Bahamas Leaks, el escándalo de otro paraíso tributario


 

La Otra Cara recoje textualmente esta publicación, producto de una larga investigación del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el que descubrió los Panama Papers, y la ONG CONNECTAS para Latinoamérica y lo difunde para sus lectores por ser un tema de interés para la ciudadanía colombiana.


El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación accedió a un nuevo paquete 
de documentos sobre paraísos fiscales, esta vez del registro de compañías de Bahamas.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación accedió a un nuevo paquete de documentos sobre paraísos fiscales, esta vez del registro de compañías de Bahamas. Se trata de 175.000 empresas creadas entre 1990 y 2016, lo que incluye, por ejemplo, aquellas vinculadas a Augusto Pinochet y que se conocieron en el marco del caso Riggs. Los datos de las firmas bahameñas fueron incorporados al buscador de Offshore Leaks, que contiene la información de Panama Papers y de otras filtraciones que han dado origen a una enorme base de datos de acceso público.

Este texto fue elaborado por Will Fitzgibbon y Emilia Díaz-Struck del Centro Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y republicado gracias a un acuerdo de redifusión con CONECTAS

Para leer la versión original en Inglés de ICIJ haga clic AQUÍ

Durante años, Neelie Kroes viajó por Europa como una de las funcionarias de alto rango del continente, advirtiendo a grandes corporaciones de que no podían “huír” de las reglas de la Unión Europea. La política holandesa simpatizaba con los ciudadanos promedio que sentían que se les había endilgado la responsabilidad del pago de las cuentas mientras que “los infractores se alimentaban de las ganancias”.

Como comisionada de la Unión Europea para política de competencia desde el 2004 hasta el 2010, fue una de las encargadas corporativas más importantes de Europa y estuvo cinco veces en la lista anual de “Las 100 mujeres más poderosas del mundo” que hace la revistaForbes.

Lo que Kroes nunca le dijo al público –y no le dijo a la Comisión Europea en sus declaraciones obligatorias– fue que había sido nombrada como directora de una empresa offshore en las Bahamas, el paraíso fiscal del Caribe cuyo secretismo y estructuras fiscales han atraído tanto a empresas multinacionales como a criminales.

Kroes fungió como directora de aquella sociedad entre 2000 y 2009, de acuerdo con documentos revisados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés).

Neelie Kroes fue comisionada de la Unión Europea para política de competencia desde 2004 hasta 2010. Foto tomada de la cuenta Flickr de Sebastiaan ter Burg

Kroes, a pesar de ser abogada, dijo a ICIJ y medios asociados que no declaró su cargo de directora de la empresa porque nunca estuvo operativa. El abogado de Kroes culpó de la aparición de su nombre en los registros a “un error administrativo que no fue corregido hasta 2009”. El abogado afirmó que la compañía, creada a través de un hombre de negocios jordano y amigo de Kroes, se había establecido para investigar la posibilidad de recaudar fondos para comprar acciones del gigante de la energía estadounidense Enron Corp. por más de US$6 mil millones. La transacción nunca se llevó a cabo y posteriormente Enron colapsó, en medio de un enorme escándalo contable.

Detalles sobre el vínculo de Kroes con esa empresa offshore están entre las revelaciones encontradas de los nuevos documentos recibidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el ICIJ, que revela los detalles detrás de las empresas que se incorporan en las Bahamas. El paquete de 1.3 millones de documentos del registro entrega nombres de directores y de algunos dueños de más de 175.000 empresas, fideicomisos y fundaciones registradas entre 1990 y principios del 2016 en Bahamas.

ICIJ, el Süddeutsche Zeitung y otros medios de comunicación están poniendo esta información al alcance del público. Esto crea, por primera vez, un registro gratuito, digital y público de empresas offshore constituidas en las Bahamas. Esta información ha sido combinada con los datos de los Panama Papers y otros documentos obtenidos con anterioridad para engrosar una de las bases de datos públicas sobre entidades offshore más grandes de la historia.

Esta nueva información revela vínculos hasta ahora desconocidos o poco reportados sobre empresas dirigidas o que son propiedad de políticos o ex políticos de América, África, Europa, Asia y el Medio Oriente.

En la capital de Bahamas, Nassau, los documentos sobre las compañías pueden consultarse personalmente. Un registro online, en teoría, tiene el mismo fin. Sin embargo, ese registro alimentado por el gobierno de Bahamas está a menudo incompleto. Adicionalmente, encontrar un solo documento de una compañía costaría al menos US$10, lo que entra en conflicto con la recomendación de la asociación internacional de registros corporativos, que desaprueba el cobrar por las búsquedas.

