Requerimos con urgencia de un verdadero cambio sustancial en la administración de justicia


 

Por: Eduardo Padilla Hernández.

Abogado. Presidente de la Asociación Red Nacional de Veedurías.

La paz es una política de gobierno y no una política de Estado. El expresidente Santos con tal de figurar y autopostularse, a través de sus acólitos, al premio Nobel de Paz se le entregó incondicionalmente a las Farc -a los que les concedió como Aladino, el genio mágico de la lámpara- toda clase de deseos. Sólo les bastaba ordenar y el expresidente les concedía curules en el Congreso, prebendas, mermeladas, cargos burocráticos, emisoras, recursos económicos, etc.

Igualmente hizo con los dirigentes políticos que acompañaron el proceso. No le importó aumentar ostensiblemente el déficit fiscal del país. Tampoco a los partidos y grupos políticos a los que sólo les interesó saciar su voraz apetito de mermeladas y burocracia.

Los entes de control, llamados a garantizar los principios de transparencia, equidad, moralidad, justicia y eficiencia del Estado, no se quedaron por fuera y se hicieron los de la vista gorda, como en la canción de Shakira, los “ciegos, sordos y mudos”.

Ello, en parte, se debe al actual sistema de elección del Procurador y Fiscal General de la Nación, Contralor General de la República y la repartición burocrática de los cargos al interior de estas entidades, que más bien obedecen al pago de favores a quienes ayudaron a elegir a estos altos funcionarios.

Por eso a nivel departamental y local, quienes están llamados a ejercer la labor investigativa de control y vigilancia son fichas políticas de los gamonales regionales que permean estas instituciones. Se ha convertido en una poco ética costumbre, que como Procurador Regional y Provincial, Contralor Departamental y Fiscales locales y Seccionales, se nombren a personas recomendadas por los dirigentes políticos locales que usan estos cargos para perseguir a sus contradictores, a veces, por sobre la constitución y la ley violando todas las garantías procesales y materiales.

Es así como en el caso de la Procuraduría, vemos que el Procurador Regional pertenece a un sector político que ayudó a elegir al Procurador General y a su vez, los Procuradores Provinciales pertenecen a otro grupo político que también lo ayudó a elegir. De esta forma no se garantiza la imparcialidad del funcionario porque muchas veces se formulan cargos y sanciones obedeciendo los intereses políticos regionales.

Para evitar esta persecución y politización de las decisiones disciplinarias, judiciales y fiscales, se debe hacer una gran reforma constitucional para cambiar la forma de elegir a quienes van a ocupar estos importantes cargos.

Colombia ha sido un país dado a copiar los modelos estaudinenses, tal como aconteció con la creación de la Fiscalía y la implantación a la carrera con la Constitución del 91, del híbrido sistema penal acusatorio que tanto daño le causó no sólo a muchos colombianos injustamente perseguidos si no también al país que se ha visto avocado al pago de más de un billón de pesos en indemnizaciones por la arbitrariedades de los Fiscales con funciones de Juez y parte, ya que eran los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones, recaudar las pruebas y decidir sobre capturas y libertad así como la acusación o preclusión (archivo) del proceso.

Afortunadamente, por un lado, porque se corrigió lo de Juez y parte; y desgraciadamente, por otro, después de 16 años, acabó la mala imitación del sistema penal del país norteamericano implantándose el sistema penal oral acusatorio tal como se tramita en ese país anglosajón, con la excepción del jurado de conciencia.

El infortunio del actual sistema es que en lugar de convertirse en una solución para la célere, pronta y cumplida justicia se ha convertido en el obstáculo más grande para ello.

Por lo menos con el anterior sistema había un término de instrucción definido de máximo 30 meses para la justicia ordinaria y hasta un año para la especializada pero con el nuevo sistema vemos que sólo se cumplen términos cuando hay persona detenida condenándose en los demás casos, a víctimas e indiciados, a la dilación injustificada de las investigaciones que algunas veces lleva a la absolución por la negligencia y falta de celeridad en el recaudo de pruebas en cabeza de un solo investigador judicial que tramita innumerables órdenes de trabajo, lo que, en algunos eventos, hace ineficaz su labor por la saturación laboral y la falta de tiempo para la correcta dedicación a todos los casos a su cargo.

Como en el caso de la Fiscalía, se presenta algo parecido en la Comisión de Acusación del Congreso de la República, donde los congresistas tienen a su cargo las investigaciones contra los magistrados de las altas cortes y éstos a su vez, como en el caso de la Sala Penal de la Corte Suprema, investigan a los congresistas, lo que desdice de una imparcial y correcta administración de justicia con la permitida concibidad de que las investigaciones no avancen a causa de la feria de absoluciones y archivos de procesos.

Qué bueno sería que, al igual que se copian muchas cosas del sistema estadunidense, se copie la elección popular de Fiscal General de la Nación, al igual que el Constituyente Primario pueda elegir Procurador General de la Nación y Contralor General de la República.

Decimos lo que otros callan
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