Sin ser citados a los procesos, la Justicia de Medellín condena como responsables a los empresarios y comerciantes por los crímenes de los paramilitares.
Con ponencia del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, se solicita en una sentencia, medidas de Justicia Transicional para empresarios, comerciantes y otros sectores públicos y privados que promovieron, patrocinaron o financiaron a grupos paramilitares.
Así es lectores, las medidas de Justicia Transicional solicitadas por Pinilla Cogollo obligan a los empresarios, como quiera que los hace responsables del financiamiento, fortalecimiento y propagación del fenómeno paramilitar y los hechos cometidos por éstos, a:
– Revelar la verdad y reconocer su responsabilidad.
– Expresar y realizar actos de arrepentimiento por su participación.
– Pedir perdón por el daño causado con esa conducta.
– Comprometerse a no volver a incurrir en esos actos.
Los empresarios -según la sentencia dictada- deberán ser sancionados, contribuir a la reparación de las víctimas en materia de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición.
El Fiscal General de la Nación ha revelado en sendas ocasiones que la Fiscalía alista imputaciones contra unos 13 mil comerciantes, empresarios, ganaderos y bananeros.
Lo cierto, apreciados lectores, es que sin ser citados al proceso, el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz los condenó como responsables de los hechos cometidos por los paramilitares.
El magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo -quien fuera militante del M-19- ha sido reconocido por sus persecusiones al Presidente Uribe. Porque al decir de este jurista el aumento de las llamadas Convivir coincidió con el periodo del ex Mandatario como Gobernador de Antioquia.
Y aunque el citado magistrado reconoce que el aumento de las Convivir también coincidió con el periodo de la presidencia de Ernesto Samper Pizano, contra este no ha formulado los mismos juicios de culpabilidad.
Y cuidado con esto lectores, la sentencia del Tribunal de Medellín tiene un salvamento de voto del magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez, quien, además de la violación al principio del debido proceso de los empresarios, introduce un análisis como contexto en el cuerpo de la sentencia,
con una visión particular del conflicto: la de la guerrilla.
Ese análisis de contexto del citado magistrado Cárdenas legitima la lucha de tierras -que dice- se vivía en la década de los 80 cuando surgieron los grupos paramilitares.
Obviamente dicho análisis omite que los empresarios, comerciantes ganaderos y bananeros fueron extorsionados por la subversión, como también omite las consecuencias de no pagar “las vacunas” para estos grupos armados ilegales.
Por Alejandro Ramírez
Periodista
