Procuraduría analiza millonaria contratación de asesores en la Fiscalía


 
La Otra Cara les presenta a sus lectores un recuento del nuevo escándalo por corrupción que envuelve a la Fiscalía, relacionado con varios contratos de asesoría por más de 10 mil millones de pesos, entregados a dedo, a amigos como Natalia Springer, que ni siquiera cumplieron con el trabajo.

Luego del escándalo por el despilfarro de los dineros públicos o corrupción en la misma Fiscalía General de la Nación a través de la firma de unos 20 contratos de asesorías por más de 1o mil millones de pesos, entregados a dedo,  a periodistas, ex magistrados, abogados y amigos cercanos del jefe del Ente Acusador, Eduardo Montealegre Lynett, la Procuraduría decidió investigar de oficio y en forma preliminar este caso notorio por ser una de sus funciones legales.

El Ministerio Público no tienen competencia para investigar al propio Fiscal General Montealegre, ya que a él lo procesa y lo juzga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero si indagará sobre la actuación de los funcionarios engargados de la parte de contratación de la Fiscalía, es decir, a quienes proyectaron los negocios, los supervisaron, los entregaron y auditaron con supuestos seguimientos.  A estos si los puede sancionar con suspención o destitución del cargo, por ser servidores públicos.  Como siempre sucede, pagarán los empleados de bajo perfil, que estaban dedicados a recibir órdenes, so pena de ser despedidos, por su superior: Montealegre.

El caso fue destapado por la periodista María Jimena Dussán en la Revista Semana, seguido por la Unidad Investigativa de El Espectador, ampliado por La Luciérnaga de Caracol Radio y rematado por El Tiempo. Como para que no quede duda de que el hecho lo ha leído y escuchado medio país.

Pero fue la Contralora General de la República, Sandra Morelli, la que lo destapó o marcó el camino  que ahora siguió la prensa, al dar pistas de las contrataciones irregulares en la Fiscalía en unas Auditorías que no le gustaron a Montrealegre, quien de inmediato le sacó su propio caso de malversación cuando le descubrió los millonarios contratos de arrendamiento para la sede ese organismo de control fiscal, por lo cual la investiga y la tiene con un pie en la cárcel.

Por eso, se dice en los pasillos de la Fiscalía, que quien se meta con Montealegre, “la lleva”… La saliente ex dama de hierro de la propia Fiscalía  Martha Lucía Zamora, ahora secretaria de Gobierno del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, se atrevió a custionar la gestión de Montealegre, junto con los ex fiscales Alfonso Gómez Mendez y Vivianne Moreles, y ya se dice que comenzó a andar muy rápido el proceso en su contra de Zamora por el caso Forex. Tambien investigan a varios funcionarios de la Procuraduría se se atrevieron a abrirle averiguación disciplinaria al Director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, Julián Quintana, por dar declaraciones anticiapadas en el caso del prófugo uribista Luis Alfonso Hoyos, ex asesor de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.

Se dice que la Fiscalía maneja cerca de 3 mil billones de pesos y debe haber una entidad que controle el gasto de la Fiscalía…hay que ver qué hace con este reciente escándalo el nuevo Contralor Edgardo Maya Villazón, quien ya anunció averiguación.

Natalia Springer, “no cumplió y copió de otros”

La propia Unidad de Contexto de la Fiscalía cuestionó un contrato de consultoría sobre temas relacionados con la paz, que la entidad le entregó a la firma de la mencionda periodista, catedrática y politóloga Natalia Springer o Natalia Marlene Lizarazo, en septiembre de 2013, por 895 millones de pesos.

Natalia Springer

 

El informe del 10 de septiembre de 2013 critica fuertemente la consultoría de Springer, que en ese mismo año debía  entregar un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el delito de secuestro cometido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.

La Unidad de Contexto, dirigida por un funcionario llamado Alejandro Ramelli y su equipo de trabajo, concluyeron que el documento que presentó Springer “no cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato y no es útil para el desarrollo del trabajo que se viene adelantado en la Unidad de Contexto”.

Un oficio interno firmado por la funcionaria Mónica María Suárez Moscoso, perteneciente a dicha Unidad, sostiene que el informe de la politóloga no hacía una distinción clara sobre “las modalidades de secuestro, como ‘pescas milagrosas’ y secuestros individuales”. Tampoco deja claro “cuáles fueron las estructuras de las Farc detrás de los secuestros”, así lo reveló el diario El Tiempo en exclusiva.

