Según la Contraloría, se malversaron unos 2.400 millones de dólares del patrimonio público. El principal implicado es Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, expresidente de Ecopetrol. Los involucrados deberían responder de su bolsillo por esos recursos.
La Contraloría General de la República nunca había abierto un juicio de responsabilidad fiscal tan escandaloso como el de caso de la Refinería de Cartagena (Reficar).
La entidad de control ratificó que Reficar es el detrimento patrimonial más grande en toda la historia de Colombia al sumar US$2.400 millones, que debían invertirse en la remodelación de la citada Refinería de Cartagena.
Este desfalco, según mismos investigadores de la Contraloría equivale a 4 veces el fallo por el caso de corrupción de Saludcoop.
La Contraloría le imputó cargos por responsabilidad fiscal en este caso a Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, expresidente de Ecopetrol; Pedro Alonso Rosales Navarro, ex vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol; Diana Calixto, exjefe de la Unidad Corporativa de Filiales de Ecopetrol; Hernando José Gómez, miembro independiente como exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP); Henry Medina González; Uriel Salazar Duque; Natalia Gutiérrez Jaramillo; Astrid Martínez; y Carlos Gustavo Arrieta.
La entidad también imputó cargos de responsabilidad fiscal solidaria a Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reinos Yanes, expresidentes de Reficar; Magda Manosalva, exvicepresidente Administrativa y Financiera de Reficar; Carlos Bustillo Lacayo y Andrés Virgilio Riera Burelli, exvicepresidentes de proyecto de Reficar, y a César Luis Barco García, director Corporativo de Proyectos de Ecopetrol. Los seis habrían contribuido “a la pérdida de las inversiones” de acuerdo con las pesquisas de la Contraloría.
La organismo de control sostuvo que las imputaciones se dan tras corroborar que “se vulneró la promesa de valor de las inversiones del proyecto al pagarse mayores costos por mano de obra y subcontratos, que ponen en jaque la recuperación del dinero invertido con la rentabilidad esperada por la Nación como accionista mayoritario”.
La modernización de la Refinería de Cartagena, en un principio, tenía un valor estimado de US$3.777 millones que se multiplicaron hasta alcanzar los US$8.326 millones, lo que representa un sobrecosto de US$4.500 millones de los cuales la Contraloría advirtió que por lo menos US$3.500 millones “se habrían destinado a financiar mano de obra adicional ocasionada por la baja productividad que fue persistente a lo largo de toda la ejecución del proyecto y sobre lo cual no se tomaron acciones preventivas ni correctivas, oportunas y efectivas”.
La anomalía en la compra de la póliza
La Contraloría encontró irregularidades como la compra de una póliza de US$1 millón para asegurar que se cumpliera el contrato con CB&I, el grupo de empresas que estaba a cargo de realizar la obra, y también se firmaron los acuerdos MOA y PIP en 2014 “para pagarle a CB&I las facturas sin restricciones ni controles. Por medidas como esta se reembolsaron a CB&I costos no razonables por baja productividad, demoras y re-trabajos por defectos en diseños e ingeniería detallada, y sobrecostos en materiales de construcción”, explicó la entidad.
