“Ocupación de las Farc a un colegio de La Guajira, es una clara violación al DIH”: Santos

Santos denuncia Farc en Colegio Guajiro

 
​“Es un hecho que me parece condenable desde todo punto de vista, es una infracción clarísima al Derecho Internacional humanitario”, reconoció el Mandatario colombiano. Defensoría fue la que denunció el caso ante el Gobierno.
​El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ratificó que el ingreso de miembros de la guerrilla de las Farc a una escuela en el departamento de La Guajira, es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.

“Es un hecho que me parece condenable desde todo punto de vista. Es una infracción clarísima al Derecho Internacional humanitario”, reconoció el Jefe de Estado.

Adicionalmente se van a “investigar bien cuáles fueron las circunstancias y por supuesto vamos a hacer el reclamo y todo lo que estamos buscando en esta paz con este proceso es precisamente que esos hechos, ese tipo de violación desaparezca”, manifestó el Presidente Santos.

Los hechos denunciados se registraron el pasado 18 de febrero de 2016, en el corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca, en La Guajira.

Así mismo Santos, señaló que la situación denunciada “estará entre los hechos que se denuncien ante este tribunal que se está conformando”.

La denuncia de la Defensoría

Una denuncia al más alto nivel elevó la Defensoría del Pueblo por infracciones de las Farc  al Derecho Internacional Humanitario, durante su visita del pasado jueves 18 de febrero a la población de Conejo, en jurisdicción de Fonseca, Guajira.

Tras ser advertido sobre la ocupación de un colegio de la mencionada localidad por miembros de ese grupo armado ilegal, el organismo de control para los derechos humanos en Colombia adelantó labores de verificación en terreno, que complementadas con el material fílmico aportado por uno de los medios de comunicación presentes durante y después del evento de proselitismo realizado por los negociadores de la guerrilla, permitieron constatar que en efecto esas normas fueron transgredidas.

A partir de estas verificaciones, la Defensoría del Pueblo pudo comprobar que dentro y fuera del establecimiento educativo hubo personas fuertemente armadas, las cuales acompañaban a los delegados, que encabezados por Iván Márquez instruyeron a la población civil y distribuyeron propaganda política alusiva a su visión sobre el proceso de paz.

La Defensoría concluyó que tal como sucedió con la tarima dispuesta en el parque principal de la población, las instalaciones académicas que albergan a cerca de 300 estudiantes fueron prestadas a personas que realizaron la solicitud con el pretexto de llevar a cabo un evento cultural. Sin embargo, para la Entidad es claro que allí hubo presencia armada de las Farc, que guerrilleros portando fusiles de asalto y abundante munición recorrieron los espacios habitualmente ocupados por niños y niñas, además de la presencia de varios de los negociadores de esa organización en La Habana, Cuba.

Tal como está contemplado en el artículo 13, correspondiente al título 4 del Protocolo II de Ginebra, que rige los conflictos armados no internacionales, se confiere especial protección a la población civil en el marco del principio de distinción, el cual implica respetar los bienes de carácter civil y las personas no involucradas en el conflicto. A esta norma se suma la Resolución 1612 expedida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 26 de julio de 2005, la cual “condena enérgicamente el reclutamiento y la utilización de niños soldados por las partes en conflicto…(sic)…y la ocupación de escuelas, hospitales y bienes civiles como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”. 

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que a partir del engaño al que fueron sometidas las directivas y profesores del plantel educativo fueron suspendidas las actividades escolares el día del evento, para la Defensoría del Pueblo estas circunstancias constituyen una clara infracción a las normas internacionales de los derechos humanos y una violación a los derechos superiores de niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de especial protección constitucional.

En consecuencia, la Defensoría ha informado y denunciado estos hechos ante el Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, y ante el saliente Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que las acciones de los actores en conflicto respondan a la voluntad de paz expresada en el marco de las negociaciones.

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