo.
Estos son los audios que presentó RCN…
#Atención | @RCNMundo reveló en primicia audios que revelarían una modalidad de fraude en las elecciones para Congreso y consultas. @Karlaarcila dio a conocer más detalles del caso pic.twitter.com/Mf4DKm8gco
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 4, 2022
Los audios develan cómo estaba funcionando una banda criminal compleja que adoctrinaba jurados de votación para que votaran doble, al punto que se había, por palabras del propio registrador, que 600 mil jurados votaron dos veces, lo que arrojó más de un millón de votos que no han dejado que los resultados aún se conozcan con claridad y certeza.
Germán Calderón, demandante contra el Registrador Vega en el Tribunal Administrativo de Cundianamarca, aportó este MEMORIAL DE SOLICITUD DE PRUEBAS SOBRE LOS AUDIOS DE LOS JURADOS CORRUPTOS.
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Pero hay cosas más graves que tiene que ver directamente con la gestión de la Registraduría. Se dice en los audios que se redujeron los requisitos para poder participar como jurados de votación, lo que permitiría el ingreso a ese ejercicio de personas que iban con un cometido final, nada menos y nada más, que defraudar el proceso electoral.
Se atentó contra la democracia, contra la institucionalidad y contra los ciudadanos. Todo estaba anunciado y el registrado presuntamente incurrió en una omisión grave que hoy podría dejar consecuencias funestas para el país, porque recuerden que estamos a tan solo 4 semanas de las elecciones de primera vuelta presidencial. Es inminente el riesgo, la amenaza, la posibilidad de reiterarse los hechos delictivos que rodearon las elecciones de marzo.
En el Código Penal colombiano están tipificados los delitos electorales, entre ellos encontramos el “voto fraudulento”, que consiste en suplantar a un sufragante o votar más de una vez, o sin derecho consignar un voto en una elección, con una pena principal de prisión de 4 a 8 años.
Así mismo, está tipificado el delito de “alteración de resultados electorales, el cual se produce cuando se alteran, por medios distintos de los señalados, el resultado de una votación o se introduce documentos o tarjetones indebidamente, con una pena de prisión de 4 a 8 años.
Podría decaer esta situación si las autoridades no hacen lo que les compete, en una guerra civil ante el desconocimiento de los resultados por parte de los candidatos.
Tenía razón un ex presidente cuando nos viene diciendo desde hace más de dos años: ¡Ojo con el 22!