Según esa Unidad de Contexto, además, “metodológicamente, el documento se fundamenta principalmente en publicaciones del Centro de Memoria Histórica”. Es decir, copió lo descrito por esa entidad estatal y los pasó como parte de su trabajo, lo que se puede decir que es una trabajo sin profundidad ni rigor investigativo y tiende en esa parte referenciada a ser un plagio.

Este es el tajante concepto de la Unidad de Contexto de la Fiscalía sobre el trabajo de Springer:

Unidad de Contexto sobre Springer2

Unidad de Contexto sobre Springer3

Unidad de Contexto sobre Springer4

Unidad de Contexto sobre Springer5

 

Después del contundente oficio con las críticas a Springer, el jefe del grupo que realizó ese concepto, Alejandro Ramelli, salió de manera sorpresiva de la Unidad de Contexto de la Fiscalía, según El Tiempo en una publicación titulada: “Dudas sobre polémicos contratos de Springer, a Comisión de Acusación”.

La Procuraduría ya está detrás del citado informe, que sería una de las pruebas claves de su averiguación disciplinaria. Ese concepto reposa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y hace parte de la famosa denuncia penal que Morelli hizo en meses pasados contra Fiscal General.

A pesar de esos cuestionamiento de la Unidad de Contexto, el Fiscal Montealegre le ordenó el jugoso pagó a Springer y la volvió a contratar en el 2014 y el 2015 por casi 4.000 millones de pesos. Cabe preguntarse: ¿Si fue la misma Fiscalía, la encargada de investigar la corrupción en el país, la que contrató a Natalia Springer y esta malversó los recursos públicos; quién procesa a esta politóloga?

El Fiscal y su defensa de Springer

El reconocido programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, reveló nuevos detalles del caso Springer. Según el programa las pruebas obtenidas demuestran que el Fiscal General le pidió al encuestador César Caballero, director de la reconocida firma de sondeos Cifras y Conceptos, la entrega a Natalia Springer de bases de datos de información de análisis relacionado con el conflicto armado en Colombia.

Este es el documento que destapó en exclusiva La Luciérnaga, que dirige el periodista Gustavo Gómez:

Carta Fiscal Springer 01

Carta Fiscal Springe 002

Carta Fiscal Springe 003

 

“Los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre el patrón de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la Ley y se puedan develar los contextos y las causas y los motivos del mismo”, explicó Montealegre en la solicitud.

El jefe de la Fiscalía se basó en la Ley 938 de 2004 y en la Ley 975 de 2005, para pedirle que la información suministrada quedara en poder de Springer, ya que figuraba como una funcionaria adscrita al despacho del jefe del Ente Acusador.

“La doctora Natalia Springer, adscrita a este despacho, y su grupo de investigadores estarán atentos para compartirle el valor agregado de la investigación que tenga valor académico como resultado del análisis a profundidad del insumo que usted ha construido, así como la ayuda proporcionada”, aclaró el fiscal Montealegre, de acuerdo con La Luciérnaga.

Natalia Springer, de quien luego se supo que que su verdadero nombre era Natalia Marlene Lizarazo, siempre fue una aguerrida analista en la emisora La FM de RCN Radio, que dirige la experimentada comunicadora y presentadora Vicky Dávila, donde daba clases a los oyentes de etica y moral pública y defendía a capa y espada todos los temas relacionados con la paz y la gestión del Fiscal. Por eso, ahora se escuchan voces que la critican al afirmar: “Eso nunca fue de corazón de convencimiento, era una periodista fletada, sin ética ni la moral que pofesaba, como muchos otros que han puesto por debajo a ese gremio en el país”. Dávila ahora se siente defraudada y pide explicaciones a la Doctora Lizarazo.

Vicky Davila sobre Natalia Springer

Springer ya estuvo en el ojo de huracán por otro contrato que le entregó, también a dedo, el Alcalde de Valledupar, Freddy Socarrás Reales, para hacer unos talleres denominados Escuela de Paz en Valledupar, por 1.400 millones de pesos, el cual puede leer en nuestro portal en este LINK.  La Procuraduría ya investiga al burgomaestre costeño por ese negociado.

Baltazar Garzón, un ex juez contratista

Este reconocido ex juez de España y asesor de la Corte Penal Internacional, también está en la feria de negocios de la Fiscalía colombiana, pues ha firmado desde el 2012 tres asesorías con esta entidad estatal, encargada de investigar y acusar en los procesos penales nacionales, por un  total de 1.380 millones de pesos.

