Por María Fernanda Cabal.
Ese es el argumento más común de la izquierda cuando es sorprendida en actos ilegales indefendibles, que si llegaran a ser cometidos por la derecha, serían condenados sin abrir el más mínimo espacio al beneficio de la duda.
El pasado viernes, la Fiscalía puso en evidencia otro vergonzoso espectáculo protagonizado por la JEP: El fiscal Carlos J. Bermeo, perteneciente a esta jurisdicción, fue capturado junto a cuatro personas más -incluido el exsenador Luis A. Gil- en un operativo adelantado en dos hoteles al norte de Bogotá en momentos en que recibían 500 mil dólares, a cambio de incidir en el trámite de extradición de Jesús Santrich.
Ante esto, la salida que buscó el partido de las Farc fue la acostumbrada: “hay un sector de la derecha que está enfilando todos sus esfuerzos para atacar el proceso” aseguró el presidente de la colectividad, Rodrigo Londoño, tildando de montaje lo que abierta y descaradamente, fue un acto de corrupción al interior de esa jurisdicción.
¿Qué otras pruebas se necesitan para de una vez por todas corregir ésta vergüenza? El Tribunal de Justicia, creado a la medida de criminales de lesa humanidad, narcotraficantes, genocidas y violadores de niños, refleja la podredumbre judicial por la que atraviesa Colombia. Tribunal que fue diseñado para ser controlado por las Farc, pero que fue vendido como símbolo de reparación y no repetición.
De montaje, los hechos no tienen nada. Es una burla a las víctimas y sus familias, incluso es una cachetada para quienes a ‘capa y espada’ defienden abiertamente su creación y a sus miembros. Todo esto acrecienta la generación de desconfianza entre los ciudadanos y acelera la necesidad de que las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, expuestas por distintos sectores y hasta la misma Fiscalía General de la Nación, sean tomadas en cuenta.
Ojalá y una de ellas sea modificar el Comité de escogencia. Le harían un bien al país que todos los actuales renunciaran y se seleccionara magistrados de la tercera edad, con estatura moral y no ideologizados.
Este no es un ataque a la paz, es una reafirmación de la decisión que tomaron la mayoría de los colombianos en el plebiscito al decirle ‘NO’ a la impunidad para las Farc y exigir que se mire con respeto la Constitución.
Es el momento de enderezar el camino e impedir que esta narcoguerrilla siga comprando con dinero manchado de sangre la dignidad de todo un país. Colombia merece y exige respeto.
