Nuestra economía hoy tiene todas las características para destruir empleo. ANIF señaló que el pronóstico para el 2017 cambia para caer a un rango entre el 1.5 % y el 1.8 %. Un resultado más que mediocre. La curva del PIB preocupa: viene con una clara tendencia a la baja.
Más allá de la caída de los precios de nuestros principales productos de exportación, petróleo y carbón, hay serias dificultades en sectores vitales para la generación de empleo. El agro y la industria se encuentran postrados y la minería está creciendo negativamente. Según Fenalco, de 6.3 millones de empleados que había en el sector, se pasó a 5.7 millones en los últimos años.
En esas circunstancias, el mayor acelerador de la economía y de creación de empleo sería la inversión extranjera directa, pero para el primer trimestre de este año tuvo una disminución de 46,5% respecto del anterior.
En síntesis, no hay duda de que la tasa de desempleo se elevará irremediablemente y volverá a dos dígitos, excepto la aparición de una mano mágica en el DANE.
Colombia debe tomar decisiones y ejecutar medidas estructurales para hacer una reingeniería del aparato productivo y permitir las condiciones óptimas que nos permitan crecer mucho más rapidamente, ser un país destino de inversión y generar empleo formal y de calidad.
Una es acabar con la inestabilidad de las reglas jurídicas y fiscales y con el excesivo costo regulatorio. Colombia está entre los siete países donde se paga más impuesto de renta, según Justicia Tributaria, las empresas tienen una tarifa de renta cuasi confiscatoria y en cualquier caso muy poco competitiva, hay una gran inestabilidad tributaria para la inversión y se han hecho dos reformas fiscales en tres años y, lo que no se le dice a la ciudadanía, se pronostica la necesidad de otra más en el corto plazo. Además, los empresarios y emprendedores están sometidos a un exceso de trámites y enredadísimas regulaciones que encarecen los costos y abren las puertas a la corrupción. Tenemos que lograr que el estado trabaje para el ciudadano y no que el ciudadano sea esclavo del burócrata.
Por otro lado, es necesario eliminar las causas que dan lugar a la informalidad laboral. Solo 7.8 de los 22 millones de trabajadores ocupados está vinculado al sistema de seguridad social, lo que supone que la informalidad laboral llega cerca al 65%. La elevada informalidad de Colombia es raíz de graves problemas económicos: genera empleos de baja calidad y actúa como competencia desleal, contribuye al bajo número de contribuyentes directos, profundiza la pésima distribución del ingreso y la baja cobertura de la seguridad social contributiva. No es tema menor que la pobreza en Colombia se concentre en los informales, las mujeres y la población rural.
Tampoco nos va bien con la articulación entre las agencias del Estado y aun menos de ellas con el sector privado. Concertación debería ser una palabra clave en la relación entre gobierno y sector privado. Y para ello son fundamentales los gremios que deberían ser aliados y articuladores en la construcción e implementación de verdaderas políticas y planes de desarrollo sectorial. Los gremios no pueden ser tratados como enemigos por expresar posiciones distintas a las del Gobierno.
Por otro lado, hay que proteger y preservar el sindicalismo democrático y propositivo, amenazado por el fortalecimiento de las corrientes de izquierda radical y armada, enemigas de la propiedad privada y destructivas de la empresa y el emprendimiento. Hay que proteger el contrato sindical y fomentar que los sindicatos puedan apoyar la gestión empresarial y la generación de empleo formal. Hay que combatir la tercerización irregular, brindar garantías al empleador pero también al trabajador, y asegurar que trabajo realizado sea trabajo pagado. Fomentar incentivos de participación en utilidades con base en aumentos de productividad sería un instrumento de fortalecimiento empresarial y de generación de empleo muy útil.
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