Recordemos que la Contraloría de Morelli, sobre el segundo de esos contratos de Garzón, el 042 del 2013, que tenía por objeto “apoyar en investigación de macrocriminalidad en justicia transicional” y que costó 580 millones de pesos, hizo serios reparos en su famosa denuncia de julio de 2014 contra Montealegre, la cual reposa en el olvido en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

La Contraloría General encontró que la Fiscalía pactó con Garzón un contrato de prestación de servicios que incluía pagos mensuales por 18’982.240, “sin la entrega de informes mensuales o producto alguno”. La auditoría del organismo de control fiscal encontró además que “la ejecución del contrato se inició cuando aún no se había aprobado la garantía única, requisito previo y legalmente exigido para su ejecución”, confirma El Tiempo.

Carruel del contratos para amigos del Fiscal

Por su parte, el diario El Espectador informó en exclusiva los nombres y los negocios de diferentes pesonajes de la vida pública nacional con la Fiscalía. Son más de 10 mil millones en unos 28 contratos, directos o a dedo, para asesores, periodistas, ex magistrados, abogados y amigos personales de Montealegre.

Lo peor del asunto, es que muchos de esos contratos  fueron a parar a manos de ex magistrados del Consejo de Estado que apoyaron la permanencia de Montealegre como Fiscal General durante un periodo de cuatro años. Los expertos se preguntan: ¿Les está pagando el favor Montealegre a estos ex magistrados? 

Por ser un hecho de interés público, La Otra Cara reproduce textualmente el artículo de El Espectador realizado por los periodistas Diana Carolina Durán Núñez y Juan Sebastián Jiménez Herrera,  llamado “¿Quiénes han recibido contratos directos de la Fiscalía?”, el cual es una completa investigación sobre la lista de los contratos de más de 100 millones de pesos en el Ente Acusador.

Esta es la lista:

“Luis Gustavo Moreno Rivera
Contratos: Uno.
Fechas: Julio de 2015 y 168 días de duración.
Para qué: Para acompañar recursos de casación y acciones de revisión ante la Corte Suprema de Justicia.
Valor total: $139’200.000
Quién es: Abogado de la Universidad Libre. Defensor del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, investigado por parapolítica. Publicó el libro “Los Falsos Testigos”.

Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S.
Contratos: tres.
Fechas: 2013, 2014, 2015, de 8, 2 y 4 meses de duración, respectivamente.
Para qué: El primero, para asesorar al fiscal general para procesar datos en los siguientes crímenes en el marco del conflicto: ataques contra el pueblo awá, secuestro, reclutamiento forzado y violencia sexual. El segundo, para elaborar documentos para divulgar las investigaciones del primer contrato. El tercero, para procesar datos de crímenes del ELN y bandas criminales.
Valor total: $4.276’400.000
Quién es: Natalia Springer, representante legal de la firma, es politóloga y psicóloga, y en su hoja de vida ella acredita estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Fue comentarista de la FM hasta el pasado 30 de julio de 2015. Le dijo a El Espectador hace un par de meses que tenía todo el interés en que se conociera lo que su firma había hecho y, al tiempo, que manifestó en entrevista al mismo diario que era un asunto de seguridad nacional. A su turno, el fiscal Eduardo Montealegre le aseguró a El Espectador que el trabajo de la firma de Springer va a revolucionar la investigación de crímenes en Colombia y que se conocerá en los juicios contra los líderes de las Farc, contrario a lo expuesto por la Unidad de Contexto de la misma Fiscalía que asegura que no cumplió con el trabajo y se dedicó a copiar datos de otra entidad estatal.

Nathalia Bautista Pizarro
Contratos: Uno.

Fechas: Julio de 2015 por seis meses.
Para qué: Para asesorar la Dirección Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales.
Valor total: $174’000.000
Quién es: Es abogada del Externado y estudió una maestría en derecho comparado en la Universidad de Bonn (Alemania), donde estudió Montealegre, allá obtuvo la distinción de summa cum laude. Es coautora de al menos dos libros de derecho junto con el Fiscal General.

Aida Patricia Hernández Silva y Abogados S.A.S.
Contratos: Uno.

