¿Y dónde están los niños?


 

Los próceres que hacen parte de la dirigencia de las Farc están asustados, como nunca antes, con la obligación ineludible que tienen de devolver a los miles de menores que infamemente fueron secuestrados del seno de sus familias, para engrosar las filas de la guerrilla. No la tienen fácil estos nuevos caudillos del posconflicto: las únicas sentencias que ha emitido la Corte Penal Internacional en toda su historia hacen referencia al delito de esclavitud, en la modalidad de reclutamiento forzado de menores. Por tratarse de un delito de ejecución sucesiva, hasta que no se devuelva el último menor o no se aclare qué pasó con cada uno de los que murieron en la guerra, la conducta ilegal sigue vigente.

Timochenko y sus camaradas están bien asesorados jurídicamente; en esta columna he reconocido la extraordinaria habilidad de un grupo de abogados que, sin disparar un solo tiro, lograron lo impensable: doblegar al Estado y a la institucionalidad a niveles aberrantes. Esos mismos profesionales del derecho, que hicieron posible que el secretariado de las Farc no pague un solo día de cárcel y llegue a pontificar al hemiciclo del Congreso, les advirtieron a sus clientes que en el tema del reclutamiento de menores está el veneno. Hay sentencias ejemplarizantes de la Corte Penal Internacional que se han proferido con fundamento en un solo caso (Dragoljub Kunarac excoronel serbio 28 años). Imagínense lo que podría pasar con las Farc, que volvieron ese horror una política sistemática.

Lo que ocurre es esto: las Farc están desapareciendo a los menores para no responder ante la justicia internacional (sin cuerpos no hay delito). ‘Timo’ y sus muchachos saben que en Colombia nada les pasará, pero cruzando el charco la cosa es a otro precio. Ante semejante abominación, el Gobierno engaña, la prensa encubre, y el pueblo calla.

La ñapa I: Los medios de comunicación oficialistas y “enmermelados” han magnificado de forma grotesca y descarada el asunto de la supuesta financiación del estratega político de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, por parte de la cuestionada constructora brasilera Odebrecht, con el único propósito de lanzar una cortina de humo sobre los graves hechos de corrupción, en los que están implicados funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno. El tema debe investigarse, no hay duda: un candidato presidencial tiene la obligación de dar la cara y asumir las responsabilidades políticas y jurídicas a que haya lugar, pero no es menos cierto que, en el peor de los casos, se trata de un negocio entre particulares (no hay plata pública perdida). El doble rasero, por citar solo un ejemplo, para exculpar a “Gini y Ceci”, frente a serias y documentadas denuncias que involucran –ahí sí– cifras billonarias del Estado, al tiempo que condenan a Zuluaga sin fórmula de juicio, da asco. Por ello cada vez más lo medios tradicionales pierden audiencia.

Por Abelardo De La Espriella

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