Los nuevos datos que se dan a conocer incluyen los elementos básicos de las empresasoffshore: el nombre de una empresa, la fecha de su creación, la dirección postal en las Bahamas y, en algunos casos, sus directores. A un nivel básico, esta información es crucial para el comercio día a día. En otros casos, policía, detectives e investigadores de fraudes usan registros como puntos de partida para rastrear un delito.

“Los registros corporativos son increíblemente importantes”, dijo Debra LaPrevotte, una ex agente del FBI cuyo trabajo incluía seguir la huella de billones de dólares en coimas y actos de corrupción escondidos en paraísos fiscales por políticos de Ucrania, Nigeria y Bangladesh. “Las compañías offshore son usadas a menudo para facilitar el lavado de dinero y, frecuentemente, son utilizadas solo para abrir cuentas bancarias, por lo que los documentos de los registros corporativos, que pueden servir para identificar a los dueños finales, son parte de la evidencia”.

Nuevas perspectivas

A diferencia de los Panama Papers, que incluían 11,5 millones de archivos, correos electrónicos con información detallada, contratos, grabaciones de audio y algunos documentos de un despacho de abogados (Mossack Fonseca), la información contenida en los nuevos documentos es más simple –aunque no menos fundamental– en su contenido. Los nuevos datos no aclaran, por ejemplo, si los directores nombrados en conexión con la firma de Bahamas realmente controlan la empresa o si actúan como nominados, empleados a sueldo que sirven como la cara de una empresa pero que no están involucrados en sus operaciones.

En conjunto con los Panama Papers, los documentos de Bahamas entregan nuevas perspectivas de las relaciones offshore de políticos, criminales y ejecutivos, así como de los banqueros y los abogados que ayudan a mover el dinero.

Los nuevos documentos filtrados incluyen los nombres de 539 agentes registrados, que son los intermediarios corporativos entre autoridades de Bahamas y clientes que desean crear empresas offshore. Entre ellos está Mossack Fonseca, el bufete de abogados cuyos documentos filtrados formaron la base de los Panama Papers. La firma estableció 15.915 entidades en Bahamas, convirtiendo a esa isla en su tercera jurisdicción más ocupada. En un momento, las empresas de Bahamas estaban entre las más vendidas por Mossack Fonseca.

Los Panama Papers muestran cómo Mossack Fonseca ayudó a clientes a usar la discreción bahameña para mantener sus nombres fuera de archivos públicos y cómo el despacho jurídico socavó el impulso global hacia la transparencia fiscal.

 

Más allá de Mosack Fonseca y los Panama Papers, los archivos de Bahamas revelan detalles sobre las actividades offshore de primeros ministros, ministros de gabinete, príncipes y delincuentes convictos. En general no es ilegal tener o dirigir una empresa offshore, y en muchos casos existen razones legítimas por las cuales establecer una estructura de esta naturaleza. Pero expertos en transparencia afirman que es importante que los funcionarios públicos den a conocer sus vínculos con estas entidades.

En el caso de Kroes, la ex comisionada europea, los registros muestran que fue directora entre julio de 2000 y octubre de 2009 de Mint Holdings Lts. La compañía fue registrada en Bahamas en abril de 2000 y sigue activa.

En respuesta a las consultas de ICIJ, The Guardian y los diario holandeses Trouw y Het Financieele Dagblad, Kroes reconoció que no transparentó su conexión con la compañía en sus declaraciones de intereses financieros cuando compitió como comisionada en 2004 o en posteriores declaraciones cuando siguió ejerciendo como una alta funcionaria de la UE, hasta noviembre de 2014.

La normativa de la UE establece que los comisionados deben declarar todos sus intereses económicos de los 10 años anteriores, incluyendo la dirección, supervisión o asesorías a compañías con actividades comerciales y económicas.

Kroes rechaza cualquier crítica a sus actividades privadas. Su abogado dijo que negaba que “alguna vez haya tenido lazos conflictivos con el sector privado”. Sus declaraciones de intereses fueron “hechas de buena fe”, asumiendo que como ya no era directora de la compañía no era necesario incluirla.

La Suiza del Oeste

Las Bahamas son una constelación de 700 islas, muchas con extensiones menores a una milla cuadrada. Es una de las micro naciones al sur de Estados Unidos cuyas leyes de confidencialidad y reticencia a compartir información con gobiernos extranjeros, le han dado el nombre de “cortina del Caribe”.