Fechas: Junio de 2015 por seis meses.
Para qué: Para dar asesoría jurídica especializada en áreas del derecho constitucional y derecho administrativo, especialmente en contratación estatal.
Valor total: $136.358.510
Quién es: Es abogada de la Universidad Externado. Fue directora de Extranjería del DAS en 1994. Fue secretaria de la Presidencia del Consejo de Estado en 1997 y, luego, magistrada auxiliar de la Sección Tercera por más de 12 años. Ahora es conjuez de ese alto tribunal.

Beltran & Castellanos Asociados Ltda.
Contratos: Dos.
Fechas: 2015 y 2014 de 8 meses y 11 meses de duración, respectivamente.
Para qué: El de este año se firmó para elaboración de conceptos y suministro de insumos jurisprudenciales y dogmáticos para la Dirección Nacional De Estrategias en Asuntos Constitucionales. El de 2014, para apoyar a la Fiscalía en temas de derecho constitucional y en defensa de facultades extraordinarias que recibió el presidente Santos para reformar la Fiscalía.
Valor total: $551’000.000
Quién es: Es la firma del reconocido liberal samperista Alfredo Beltrán Sierra, exmagistrado de la Corte Constitucional entre 1998 y 2006; coincidió con el fiscal Montealegre en esa corporación entre 2001 y 2004. Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y magistrado auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Fue abogado de Piedad Córdoba en el caso de Farcpolítica y del exmagistrado de la Corte Suprema, Cesar Valencia Copete, en la denuncia que éste presentó contra el expresidente Álvaro Uribe por injuria.

Manuel José Cepeda Espinosa
Contratos: Dos.

Fechas: 2015 y 2014, de 8 y 11 meses de duración respectivamente.
Para qué: El de este año se firmó para elaborar conceptos y suministrar insumos jurisprudenciales y dogmáticos para la Dirección Nacional de Estrategias en Asuntos Constitucionales. El del año pasado, para apoyar a la Fiscalía en temas de derecho constitucional y en defensa de facultades extraordinarias que recibió el presidente Santos para reformar la Fiscalía.
Valor total: $551.000.000
Quién es: Abogado de la Universidad de Los Andes, Cepeda fue magistrado de la Corte Constitucional entre 2001 y 2009, coincidiendo con el fiscal Montealegre entre 2001 y 2004 en esa corporación y en la Comisión de Expertos que conformó el Gobierno Santos para estudiar la reforma al fuero militar. Desde que salió de la Corte, se ha erigido como un gran contratista del Estado. En 2015, según el Portal de Transparencia Económica, cuatro entidades del Estado le asignaron cuatro contratos por $1.103 millones en total. En 2014, fueron seis contratos por $1.342 millones. En 2013, fueron seis contratos por $1.711 millones. En 2012, fueron cuatro por $$1.523 millones. Entre 2012 y 2015, recibió $5.679 millones en contratos con entidades como la Fiscalía, la Presidencia y el Ministerio de Defensa. Fue llamado a indagatoria por el Congreso, a raíz del fallo de la Corte Constitucional que tumbó las megapensiones.

Miguel Samper Strouss
Contratos: Uno
Fechas: 2015 por 9 meses de duración.
Para qué: Para apoyar y asesorar al despacho del fiscal general en el diseño y aplicación de normas, políticas y proyectos de carácter transicional.
Valor total: $261’000.000
Quién es: Abogado de la Universidad Javeriana, con maestrías de la Universidad de Nueva York y la Universidad Nacional de Singapur, fue nombrado viceministro de Justicia con 27 años, en el área de Justicia Transicional, y en ese cargo estuvo entre 2010 y 2015. Es hijo del expresidente Ernesto Samper.

Carlos Eduardo Medellín Becerra
Contratos: Uno.

Fechas: de 2015 por 11 meses de duración.
Para qué: Para asesorar al despacho del fiscal general para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, así como el seguimiento de la aplicación del Código de Extinción de Dominio y la planeación y generación de políticas relacionadas con justicia transicional y posconflicto.
Valor total: $240’245.280
Quién es: Abogado del Externado y especialista en derecho administrativo de la Universidad de la Sorbona (París). Fue director de Inravisión durante la presidencia Barco. Como ministro de Justicia en el periodo Samper trabajó con el Congreso en la expedición de la Ley de Extinción de Dominio, así como en la reactivación de la extradición. Fue embajador en el Reino Unido del presidente Álvaro Uribe de 2006 a 2008, pero renunció al enterarse de que un hermano de José Obdulio Gaviria, entonces asesor de Uribe, había compartido cuentas bancarias con Luis Carlos Molina, el hombre que les pagó a los sicarios de Guillermo Cano, suegro de Medellín.

