Por Ricardo Mendien
Los juristas que demandaron a Mockus, denuncian penalmente al Contralor Maya por violar el derecho de los niños en condiciones de discapacidad.
El actual Contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, fue denunciado ante el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, por la presunta comisión de varios delitos dentro de los que se encuentran los punibles de Concierto Para Delinquir, Prevaricato por Acción y Omisión y Tentativa de Fraude Procesal entre otros.
La denuncia fue instaurada por los juristas Víctor Velásquez Reyes, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y Eduardo Padilla Hernández, Presidente de la Asociación Red Nacional de Veedurías, los mismos que entablaron la demanda de nulidad electoral contra el Senador Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Šivickas y que cursa en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Tal como relatan los denunciantes, la Contraloría General de la República viene adelantando arbitrariamente un proceso de responsabilidad fiscal contra la representante legal de la empresa Funtierra Rehabilitación Ips, Tania Otero Arroyo, con base en hallazgos fiscales encontrados a la Gobernación de Córdoba durante la administración de Alejandro Lyons, para la vigencia fiscal del año 2015, sin que esté revestida de la calidad de gestora fiscal requisito indispensable para que los particulares puedan ser investigados fiscalmente por la Contraloría.
Aunque desde el mismo momento en que se dio inicio a la indagación preliminar, Funtierra Ips a través de su representante legal, aportó todas las pruebas desvirtuando los supuestos hallazgos fiscales de la Gerencia departamental de la Contraloría en Córdoba y se le solicitó Contralor Edgardo Maya Villazón, adelantar las investigaciones disciplinarias correspondientes contra los auditores y la gerente de la Regional de la CGR en ese departamento, ha actuado con negligencia respaldando a los funcionarios cuestionados a quienes les ha archivado las investigaciones disciplinarias.
Lo peor, alegan los juristas, es que a pesar de no tener competencia la Contraloría para investigar a Otero Arroyo, por tratarse de una particular que nunca recibió anticipos de la Gobernación de Córdoba ni tuvo manejo de recursos del Estado, continúan con un proceso de responsabilidad fiscal violando el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece la obligatoriedad del cumplimiento al Debido Proceso, entre los que se encuentran el ser juzgado por un juez competente, calidad que no ostenta la CGR para investigar a los particulares.
«El derecho a ser juzgado por un juez competente es uno de los principales principios del derecho que le permiten al ciudadano la garantía de ser investigados y juzgados por un juez imparcial de acuerdo a las formas propias de cada juicio respetando esencialmente el derecho a la defensa. Violar este principio es violar el debido proceso y el derecho de todas las personas a su defensa. Es como si un juez civil adelantara un proceso penal contra cualquier ciudadano o el juez de la justicia militar investigara y juzgara a los civiles. Las autoridades judiciales y administrativas están obligadas a preservar este principio del Juez Natural y respetar la Constitución y la Ley que juran cumplir bien y fielmente al tomar posesión del cargo. En este caso el Contralor Maya y sus subalternos se están abrogando funciones que no son de su competencia, por lo que han incurrido en hechos delictivos que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía», señalaron los juristas.
Con esta irregular y anómala investigación fiscal, la CGR también viene atropellando los derechos a la salud y una vida en condiciones dignas de 300 niños en condiciones de discapacidad que eran atendidos por la Ips, cuyos tratamientos fueron suspendidos por la falta de autorizaciones y pago de la Secretaría de Salud de Córdoba, desde la llegada al cargo del suspendido Edwin Besaile Fayad, violando fallos de tutela que amparan el derecho a la salud y la vida de estos infantes.
Lo peor es que en el departamento de Córdoba se rumora que el Contralor Maya Villazón le estaba haciendo un favor al exsenador Musa Besaile, ya que era el senador con más poder y cuotas políticas en la CGR.
El Contralor Maya y la Gerente de la CGR en Córdoba, Alba Posada, han guardado silencio ante los pagos de la totalidad de las cuentas a otras Ips amigas del Clan Besaile Fayad, por parte de la administración del gobernador suspendido Edwin Besaile, que, supuestamente, atendían a niños en condiciones de discapacidad.
Este medio ha conocido que vendrán 11 denuncias más contra el Contralor Maya Villazón, por hechos que revelaran en su momento los juristas.
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