Durante casi un siglo, las Bahamas han estado en el radar de funcionarios fiscales de todo el mundo.

En la década de 1930, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) investigaba a los estadounidenses que evadían impuestos en Suiza y en las Bahamas, que se vendían a sí mismas como “la Suiza del Oeste”. La atención se intensificó en 1960 cuando investigadores estadounidenses notaron un alza en el uso de las Bahamas por el crimen organizado. Los activos bancarios en las Bahamas, mientras tanto, aumentaron ocho veces entre 1973 y 1979. Para el final de la década de 1970, un estudio reportó que “el flujo de dinero criminal y de evasión fiscal” que entraba a las Bahamas era de US$20 mil millones al año.

La nación del Caribe no era fácil de penetrar

Para asomarse detrás de la cortina, un proyecto gubernamental clandestino llamado “Operación Tradewinds” usó agentes del IRS, quienes pagaron a un informante para que entrara a la pieza de un banquero de las Bahamas durante su visita a Miami y robara su maletín. En un restaurante cercano, otro agente distrajo al banquero con “entretenimiento femenino”.

El maletín escondía una mina de oro de información de un banco bahameño sobre 308 tenedores de cuentas corrientes estadounidenses, incluyendo jefes de la mafia, celebridades y grandes empresarios.

A pesar de que la operación llevó a procesos penales y hasta US$100 millones en sanciones tributarias, fue desechada en 1975 tras protestas en el Congreso por el uso de informantes. Después, una corte de Estados Unidos declaró el registro del maletín como “flagrantemente ilegal”.

En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), el foro más importante del mundo en materia de políticas tributarias, colocó a las Bahamas en una lista negra de países que ejercen la evasión fiscal. Después de que las Bahamas introdujeron nueve nuevas leyes en forma intempestiva, la OECD la quitó de la lista en el 2001. Sin embargo, en 2009, la OECD colocó a las Bahamas en una “lista gris”, una categoría menos severa que sin embargo significa no conformidad con estándares internacionales.

Las Bahamas son centrales en las investigaciones estadounidenses de evasión fiscal. Walter C. Anderson, un ejecutivo de telecomunicaciones de Washington D.C., quien disfrazó sus empresas en las Islas Vírgenes Británicas y en las Bahamas, fue enviado a prisión en 2007 por evadir más de US$200 millones en impuestos. En el 2007, el millonario empresario de bienes raíces, Igor Olenicoff se declaró culpable del delito federal de desvío de impuestos y de transferir US$196 millones a las Bahamas. Olenicoff, quien presidía dos empresas bahameñas con cuentas de banco en las islas, informó a Forbes este año que su bufete jurídico offshoreestaba en las Bahamas.

Las Bahamas emergió como factor común en la investigación del Departamento de Justicia estadounidense sobre el gigante suizo de la banca UBS. Entre 2009 y 2014, la agencia tomó medidas criminales contra ciudadanos estadounidenses y residentes con tratos offshore en las Bahamas, incluyendo un consultor de California, un ejecutivo acerero de Illinois, un consultor de petróleo de Texas, un desarrollador de hoteles de Florida y un granjero de Nuevo México.

En muchos casos, investigadores estadounidenses luchaban por saber por dónde empezar. La ley de Bahamas requiere que los nombres de los directores, quienes tienen completo poder sobre las empresas offshore, estén archivados en el registro nacional. Sin embargo, los nombres no siempre están disponibles en línea y no pueden ser buscados individualmente o sin el conocimiento previo del nombre de la empresa a la que pertenecen. Eso dificulta la tarea de buscar vínculos entre un funcionario público o un ejecutivo de una corporación y las empresas basadas en las Bahamas.

En los nuevos documentos, por ejemplo, Exxon Azerbaijan Caspian Sea Limited, el gigante de energía en la nación represiva pero rica en petróleo, por ejemplo, no lista ningún director en el registro de las Bahamas. Sin embargo, hay 19 directores listados en los documentos analizados por ICIJ. Del mismo modo, la compañía bahameña Equatorial Guinea LNG Holdings Limited no muestra directores en el registro de Bahamas pero en los archivos vistos por ICIJ, aparecen seis ciudadanos conocidos de Guinea Ecuatoriana, incluyendo al hermano de la Primera Dama y cuatro actuales y anteriores ministros de Energía.