Alejandro David Aponte Cardona
Contratos: Tres.

Fechas: 2015, 2014 y 2012, por 11, 8 y 9 meses, respectivamente.
Para qué: Su trabajo es dar asesoría técnica especializada al despacho del fiscal general en justicia transicional y justicia penal internacional; y para consolidar propuestas que le sirvan al fiscal y al vicefiscal en el debate del Marco Jurídico para la Paz.
Valor total: $700’888.704
Quién es: Abogado del Externado y doctor en derecho penal, la revista especializada Ámbito Jurídico lo señala como autor de “lectura obligada”. Fue director de área de justicia del Observatorio Internacional de la Ley de Justicia y Paz, con apoyo del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Es perito del Estado ante el sistema interamericano.

Fundación Internacional Baltasar Garzón
Contratos: Tres.

Fechas: 2014, 2013 y 2012 por 11, 10 y meses y 68 días, respectivamente.
Para qué: Los de 2012 y 2013 fueron para asesorar y dar apoyo técnico especializado al fiscal general para la investigación penal de la macrocriminalidad en contextos de la justicia transicional en Colombia. El del año pasado fue para asesorar al fiscal en la creación e implementación de acciones y herramientas para fortalecer la acción investigativa de la policía judicial frente a delitos transnacionales.
Valor total: $1.380.405.452
Quién es: En el último par de años Garzón se ha convertido en un reputado asesor en Colombia, pero en España, en 2012, fue expulsado de la carrera judicial por haber ordenado la interceptación ilegal de las comunicaciones entre abogados y sus defendidos en el caso Gürtel, un proceso de corrupción que lideraba el entonces juez de la Audiencia Nacional de España y que sacó de la política a más de 20 dirigentes del Partido Popular. Garzón también es conocido por haber pedido en extradición al exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998, recurriendo al concepto de justicia universal.

Pedro Eugenio Medellín Torres
Contratos: Dos.

Fechas: 2013 y 2014, respectivamente.
Para qué: El primero fue para asesorar al despacho del Fiscal General sobre la internacionalización de la Fiscalía y su función en el marco de justicia transicional, así como en comunicación estratégica sobre los acuerdos que marquen el final del conflicto entre Gobierno y Farc. El de 2014, para asesorar al mismo despacho en aras de facilitar el seguimiento y la comprensión de la comunidad nacional e internacional en torno a los acuerdos de paz.
Valor total: $241.164.000
Quién es: Es excolumnista de El Tiempo, desde donde siempre ha defendido a la Fiscalía. Ha sido profesor titular de la Universidad Nacional y del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid.

Luis Eduardo Hoyos Jaramillo
Contratos: Dos.
Fechas: 2013 y 2014.
Para qué: Para asesorar al fiscal general en justicia transicional, posconflicto y reconciliación, así como por realizar un trabajo conceptual, normativo y filosófico sobre la necesaria articulación entre el aspecto jurídico y el aspecto político en las negociaciones de paz con las Farc,
Valor total: $385.955.200
Quién es: Estudió filosofía en la Universidad Nacional e hizo un doctorado en la misma área. Es profesor de la Universidad Nacional. Experto investigador sobre Epistemología, Etica, Filosofía Práctica y Racionalidad Práctica.

Andreas Forer
Contratos: Uno.
Fechas: 2015, por 118 días.
Para qué: Para la prestación de servicios para la investigación de máximos responsables “en la comisión de crímenes de sistema”.
Valor total: $113.100.000
Quién es: Abogado de la Universidad de Hannover (Alemania). Con maestrías en Derecho Europeo e Internacional y Derecho Comparativo. Actualmente se desempeña como director del proyecto ProFis de la GIZ, por encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, país donde estudió Montealegre.

Rafael Enrique Ostau de Lafont
Contratos: Uno.
Fechas: 2015, por 170 días.
Para qué: Para apoyo y asesoría jurídica especializada a la Fiscalía, sobre todo, en Derecho administrativo.
Valor total: $121.929.038
Quién es: Abogado de la Universidad Externado. Es exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado y exconjuez de Corte Constitucional. Su sobrino, Rafael José Lafont Rodríguez, es el director Jurídico de la Fiscalía.

