Primero, se hizo una adición presupuestal al contrato inicial por $12.000 millones sin el cumplimiento de los requisitos legales. Ese contrato favoreció a la cuestionada Marketmedios de Roberto Prieto. Además, la Fiscalía estableció en el caso un peculado por apropiación en favor de terceros por $6.500 millones. Araminta Beltrán, directora Administrativa y Financiera de la Cancillería, resultó involucrada.
Debido a un envio de copias que hizo la Procuraduría General de la Nación, en abril del 2017, en las que fueron relacionados 66 contratos suscritos entre Marketmedios-otros y entidades del Estado, un fiscal de conocimiento determinó que existe mérito para investigar contratos suscritos con: Ministerio de Relaciones Exteriores, Findeter, Fondo Nacional del Ahorro y Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Fiscalía General de la Nación radicó imputación de cargos contra dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y un particular, por presuntas irregularidades en la contratación de la organización de la VI Cumbre de Las Américas que se cumplió en la ciudad de Cartagena entre el 9 y 15 de abril de 2012. Así lo dejó registrado el Ente Investigador en este Boletín de Prensa sobre el Plan Anticorrupión Bolsillo de Cristal.
La Fiscalía encontró que el 29 de noviembre de 2011, fue suscrito un contrato por $43.500 millones con la Unión temporal Cumbre de Las Américas para cumplir con las actividades logísticas y operativas para el desarrollo del certamen diplomático.
La Unión Temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012, a la que fue otorgado el contrato, estaba conformada por las empresas Aviatur, Gema Tours, Contacto SAS, Marketmedios Comunicaciones S.A (del cuestionado Roberto Prieto) y Creativa Producciones. Cada uno de los integrantes del consorcio tenía una participación accionaria del 20%.
Cuatro meses después, el 30 de marzo de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó una adición presupuestal por $12.000 millones. A juicio de la Fiscalía, esta destinación configuraba un negocio nuevo y requería un proceso de comparación de ofertas, de tal manera que habría una violación grave a los principios de planeación, economía y eficiencia, y selección objetiva.
Además, la Fiscalia investiga si el 50% de la suma adicionada fue usado para un doble pago de servicios de salud, imprevistos y gastos generales, actividades que estaban cubiertas por el contrato original. Los restantes $6.000 millones fueron destinados para la producción y transmisión de televisión.
La Fiscalía encontró que antes de la licitación, el canal público RTVC ofreció a la Cancillería colombiana los servicios de televisión por $4.490 millones; sin embargo, por este concepto fueron pagados $7.088 millones a La Unión Temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012, valor que salió indirectamente de la adición presupuestal. Es decir, habría un sobrecosto de $2.500 millones, respecto del ofrecimiento de RTVC.
Adicionalmente, se determinó que tal como lo estableció una auditoría de la Contraloría General de la República, los funcionarios de la Cancillería vinculados al proceso, presuntamente pagaron sin soporte alguno más de $4.000 millones, cifra que incrementaría el supuesto peculado a $6.500 millones. Recordemos que el delito de peculado es cuando alguien se apropia o se roba los recursos del Estado.
Los indiciados por la Fiscalía son:
1. Araminta Beltrán Urrego, directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores para la fecha de los hechos investigados. Será imputada por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía.
2. Alexánder Potdevin Gutiérrez, funcionario coordinador de privilegios e inmunidades de la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y supervisor del contrato. La Fiscalía le imputará cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
3. Antonio Porras Gutiérrez, representante legal del consorcio Unión Temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012. Será imputado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
El fiscal de conocimiento compulsó copias de esta actuación a la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que asuma la investigación contra María Margarita Salas Mejía, entonces Secretaria General de la Cancillería, quien cuenta con fuero constitucional, pues actualmente se desempeña como jefe de la misión consular de la Embajada de Colombia en Madrid, España.
Las audiencias de imputación de cargos fueron programadas por el centro de servicios del Complejo Judicial de Paloquemao, para el 20 de febrero de 2018, en la ciudad de Bogotá.