Panorámica de Bahamas, denominada “Cortina del Caribe” por sus políticas de confidencialidad, tomada de la cuenta Flickr de Tobias Wrzal

Hoy en día, Bahamas, que está a una hora en avión de Miami, se proclama más limpia que nunca. Pero las dudas persisten.

En 2014, el más reciente reporte de los sistemas anti-lavado de dinero de la OECD reprobó al país en la mitad de las medidas básicas que se usan para juzgar el cumplimiento con estándares internacionales. Estas incluían que no existieran requisitos para que los bancos o las instituciones financieras supieran la verdadera identidad de una compañía o el dueño de un fideicomiso. A pesar de que actualmente la OECD ya considera que Bahamas cumple, en junio de 2015 la Unión Europea la incluyó en la lista de refugios fiscales no colaboradores.

Las autoridades de Bahamas dijeron al ICIJ que el país honra sus obligaciones internacionales y de cooperación con autoridades internacionales. Las Bahamas “no toleran dinero sucio”, dijeron, señalando que tienen muchas áreas que han sido calificadas como acordes con las normas internacionales.

Las autoridades no comentaron casos en específico y defendieron el registro corporativo de Bahamas.

En cuanto al intercambio de información tributaria, las autoridades dijeron que: “Bahamas negocia de buena fe con todos los interlocutores adecuados del Foro Mundial para la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales, con sujeción a las normas de seguridad y datos confidenciales internacionales.”

Mandatarios, cleptócratas y yates

Compañías bahameñas, fideicomisos y cuentas bancarias han aparecido en numerosos casos que han involucrado la confiscación de dinero de dictadores y políticos.

El hijo del ex dictador Augusto Pinochet usó una compañía bahameña, Meritor Investments Limited, para transferir US$1.3 millones a su padre. El hijo de Pinochet, Marco Antonio Pinochet Hiriart, calificó las acusaciones como “mentiras” y declaró que no había habido delito.

El mismo Augusto Pinochet, en tanto, era dueño de otra compañía, Ashburton Company Limited, establecida en 1996.

Abba Abacha, el hijo del ex presidente de Nigeria, Sani Abacha, tenía US$350 millones congelados en Luxemburgo y en las Bahamas como parte de una caza de activos de los US$3 mil millones de los que se le despojó a Nigeria durante el reinado de cinco años de su padre.

Empresas bahameñas y cuentas bancarias también han jugado roles clave en conspiraciones sucias que involucran a ex políticos de Grecia, Ucrania, Kuwait y Trinidad y Tobago, así como en sobornos ilegales para el gobierno iraquí de Saddam Hussein, bajo el programa de Naciones Unidas, “Petróleo por Alimentos”.

A las Bahamas también se le vinculó con los tratos de cinco políticos y funcionarios públicos revelados en los Panama Papers.

Uno de ellos es el presidente de Argentina, Mauricio Macri, su padre, Francisco, y su hermano, Mariano, quienes dirigieron Fleg Trading Ltd, establecida en las Bahamas en 1998 y disuelta 11 años después.

Macri no hizo pública su conexión con Fleg Trading en sus declaraciones de patrimonio de 2007 y 2008, cuando era jefe de gobierno de Buenos Aires. Después del despliegue de los Panama Papers, un fiscal argentino buscó información de las autoridades en Panamá y en las Bahamas como parte de la investigación sobre si Macri había “maliciosamente omitido sus vínculos con la empresa”.

El presidente argentino Mauricio Macri no hizo pública su conexión con la compañía Fleg Trading en sus declaraciones de patrimonio de 2007 y 2008, cuando era jefe de gobierno de Buenos Aires. Foto tomada de la cuenta Flickr del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

El vocero de Macri dijo a ICIJ que el presidente argentino no había declarado Fleg Trading Ltd. porque no tenía intereses económicos ni acciones en la compañía.

En las Bahamas también tuvieron lugar las reuniones y se guardaron los documentos de Blairmore Holdings Inc., el fondo de inversión dirigido por Ian Cameron, el padre del ex Primer Ministro Britránico David Cameron. Ian Cameron murió el 8 de septiembre de 2010. Luego de que se publicaran los Panama Papers, David Cameron se vio obligado a admitir que él se benefició económicamente de ese fondo, el que administró decenas de millones de libras de familias acomodadas. A través de una estructura offshore incorporada en Panamá pero manejada Bahamas, el fondo evitó pagar impuestos en el Reino Unido.