Néstor Iván Osuna.
Contratos: Uno.
Fechas: 2015, por 175 días.
Para qué: Para apoyo y acompañamiento en temas constitucionales.
Valor total: $174.000.000
Quién es: Abogado de la Universidad Externado con estudios de Doctorado en la Universidad de Salamanca. Es cercano al fiscal Eduardo Montealegre. Es candidato a Registrador General. Exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y exconjuez de la Corte Constitucional.

Susana Buitrago
Contratos: Uno.

Fechas: 2015, por cinco meses.
Para qué: Para apoyo y acompañamiento a procesos y decisiones administrativas que profiera el ente investigador.
Valor total: 174’000.000
Quién es: Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Exmagistrada del Consejo de Estado. Fue la ponente del fallo que le permitió al fiscal Eduardo Montealegre quedarse en el Ente Investigador hasta 2016.

Vargas Rincón y Asociados S.A.S.
Contratos: Uno.

Fechas: 2015, por 218 días.
Para qué: Para apoyo al fiscal general y a la Subdirección de Carrera Administrativa.
Valor total: $517.266.666
Quién es: Es una firma liderada por el expresidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón, quien, como magistrado, votó a favor de la anulación de la elección de la exfiscal Viviane Morales y a favor de la permanencia de Montealegre como jefe del Ente Investigador. Fue durante varios años magistrado auxiliar del procurador Alejandro Ordóñez, cuando éste se desempeñó como magistrado del Consejo de Estado.

Enrique Gil Botero
Contratos: Uno.

Fechas: 2015 y una duración de 302 días.
Para qué: Para apoyo en la formulación de políticas en asuntos de responsabilidad extracontractual y prevención del daño antijurídico.
Valor total: $751.100.000
Quién es: Abogado de la Universidad de Antioquia. Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado. Votó a favor de la anulación de la elección de la exfiscal Viviane Morales y a favor de la permanencia de Montealegre como jefe del Ente Investigador.

José Hernán Muriel Ciceri
Contratos: Uno.
Fechas: 2015 por una duración de 11 meses.
Para qué: Para asesorar al Fiscal General en la elaboración de un instructivo sobre contratación estatal dirigido a los funcionarios del Ente Investigador.
Valor total: 101’713.040
Quién es: Abogado de la Universidad Santo Tomás. Doctor en Derecho de la Universidad de Konstanz (Alemania).  El Fiscalía Montealegre estudió en ese país.

Pedro Alfonso Hernández Abogados Consultores S.A.S.
Contratos: Uno.
Fechas: 2015 por una duración de 339 días.
Para qué: Para apoyo jurídico integral en las funciones propias del despacho del Fiscal General.
Valor total: 250’560.000
Quién es: Esta firma es dirigida por el abogado Pedro Hernández de la Universidad Nacional. Es exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional.

Corporación Vivamos Humanos
Contratos: Uno.

Fechas: 2014 y una duración de 341 días.
Para qué: Para asesorar al fiscal en la formulación de una política pública en materia de justicia transicional.
Valor total: 143’687.500
Quién es: Esta ONG, creada por el expresidente Ernesto Samper, se dedica a promover medidas para la paz. Su delegada Catalina del Pilar Sánchez Daniels es familiar de la exsenadora Martha Catalina Daniels, asesinada en marzo de 2002.

Mikel Iñaki Ibarra Fernández
Contratos: Uno

Fechas: 2014 y una duración de 11 meses.
Para qué: Para acompañar al Fiscal General en el proyecto de modernización de la Fiscalía.
Valor total: 229’680.000
Quién es: Ingeniero de la Universidad de Los Andes con Doctorado en Administración de Empresas.

Germán Villegas Asociados S.A.S.
Contratos: Uno.

Fechas: 2013 por 42 días.
Para qué: Para acompañar al fiscal en el proceso de creación de una institución de educación superior.
Valor total: 117’224.000
Quién es: Esta firma es liderada por Germán Villegas quien es abogado de la Universidad del Rosario”.

El tema está caliente porque cada vez se conocen más detalles del escándalo. Es bien sabida la rivalidad entre el Procurador Alejandro Ordóñez y el Fiscal Eduardo Montealegre y este capítulo de despilfarro de los dineros públicos en el Ente Acusador, al parecer, marcará más la confrontación entre esos dos poderosos servidores estatales en Colombia.

Decimos lo que otros callan
Cargando...

Deja un comentario