Jimmy Morales no renovará a la Cicig de Iván Velásquez en Guatemala por inducir a la corrupción

«Por la actuación irresponsable de muchos de sus miembros, violando leyes e induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad»: explicó el Mandatario guatemalteco sobre la Comisión de Impunidad.

Tomado de prensalibre.com / Guatemala

El presidente Jimmy Morales anunció el viernes 31 de agosto que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo periodo vence el 3 de septiembre de 2019. La Oganización de Naciones Unidad (ONU) confirmó haber recibido la petición, sin embargo, recordó lo importante que ha sido la institución para el país bajo el mando del colombiano Iván Velásquez.

Según el mandatario guatemalteco, esta decisión es para «fortalecer a las instituciones del Estado» y afirmó que, luego de más de 10 años trabajo, corresponde la transferencia de capacidades de la comisión al Estado.

El Presidente Morales aseguró que el año pasado ya se había notificado a la ONU sobre “preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto al actuar irresponsable de la comisión y de muchos de sus integrantes, violando nuestras leyes e induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad”.

«La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía,se ha violentado la independencia judicial, pretendiendo manipular a la justicia, acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso, garantías humanas amparadas por nuestro derecho y el derecho internacional», ratificó Morales.

Velásquez sin visa

El presidente Morales también confirmó que no renovará la visa del comisionado colombiano Iván Velásquez, el jefe de la Cicig, alegando que en su forma de trabajo utiliza la persecución selectiva.

En agosto de 2017, Morales intentó expulsar de su país a Iván Velásquez (exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia), por considerar que se extralimita en sus funciones, pero esta decisión fue anulada por la Corte de Constitucionalidad y se estableció un diálogo entre el Gobierno guatemalteco y la ONU para solucionar las diferencias.