La Debacle del Rio Cauca por una Tragedia Anunciada

Eduardo Padilla
Eduardo Padilla

 

Por Eduardo Padilla Hernández.

Magíster en Derecho Ambiental y Profesor de la materia.

Por varias semanas hemos oído las problemáticas desatadas alrededor de la afectación ambiental del Proyecto Hidro Ituango sobre el Río Cauca, pero aún seguimos sin entender la grave situación que se está presentando en nuestro territorio como efecto de la disminución del caudal.

Definitivamente, el desconocimiento de nuestra administración pública, pero en especial del Estado, sobre los territorios que debe administrar con los principios que determina nuestra Carta Constitucional, queda en evidencia, cuando oímos a personalidades de la política y el periodismo nacional, restar importancia a la situación que se presenta en el Bajo Cauca.

La zona que hoy vemos altamente afectada por el desastre ambiental, económico y social de Hidro Ituango, resulta de relevancia nacional, no solamente para los municipios y Departamentos que directamente lloran la pérdida del río. El impacto es nacional, y mas temprano que tarde vamos a resentir lo que está pasando.

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Foto: El Universoal.com.co

De acuerdo con el Plan Estratégico de la Macrocuenca magdalena Cauca instrumento de planeación especialmente diseñado y para conocer, entender y administrar los recursos asociados al agua de nuestros afluentes de mayor envergadura, la cuenca del Cauca corresponde al 7% del territorio nacional y se encuentra asentada el 28% de la población nacional (censo 2008). Es de entenderse que todo lo que hoy afecta al río afecta a la totalidad de cuenca, por lo que desde ya debemos ver la dimensión de lo que está pasando. El proyecto ha puesto en riesgo al 7% del territorio colombiano y esto es grave.

Específicamente en la zona del Bajo Cauca, existen 43 áreas protegidas de carácter local y 6 regionales, que abarcan más de 46 mil hectáreas de territorio nacional, áreas protegidas que deben su sostenibilidad en mayor o menor medida a la dinámica del río.

Pero si los temas ambientales no les quitan el sueño a nuestros dirigentes, es la hora en que se piense en la relevancia del río en la sociedad y la economía de nuestro país. El bajo Cauca impacta directamente en 64 municipios con más 398 millones de km2, en el Bajo Cauca el 30% de su actividad productiva esta encaminada al desarrollo agropecuario, el 15% a la minería y el 15% a la construcción, el 13% al transporte, y el 11% a la generación de electricidad y agua. Esto pone en evidencia que el daño no es solamente ambiental, es la sostenibilidad económica de los territorios la que se está poniendo en riesgo con las irresponsables maniobras que se realizan el proyecto Hidro Ituango.

Con tan solo algunos datos como lo expuestos anteriormente, tomados del Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena Cauca, instrumento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, resulta evidente que no se trata de una tragedia menor, nos estamos enfrentando a la debacle en una amplia zona del país, y es una tragedia anunciada, que hoy, aunque no ha cobrado vidas humanas, si ha impacto negativamente en 7% de nuestro territorio, al menos.

Decenas de especies, cientos de especímenes de peces, aves, mamíferos, etc., algunos endémicos de la zona; millones de coterráneos, son víctimas que deben ser protegidas por nuestro ordenamiento jurídico y es en cabeza de las autoridades territoriales, Gobernadores y Alcaldes, que se deben liderar las acciones para reparar los daños al ambiente y a la sociedad.

Los jueces y magistrados de todo el país deben irse preparando, por que se deben venir acciones legales que pongan en cintura a todos aquellos que participaron o se hicieron los de la vista gorda ante las cusas y consecuencias de lo que vemos hoy en el Cauca, y no pueden ser inferiores nuestras autoridades judiciales al reto de develar las responsabilidades que le asiste al Estado y a los particulares frente a los daños causados.

Los entes de control deben enfilar sus actuaciones en determinar los responsables y aplicar sobre ellos todo el peso de la Ley, por que esta es una situación que no se debe repetir; y es que son muchas las amenazas, proyectos como El Quimbo en el Huila, la titulación de áreas para la exploración y explotación minera o extractiva; entre otros, deben preocuparnos hoy mas que nunca, por que ya vemos los resultados de no reconocer la relevancia ambiental, soporte de la vida como la conocemos.

Son llamados entonces los entes territoriales, en desarrollo de las funciones que les ha previsto la Carta Política, para liderar ante sus comunidades las acciones judiciales, disciplinarias y fiscales, que busquen la identificación de los responsables y la reparación de los daños. Por eso nuestro ordenamiento jurídico ha previsto herramientas, como las acciones de grupo y las acciones populares, entre otras que permiten llevar ante la justicia a quienes con su acción u omisión han generado perjuicios irreparables.

Hoy no podemos aceptar excusas, la información que se necesita para evidenciar los daños, existe; las herramientas para llevar a los culpables ante la justicia, existen; y el perjuicio esta generado. No podemos dejar que esto se repita y por eso el castigo debe ser ejemplificante. Colombia no va a permitir que nuestra riqueza natural se siga violentando y esa consigna debe unir a todos los colombianos.

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