Mossack Fonseca no respondió a la solicitud de ICIJ por una declaración. La firma le había dicho previamente a ICIJ: “Como agentes registrados, nosotros meramente incorporamos empresas, y antes de acordar trabajar con un cliente de cualquier modo, nos conducimos a través de un proceso de diligencia debida en donde cada caso debe cumplir, y muchas veces excede, todas las reglas, regulaciones y estándares locales a los que nosotros y otros estamos atados”.

Felices con el status quo

Mossack Fonseca esgrimió las leyes de confiabilidad de las Bahamas como argumento de venta e hizo eco de la defensa de ese país de la industria offshore de cara a llamados globales a la transparencia.

En 2003, mientras Bahamas se recuperaba de haber estado en una lista negra de países que lavaban dinero, un empleado de Mossack Fonseca se reunió con un cliente para hablar sobre la necesidad de una “agresiva campaña de relaciones públicas (…) para intentar cambiar la mala percepción que la gente tiene de las Bahamas en cuanto a privacidad”. La información “no se intercambia seguido ni extensamente”, se aseguraron mutuamente, de acuerdo con notas internas de los Panama Papers.

En 2009, un empleado de Mossack Fonseca propuso transferir los activos de un cliente estadounidense a un fideicomiso en las Bahamas para asegurar confidencialidad durante un momento de bancarrota.  En 2014, Mossack Fonseca sugirió a un cliente de Nueva Zelanda que usara un banco bahameño para esconder su posesión de una empresa. En 2015, un cliente español usó las Bahamas para albergar medio millón de dólares que no quería declarar en su país. Otro español usó directores in-house de Mossack Fonseca para evitar listar el nombre de su compañía en registros públicos.

Defensores de una reforma fiscal han criticado los paraísos fiscales, incluyendo a las Bahamas, por proclamar transparencia mientras firman acuerdos de intercambio con otros refugios fiscales o con pequeños países que no cederán mucha información útil para gobiernos pobres y ávidos de impuestos. Firmó un acuerdo así en el 2010 con Groenlandia, que tiene una población de 57.000 habitantes. Un empleado de Mossack Fonseca y un cliente suizo “bromearon” durante una junta en 2014 sobre un acuerdo similar entre Groenlandia y otro paraíso fiscal, Suiza, de acuerdo con notas internas de la junta.

Hoy, en material publicitario, las Bahamas promueve una “aproximación única” que presume respetar reglas internacionales al tiempo que protege clientes offshore. Las Bahamas tranquiliza a inversionistas potenciales, asegurando que sólo compartirá información fiscal después de que otros países lo hagan  y que, incluso entonces, sólo con gobiernos selectos que se ajustan a los más estrictos requisitos técnicos de confidencialidad.

De acuerdo con esta aproximación, Bahamas no ha firmado el tratado global que ayuda a los países a compartir información fiscal. La OECD, el cuerpo gobernante del tratado, lo llama “el instrumento más poderoso contra el desvío y la evasión de impuestos en paraísos fiscales”. En agosto, el número de participantes llegó a 103, incluyendo refugios fiscales y algunos de los países más pobres del mundo.

Bahamas argumenta que el costo y el peso administrativo del intercambio automático de datos fiscales es demasiado grande y que la privacidad del cliente podría correr peligro. Bahamas declara que en lugar de esto, honrará las reglas internacionales a través de acuerdos bilaterales o uno a uno.

“Tengo muchas dudas de que las jurisdicciones que buscan mantener la bilateralidad sobre este tema sean serios en cuanto a cumplir con sus compromisos, incluso, bajo acuerdos bilaterales”, dijo Reuven Avi-Yonah, profesor de derecho tributario en la Universidad de Michigan y ex consultor para los Estados Unidos y la OECD.

Sin embargo, Bahamas tiene motivos para estar feliz con el statu quo. En 2016, espera una ganancia de US$17.7 millones por los pagos de compañías offshore.

Recientemente, cuando algunos países se reunieron para forjar un acuerdo sobre intercambio de información entre naciones, los organizadores declararon que pronto la gente que comete fraude fiscal “ya no tendría donde esconderse”. El ministro de finanzas de Bahamas mostró otra cara con los reporteros, afirmando: “Conseguimos todo lo que queríamos”.

*Esta versión en español fue preparada a partir de una traducción de Aristegui Noticias.

Este reportaje contó con la colaboración de Mar Cabra, Rigoberto Carvajal, 
Miguel Fiandor Gutiérrez, Juliette Garside, Gaby de Groot, Michael Hudson, 
Carlos Eduardo Huertas, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, David Pegg, 
Martijn Roessingh y Vanessa Wormer.

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Tomado de CONNECTAS.org

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